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EXTREMADURA

Unos 30.000 funcionarios de la región tienen contratos en fraude de ley, según USO

El 17 de octubre se espera fallo europeo sobre la fijeza de esos trabajadores

Se incluirán medidas de conciliación en los pliegos de las subcontratas

Europa Press / Zaragoza

La Federación de Empleados Públicos de USO (FEP-USO) ha denunciado este jueves que alrededor del 30 por ciento de los 90.000 trabajadores públicos de Extremadura, entre 25.000 y 30.000, tienen un contrato en fraude de ley.

El secretario general regional del sindicato, Luis Manuel Gil Maya, ha afirmado que si la Justicia da la razón a los trabajadores sobre la fijeza de los puestos y las administraciones continúan con los procesos de selección, puede darse el caso de tener a dos personas para un mismo puesto y habría que duplicar el presupuesto.

En el congreso de FEP-USO Extremadura, celebrado en la Universidad de Extremadura en Badajoz, Gil Maya ha informado de que esta semana les transmitieron que para el 17 de octubre se espera el pronunciamiento de la abogacía de la Unión Europea sobre la fijeza de los trabajadores con contratos que están en fraude de ley.

Posteriormente, se emitirá la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que esperan que sea favorable como en el resto de Europa, y eso supondrá la regularización de todos estos empleados.

Así, ha instado a las administraciones públicas a que los procesos selectivos en los que estén implicados las plazas que ocupan ese personal en fraude de ley se paralicen, ya que podría ocasionar que esas personas reclamase y sufrieran un despido.

"Y es que si la justicia les da la razón tendrían que ser readmitidas y habría dos personas para un único puesto, algo que afecta tanto a los interinos como indefinidos o personal laboral temporal", ha agregado.

En dinero, ha explicado, se traduciría en "varios cientos de millones de euros" si se produjeran despidos con indemnizaciones porque, según ha calculado, el periodo medio de contratación está entre 10 y 15 años y les correspondería entre 15.000 y 20.000 euros como mínimo a cada uno.

"En muchas administraciones podría suponer su quiebra porque no podrían asumir dicho pago", ha añadido.

Para el secretario general, la sociedad considera que son unos privilegiados pero realmente hay una gran precariedad laboral y sufrieron muchos recortes en la pasada crisis económica como la bajada de sueldos en el 2010, la congelación de sueldos los años posteriores y ahora se recuperan parte de los derechos que les arrebataron.

El secretario general estatal de FEP-USO, Luis Deleito, ha indicado que este congreso, el primero en Extremadura, que se ha llevado a cabo ha servido para constituir la Federación de Empleados Públicos, que engloba a todos estos trabajadores.

 

 

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