Esta semana el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictaminado que Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale no tuvieron un juicio justo en la Audiencia Nacional. La sentencia destaca la “falta de imparcialidad” de la magistrada Ángela Murillo. El caso Bateragune por el que fueron condenados nunca tuvo sentido. Fueron enviados a prisión por pertenecer a ETA (y ser los ejecutores de sus órdenes dentro de la izquierda abertzale), cuando precisamente ocurría lo contrario: estaban en una pugna interna desoyendo a ETA y a quienes apoyaban la estrategia terrorista, para llevar su movimiento hacia la no violencia.
No es la primera vez que este tribunal ha alertado de las vulneraciones de derechos que ha provocado la lucha antiterrorista en España. Este mismo año, condenó a las autoridades españolas por los malos tratos que sufrieron a manos de la Guardia Civil los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado de la T4 de Barajas. En otra condena a España del año 2016 por no investigar las torturas a Xabier Beortegui, el tribunal -en la línea de otras instancias internacionales- reclamaba la mejora de la calidad de las investigaciones de los médicos forenses que atienden a las personas incomunicadas en comisaría así como la puesta en marcha de un código de conducta para los agentes policiales. Y no son las únicas condenas por el escándalo de las torturas que ha vivido España. Uno de los casos más estremecedores analizados por Estrasburgo fue el del exdirector de Egunkaria, Martxelo Otamendi.
Las autoridades españolas también recibieron un revés a su estrategia de piruetas jurídicas para alargar las condenas de los presos de ETA. El Tribunal de Estrasburgo tumbó en 2013 la 'doctrina Parot'.
España no está entre los países europeos más condenados por este tribunal, pero resulta esclarecedor que los magistrados europeos hayan confirmado que en la lucha contra el terrorismo en España, políticos, jueces y policías se saltaran la ley sin rubor. Es una realidad que muchos todavía no quieren asumir a pesar de todas las evidencias.
Otro tribunal europeo, esta vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, lleva años sacando los colores a España sobre las ejecuciones hipotecarias y el desamparo de los ciudadanos frente a la banca. “La legislación española que regulaba las ejecuciones hipotecarias era incompatible con el derecho comunitario de defensa de los consumidores”, recuerda Andreu Missé sobre la sentencia histórica de 2013 a la que siguieron muchas otras que han desenmascarado el sesgo de la legislación española a favor de la voracidad de los bancos.
En este sentido, otra de las sentencias más sonadas de Luxemburgo fue la que en 2016 obligó a los bancos españoles a devolver a los clientes todo lo que habían cobrado por las 'cláusulas suelo'. El Tribunal Supremo las había anulado tres años antes, pero había 'perdonado' a los bancos la devolución a los clientes de lo que ya habían obtenido irregularmente gracias a esas cláusulas. El Supremo rechazó la retroactividad por el riesgo de causar “trastornos-graves con trascendencia en el orden público económico”. El Tribunal de la Unión Europea le dijo que nones.
Y ahora mismo se está pendiente de la decisión de Luxemburgo sobre los abusos de la banca española por medio de las cláusulas de vencimiento anticipado y el índice IRPH.
Otras reprimendas europeas a España han llegado del tribunal que comprueba que los fondos de la UE se perciben y utilizan correctamente: el Tribunal de Cuentas Europeo. El informe más reciente y uno de los más críticos está relacionado con la red de trenes de alta velocidad de la que tanto presume la política española. Y España ha recibido un varapalo.
“Las líneas ferroviarias de alta velocidad, en Europa y en especial en España, son ”caras“, poco eficaces en sus conexiones, los ”sobrecostes y los retrasos son la norma en lugar de la excepción“ y los trenes registran una falta notable de pasajeros”, resumía el periodista de El Mundo Pablo R. Suanzes tras analizar el informe.
El informe habla de una de las lacras de la política española durante muchos años: la toma de decisiones políticas muy cuestionables al margen de las necesidades reales de la sociedad. “La solución alternativa de modernizar las líneas convencionales existentes podría ahorrar miles de millones de euros”, explican los auditores, pero con eso no se sale en los telediarios. Conclusión: España tiene la segunda red de AVE del mundo pero es la penúltima por número de viajeros. Un desastre. A quienes han criticado estos planes sobredimensionados del AVE en España se les ha acusado de poner puertas al progreso, pero el Tribunal de Cuentas de la UE no es precisamente un nido de rojos.
España se apuntó a Europa tarde. Ingresó en la Unión Europea-entonces Comunidad Económica Europea- en 1986 con el entusiasmo político de salir de los oscuros años del franquismo que habían apartado al país del desarrollo de otras naciones como Francia o Alemania. Pero ese entusiasmo político nunca se tradujo en un aumento de la identidad europea entre los españoles.
Los esfuerzos por hacer germinar un sentimiento europeo en la ciudadanía no han fructificado. No ayudó el atraco para los bolsillos de los ciudadanos que supuso la entrada en el euro. O que los partidos políticos dedicaran las elecciones europeas a mandar dinosaurios de vacaciones a Bruselas. O que se mirara a otro lado durante la crisis de los refugiados. O la gestión de la crisis económica en la que las instituciones europeas impulsaron el recorte de derechos por toda Europa.
Sin embargo, tampoco ha crecido en España ese euroescepticismo que triunfa en otras zonas de Europa. Y, probablemente, no lo ha hecho porque existe cierto consenso en que sin la entrada en la Unión Europea, España no habría conseguido progresar como lo ha hecho en las últimas décadas. Durante años llovieron miles de millones de euros en fondos de cohesión, subvenciones y ayudas de todo tipo. Europa fue a partir de 1986 el Plan Marshall que no tuvo España 40 años antes por culpa de Franco.
Cuando en España se han inaugurado obras financiadas por Europa, las referencias a las instituciones europeas son pasajeras: sale el logo en los carteles, se hace alguna mención, pero las medallas son para los políticos locales. Por supuesto, no acude ningún representante de Europa a hacer proselitismo de su papel imprescindible en esas mejoras. Y tampoco se les echa en falta. Sin embargo, cuando los políticos se encuentran con el problema de tomar decisiones incómodas para la ciudadanía, uno de los ases que han usado siempre que han podido es que están obligados a fastidiar a la gente por culpa de tal o cual directiva europea. Lo bueno, para nosotros. Lo malo, para Europa.
Por lo general, la relación de España con Europa ha sido instrumental. A España lo que le ha interesado de Europa han sido las subvenciones multimillonarias que han regado de bienestar -y también de corrupción- todos los rincones del país. Lo de la tradición europea de los derechos humanos y las sentencias que condenan a España en Europa son una cuestión secundaria, un mal menor: las torturas no han sido perseguidas a pesar de todos las advertencias internacionales, España sigue resistiéndose a tener una legislación hipotecaria decente y el despilfarro del AVE no se ha frenado y sigue adelante.
Sobre este blog
Iker Armentia es periodista. Desde 1998 contando historias en la Cadena Ser. Especializado en mirar bajo las alfombras, destapó el escándalo de las 'preferentes vascas' y ha investigado sobre el fracking. Ha colaborado con El País y realizado reportajes en Bolivia, Argentina y el Sahara, entre otros lugares del mundo. En la actualidad trabaja en los servicios informativos de la Cadena Ser en Euskadi. Es adicto a Twitter. En este blog publica una columna de opinión los sábados.
