Vivienda digna y desconectar del jefe: dos derechos que exige el Parlamento Europeo

Pancarta contra los desahucios.

Derecho a una vivienda digna y derecho a desconectar del trabajo. Son dos exigencias expresadas por el Parlamento Europeo. ¿Y qué es una vivienda digna, según la resolución aprobada por el pleno de la Eurocámara esta semana en Bruselas? La que incluye acceso a agua potable de calidad, saneamiento e higiene adecuados, así como conexión a las redes de alcantarillado y traída de aguas.

El texto fue aprobado con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones: la izquierda, los verdes y parte de los liberales votaron a favor, mientras que la derecha y la extrema derecha se dividió entre el voto en contra (Vox y eurodiputados del PP como Isabel Benjumea o Gabriel Mato) y la abstención (el grueso del PP).

¿Y la exigencia de la desconexión del jefe en qué consiste? Según el informe de iniciativa legislativa aprobado (472 votos a favor; 126 en contra, fundamentalmente de la extrema derecha, parte de los liberales y parte de La Izquierda, que se dividió entre el sí, el no y la abstención, y 83 abstenciones), la Comisión Europea debe proponer una ley para garantizar a los trabajadores el derecho a no estar disponibles fuera del horario laboral. También reclaman unos requisitos mínimos para el trabajo a distancia y esclarecer las condiciones laborales y los horarios de trabajo y de descanso.

En relación con la vivienda digna, además, los eurodiputados piden que se introduzcan a escala de la Unión requisitos mínimos obligatorios para unos hogares saludables, incluida la calidad del aire interior. También demandan a la Comisión Europea y los países que den prioridad a la reducción de las emisiones y a la eficiencia energética mediante la renovación de viviendas.

En muchos Estados miembros, recuerda el Parlamento Europeo, "la tasa de personas sin hogar ha aumentado en la última década debido al incremento de los costes de la vivienda y al recorte de los programas sociales y la suspensión de las ayudas". La resolución hace hincapié en que, en la UE, "cada noche, al menos 700.000 personas duermen en la calle o en albergues, el 70% más que hace diez años".

El Parlamento Europeo, así, reitera su petición de establecer un objetivo para toda la UE de acabar con el problema de las personas sin hogar antes de 2030. Los eurodiputados reclaman que se mantengan las medidas excepcionales adoptadas durante la crisis de la COVID-19, como la suspensión de los desahucios y la interrupción de los suministros y la provisión de vivienda temporal.

El texto aprobado insta a los Estados miembros y las autoridades locales y regionales a adoptar disposiciones legales, incluidas normativas de alquiler claras, para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas. Plantea, para ello, impulsar la transparencia de los alquileres, apoyar a las organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos y establecer procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo.

Una vivienda es considerada asequible cuando la persona o familia cuenta con presupuesto suficiente para atender otros gastos esenciales, pero los eurodiputados advierten de que más del 25% de los inquilinos europeos en el mercado libre dedican a la vivienda por encima del 40% de la renta del hogar.

El Parlamento pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que protejan mejor a los deudores hipotecarios contra los desahucios, que deben evitarse, también tras procesos de renovación. La resolución alerta, por último, de que la explosión del alquiler vacacional está retirando viviendas del mercado y propiciando un aumento de los precios, con consecuencias para la habitabilidad de los centros urbanos y turísticos.

"80 millones de europeos carecen de viviendas asequibles. Cada día, aumenta el número de personas que luchan por pagar el alquiler o las facturas de energía para calentar sus hogares. Cada vez más, los grupos de ingresos medios se ven afectados por una crisis de vivienda que ha empeorado gravemente durante la crisis de Covid-19", afirmaba la eurodiputada socialista Estrella Durá en el pleno.

"La vivienda es un derecho", celebraba el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la resolución del Parlamento Europeo: "Es una magnífica noticia que da un enorme impulso a la negociación y al trabajo que estamos haciendo en el Gobierno para cumplir el mandato del acuerdo".

Derecho a desconectar

En el informe de iniciativa legislativa que pide una ley para garantizar a los trabajadores el derecho a desconectarse fuera del horario laboral, los eurodiputados consideran que el mayor uso de herramientas digitales en el trabajo ha generado una cultura de estar "siempre online", que repercute "negativamente en la conciliación de la vida familiar y profesional de los empleados".

"Trabajar desde casa ha sido fundamental para proteger el empleo y los negocios durante la crisis de la COVID-19", reconoce el Parlamento Europeo, "pero la combinación de largas jornadas de trabajo y mayores exigencias se ha traducido en un aumento de los cuadros de ansiedad, depresión y agotamiento y de otros problemas de salud mental y física".

El Parlamento Europeo, así, entiende el derecho a la desconexión como un "derecho fundamental, que permite a la persona dejar de gestionar tareas relacionadas con el trabajo (como llamadas telefónicas, correos electrónicos u otras comunicaciones digitales) fuera de su horario laboral".

Esto incluye las vacaciones y otros tipos de permiso. Los Estados miembros, según la Eurocámara, han de adoptar todas las medidas necesarias para que los trabajadores puedan ejercer este derecho, también mediante su inclusión en los convenios colectivos entre los agentes sociales. Y, así, "garantizar que ningún trabajador sea discriminado, criticado, despedido u objeto de represalias de ningún tipo ejercerlo".

Tras la votación, el ponente de la iniciativa, Alex Agius Saliba (S&D, Malta), afirmaba: "No podemos abandonar a millones de trabajadores europeos que están agotados por la presión de estar siempre disponibles y por las largas jornadas laborales. Es el momento de colocarnos de su lado y darles lo que merecen: el derecho a desconectar. Es esencial para nuestra salud mental y física. Es hora de adaptar los derechos de los trabajadores a la nueva realidad de la era digital".

Desde el estallido de la pandemia de la COVID-19, el trabajo desde casa ha aumentado casi un 30 %, según datos de la Eurocámara, que destaca que "quienes trabajan desde casa de forma habitual tienen más del doble de probabilidades de exceder el máximo de 48 horas de trabajo semanales que quienes trabajan en las instalaciones de su empleador, según Eurofound". Casi el 30 % de las personas que trabajan desde casa declaran trabajar fuera de su horario laboral todos los días o varias veces por semana, algo que sucede en menos del 5% de los casos de quienes trabajan en la oficina.

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22 de enero de 2021 - 22:05 h

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