Aprendamos de lo ocurrido en Errenteria

Los casos de violencia machista que se han conocido recientemente en Errenteria han dado pie a un intenso debate en torno a la forma en la que se han abordado. Se trata de un debate que debemos afrontar con valentía y sin condicionantes partidistas, porque está estrechamente vinculado a una cuestión prioritaria como es la de la dignidad y la libertad de las mujeres. Sin señalamientos, sin voluntad de generar enfrentamientos políticos, pero sí desde la responsabilidad y la crítica constructiva. Siempre y en todo caso, sobre la base del respeto y el reconocimiento absoluto a las víctimas de esta violencia, ya que la prioridad institucional y social debe estar centrada en el apoyo a sus necesidades y bienestar, en su dignidad y autonomía. También en este caso. Así me gustaría trasladarlo.

Por la información que se ha hecho pública por parte del ayuntamiento estas últimas semanas, los dos casos que han ocupado la atención mediática son distintos entre sí en cuanto a la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, no se nos escapa que la coincidencia en el tiempo, el hecho de que en ambos casos se trata de hombres en posición de poder y referentes en sus ámbitos, y que su gestión haya sido “privada”, han multiplicado su impacto.

Como consecuencia de la preocupación surgida, se han celebrado concentraciones de denuncia bajo el lema “no a la impunidad”. Sin embargo, cuando prevalece la ley del silencio, ocurre justamente lo contrario. Hay impunidad. Y nada de esto es justo. Desde la responsabilidad de quienes hemos asumido la tarea de gobernar para mejorar la vida de nuestra ciudadanía, toca reflexionar muy seriamente si este es el camino para afrontar una realidad, por desgracia, tan cotidiana, como es el de la violencia machista. Debemos hacernos las preguntas correctas, al menos para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares. Aprender de lo que ha sucedido.

Me preocupa muchísimo que, ante hechos similares, pueda prevalecer la falta de transparencia, un diagnóstico no compartido y una gestión “particular” sin mediaciones institucionalizadas que ofrezcan garantías. Eso me lleva a preguntar si ese es el camino que debe emprender la atención pública al maltrato machista. ¿Se ha dejado de proteger a víctimas potenciales? ¿Ha prevalecido el prestigio del colectivo al que pertenecen sobre los derechos de las mujeres? ¿Ha pesado el poder y la referencialidad de los acusados? ¿Dónde queda la garantía de un proceso justo?

En los últimos años, se ha ido tejiendo y fortaleciendo una importante red institucional de apoyo a las víctimas, desde la colaboración entre las instituciones, siempre en diálogo con el movimiento feminista. Aunque existan ámbitos de mejora en los que incidir, los protocolos han ido también incorporando la centralidad de la reparación de las víctimas, en aras de promover una respuesta integral, feminista y comunitaria que reconozca su dignidad, autonomía y participación activa, respondiendo así a una de las necesidades que se venía identificando en las políticas públicas para hacer frente a la violencia machista. Porque, entre todas las instituciones, debemos trabajar para garantizar que las víctimas estén acompañadas y que el proceso contribuya a su reparación.

Lo ocurrido estas últimas semanas evidencia que, mientras que los enfoques puramente asistencialistas y judiciales pueden tener un alcance limitado en ese proceso de reparación, los procesos que obvian el ámbito institucional, asistencial y judicial pueden también generar espacios de impunidad para los agresores. Espacios exentos de garantías. Es este un ámbito en el que todas y todos –las instituciones públicas fundamentalmente– tenemos especial responsabilidad. Porque, además de proteger y de apoyar a las víctimas, es nuestra tarea velar para garantizar la no repetición y el reconocimiento social de las víctimas, frente a la impunidad y la revictimización.

Sin incorporar ese enfoque a los procesos de reparación, tal y como hemos visto en Errenteria y en otros casos, se traslada la posibilidad de articular un sistema paralelo de respuesta ante la violencia machista que evita los protocolos de las instituciones, así como las numerosas vías de atención y de apoyo puestas en marcha en los últimos años. Una tendencia que, a tenor de diversas voces escuchadas en las últimas semanas, se conjuga con la deslegitimación de las vías institucionales existentes y con la defensa de acuerdos de reparación que, se entiende, se activan en función del entorno social del que forme parte el agresor. Posiciones que, además de ser inaceptables desde el punto de vista democrático, no ofrecen garantías –como se ha comprobado– y suponen una ruptura social.

Las instituciones vascas llevan décadas activando y reforzando servicios de atención que buscan, precisamente, apoyar a las víctimas, acompañarlas, evitando la revictimización, tratando de responder de forma coordinada y eficaz, previniendo y tratando de poner freno a la impunidad. Es también deber de las instituciones mostrar el rechazo público y el compromiso firme con la justicia.

En Gipuzkoa, por ejemplo, además de los servicios de asesoramiento jurídico, de atención psicológica y de los recursos de acogida para las víctimas, se ha activado en esta última legislatura el servicio Hariberria, el Servicio Foral de Atención Integral a las Víctimas de agresiones sexuales con espacios de atención en Donostia, en Arrasate y próximamente en Lazkao.

Llevamos años de recorrido de lucha contra la violencia machista. Una lucha en la que, ante tendencias negacionistas y regresoras, debemos seguir trabajando desde la estrecha colaboración entre las instituciones y el movimiento feminista. Llevamos mucho tiempo afirmando que la violencia machista atañe al conjunto de la sociedad. Que toda la sociedad debe implicarse para erradicarla. Trabajemos por lo tanto desde la colaboración, sin generar vías paralelas sino coordinadas, transparentes, que se complementen a la hora de apoyar a las víctimas.

Quiero invitar a todos los agentes implicados a trabajar en esta línea y tiendo la mano al conjunto de fuerzas políticas, asociaciones feministas y responsables institucionales para reflexionar sobre los aprendizajes que nos dejan casos como los de Errenteria. Solamente así podremos avanzar en el objetivo de construir un territorio libre de violencia contra las mujeres. Se trata de un objetivo que nos une y que nos debe seguir uniendo en el futuro. Se lo debemos a todas las víctimas y al conjunto de la sociedad.