De la votación del decreto de la estiba puede salir una huelga o una multa

Ha llegado la hora de la verdad en el conflicto de los estibadores. Se aclarará el camino a seguir en la pelea de unos trabajadores que luchan por mantener sus puestos y unas condiciones laborales que algunos tachan de privilegiadas y el Gobierno, que mantiene que es Europa la que obliga a acabar con la situación monopolística del sector. Del resultado de la sesión en el Congreso, que comienza este jueves con la intervención a las 9:00 horas del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, saldrán dos posibles escenarios. Ninguno de ellos es fácil. 

En caso de que el Gobierno –en minoría parlamentaria– consiga in extremis los apoyos necesarios para sacar adelante el decreto, es previsible que los estibadores inicien este mismo viernes una huelga cuyo coste se ha calculado en 50 millones de euros diarios. Si no se aprueba, además de ser un golpe histórico para el PP y un inquietante precedente de cara a los Presupuestos, se pondrá en marcha la maquinaria para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita una sentencia condenatoria para España de 134.000 euros diarios, que se sumarían a los 23 millones que ya debe pagar.

La jornada previa a la votación ha tenido tintes inusuales, con la noticia de que la ausencia por viaje oficial de tres diputadas del “no” podría decantar el resultado hacia la aprobación del decreto, y el posterior cambio precipitado de los billetes de vuelta desde Nueva York, donde estaban en representación de la comisión de Igualdad. También el diputado de En Comú-Podem Xavier Domenech ha tenido que pedir el alta voluntaria -estaba de baja por enfermedad- para poder acudir a la votación. Según algunas fuentes, el Gobierno podría haber estado retrasando la convalidación del decreto hasta ahora precisamente porque contaba con estas inasistencias.

Otro giro sorprendente de la víspera de la convalidación ha sido la decisión de De la Serna de acudir personalmente a una reunión técnica entre estibadores y patronal con una propuesta de acuerdo a muerte súbita. Ha ofrecido prejubilaciones a los estibadores mayores de 50 años con un 70% del sueldo, pluses incluidos. Los trabajadores mostraban su “estupefacción” ya que por el carácter técnico de la reunión no estaban convocados sus representantes, que son los legitimados para cerrar acuerdos, sino sus abogados. En un comunicado destacaban que era chocante que se anunciase pocas horas antes la presencia de De la Serna y de representantes de Empleo, ya sin apenas margen de maniobra, después de varias semanas negándose a sentarse a negociar. El acuerdo “in extremis” pretendido por el ministro ha sido imposible.

Según cálculos como los del diputado de Unidos Podemos Sergio Pascual, el decreto puede perder la votación por un resultado de 176 noes (PSOE, UP, ERC, PdeCAT, CC y Bildu) y 174 síes (PP, Cs y PNV). Demasido ajustado como para que no pueda  haber sorpresas de última hora, pero previsiblemente negativo para Mariano Rajoy.

Escenario A: se aprueba el decreto

En caso de que el decreto se convalide (la votación se calcula alrededor de las 12), los estibadores afirman que van a la huelga. En estos momentos hay paros convocados los días 17, 20, 22 y 24 de marzo, en horas impares, sin afectar a los pasajeros de las líneas regulares, según el preaviso, sino a las empresas que se encargan de la manipulación de mercancías o de los servicios comerciales asociados, principalmente las Sagep. Los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Fomento son del 100% en los servicios que afecten a mercancías perecederas o peligrosas, a pasajeros, a situaciones de emergencia y a productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla.

Puertos del Estado, el organismo que coordina los 46 puertos del país, asegura que tiene previsto un plan de contingencia para minimizar los daños de la protesta tanto en suministros como en cuestiones de seguridad. Los estibadores cargan y descargan los contenedores en los que se transportan cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones en España.

Según la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) el coste de la huelga será de 50  millones diarios. Los gigantes del transporte de mercancías por mar ya han empezado a tomar medidas, que incluyen sobrecostes en los servicios que prestan para paliar pérdidas y desvío de buques a otros puertos. Según el Gobierno, hay peligro de que estas medidas se hagan permanentes.

El portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Mar Miguel Rodríguez  deja claro que si se aprueba el decreto habrá huelga desde el día siguiente, y probablemente se ampliará. Seguirían las negociaciones con la patronal Anesco para buscar fórmulas de pactos estatales, aunque en su opinión “sería más complicado conseguir un acuerdo en igualdad de condiciones”, ya que las empresas habrían quedado en posición de superioridad. 

También Anesco seguirá en la mesa de diálogo, toda vez que además se supone que la negociación laboral debía ser independiente del propio decreto, aunque grupos parlamentarios como el PSOE hubieran puesto el acuerdo entre las partes como condición previa para apoyar el decreto.

El último acuerdo al que se llegó en la mesa fue garantizar el empleo, a cambio de una mejora de la productividad de los trabajadores y de que las administraciones públicas faciliten y sufraguen jubilaciones anticipadas y bajas voluntarias. En estos días, algunos medios han hablado de que Empleo estaría dispuesto a aportar 225 millones de euros para prejubilar al 20% de los estibadores (hay 6.156 trabajadores de las Sagep), aunque fuentes del Ministerio lo negaron posteriormente.

Escenario B: se rechaza el decreto

Sería la primera vez desde 1979 que se rechaza -conscientemente. Hubo otro caso en 2006 pero fue por error- un decreto del Gobierno. Constituiría un golpe para el Ejecutivo, quizá en particular para el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Y un peligroso precedente para el juego de mayorías con el que se tienen que aprobar los presupuestos que llegarán al Congreso de los Diputados a finales de este mes. 

Los estibadores, confirma la Coordinadora, desconvocarían la huelga para “normalizar el ambiente y evitar presión sobre la negociación” que, por supuesto, continuaría. Este escenario, para los estibadores “exigiría ponernos a empujar seriamente para que se presente una alternativa consensuada” para la reforma del sector, que también según ellos debe abordarse. En todo caso, consideran que “si no sale el decreto perdemos todos”, y si sale uno consensuado es cuando “todos ganamos”.

La consecuencia más temible de que el decreto no saliera adelante sería la multa de Bruselas: 134.000 euros al día que se añadirían a los 23 millones acumulados. La comisaria de Transporte, Violeta Bulc, viajó a principios de esta semana a Madrid y apoyó al Gobierno en este trance. “La Comisión Europea respalda plenamente el Real Decreto Ley, lo esperamos desde que hace dos años se dictó la primera sentencia en contra de España”, indicó.

La Comisión paralizó el proceso sancionador abierto contra España por incumplir la normativa europea con su régimen de estiba cuando el Gobierno anunció que se disponía a cambiarlo. Para el ejecutivo comunitario, los “puertos españoles están perdiendo competitividad”, no sólo por el régimen de la estiba, sino por la falta de conexiones de estas instalaciones con las redes de transportes, sobre todo ferroviarias.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido pragmático sobre la convalidación: “Si se puede se hace. Si no...qué se le va a hacer”. Es probable que en alguna ocasión alguien se haya preguntado en el Ejecutivo porqué no se aprovechó la legislatura en la que disfrutaban de una cómoda mayoría absoluta para acometer esta reforma.