Vayamos por partes. Uno. El servicio de estudios del Banco de España tiene, especialmente desde que lo dirigiera Luis Ángel Rojo, un enorme prestigio de calidad e independencia. Dos. Su Informe Anual es un documento de referencia para todos los economistas que se dedican al análisis de la coyuntura económica. Tres. En el análisis de la situación económica tiene obligada cabida el análisis del mercado de trabajo y de otras variables de la economía real. Cuatro, uno esperaría que en un informe del banco central de un país se den respuesta a preguntas que están en la mente del ciudadano y de los economistas: ¿Por qué la política monetaria no está teniendo los efectos esperados sobre la inflación y la economía real? ¿Hay espacio para otro tipo de política económica? ¿Estamos abocados, como vaticinan muchos expertos, a una nueva crisis bancaria? ¿Estamos ante una nueva fase de fusiones y adquisiciones bancarias? ¿Cómo van a afectar a la banca española las nuevas regulaciones de solvencia impulsadas desde instancias internacionales?
Por eso sorprende que al presentar el Informe Anual 2015 el primer mensaje que lanza el Banco de España sobre la economía española sea rebajar la protección de los trabajadores fijos para reducir la temporalidad. Uno esperaría otros mensajes sobre política económica, monetaria y financiera. Pareciera como si nos quisieran desviar la atención sobre los temas relevantes. Ya lo hizo Miguel Ángel Fernández Ordóñez cuando era gobernador del banco. Se estaba cayendo a pedazos el sistema financiero y él solo hablaba de los problemas del mercado de trabajo.
Pero los recientemente presentados Informe Anual 2015 e Informe de Estabilidad Financiera (Mayo 2016) ofrecen reflexiones muy interesantes. Veamos algunas.
1.- El Banco de España argumenta que la devaluación interna que ha sufrido el país ha propiciado una mejora de las exportaciones y de la capacidad competitiva de la economía española. Sostiene además que este proceso de ajuste competitivo todavía no ha terminado. Pero se olvida de comentar que la devaluación interna no va a tener efectos duraderos si no va acompañada de una transformación radical del sistema productivo. Reducir los costes laborales unitarios nos dará ventajas pero estas serán pasajeras si no cambiamos nuestra especialización productiva, muy amenazada por los efectos de la globalización tecnológica y la competencia de los países emergentes. Y esto lleva tiempo y otro tipo de políticas económicas. Aquí habría cabida para reflexionar sobre el papel de una política industrial de nuevo cuño; o, si el término no es amigable, sobre la transformación productiva de la economía.
Nuestros costes salariales han bajado como consecuencia de los ajustes en el mercado de trabajo. En primer lugar, porque los trabajadores que entran en el mercado de trabajo aceptan rebajas salariales para conseguir un puesto de trabajo; luego, también las aceptan aquellos que tienen trabajo y quieren defenderlo. Por su parte, es cierto que la productividad ha mejorado como resultado de reducción del empleo. Pero como también dice el Banco de España, todavía se encuentra muy alejada de la de los países más avanzados de nuestro entorno, y para converger a los niveles de productividad de las estas economías se requiere revisar la regulación de ciertos sectores, fomentar el capital humano y tecnológico, mejorar la calidad institucional y reducir las barreras al dinamismo empresarial.
2.- El BCE ha puesto en marcha políticas monetarias expansivas en 2015 y 2016. Eran necesarias. La economía española nunca podrá dejar de agradecer suficientemente el golpe en la mesa que dio Mario Draghi en julio de 2012. Pero pasado ese impacto parece conveniente preguntarse por los efectos de la política monetaria expansiva. Y no parecen contundentes. El propio Banco de España así lo reconoce cuando considera que el efecto positivo de este tipo de programas sobre la actividad y los precios se ha traducido en una recuperación muy moderada, con tasas de inflación alejadas todavía de los objetivos a medio plazo (2%) y con tipos de interés reales que no facilitan el despegue ni de la inversión, ni del consumo. Parece, diríamos nosotros, que la política monetaria debe acompañarse con otro tipo de políticas fiscales y de oferta.
3.- Respecto a la regulación del mercado de trabajo. Quizás porque quienes escribimos este artículo tenemos una larga relación con el País Vasco, donde el peso de la empresa familiar es muy importante y el arraigo de la empresa industrial con el territorio es muy fuerte, nos sorprende el empecinamiento por llamar permanentemente a una mayor desregulación laboral como piedra angular de cualquier política económica. Sin idealizar la realidad vasca, criticable en muchos aspectos, nos parece que allí las preocupaciones de los empresarios son, en gran parte, de otra índole. Pocos serían allí los empresarios que hubieran declarado que “sólo se puede salir de la crisis trabajando más y ganando menos”. Tampoco creemos que ninguno estaría de acuerdo con la afirmación categórica de que “el trabajo fijo y seguro es un concepto del siglo XIX”. Lo que sí son propios del siglo XIX son esas fotos de empresarios lobistas impenitentes, detrás de los vericuetos del BOE y de la concesión administrativa, donde la presencia de las mujeres empresarias y de la mediana empresa son testimoniales.
Los empresarios del sector de la máquina herramienta, automoción o aeronáutica, por poner solo unos ejemplos, están más interesados en incorporar innovaciones para ser competitivos, buscar formas de abrir nuevos mercados exteriores o, ¡atención por favor!, mantener el capital humano y talento que tanto ha costado formar, que en lograr más desregulación del mercado de trabajo. Compartimos la preocupación del Banco de España sobre la necesidad de mejorar la capacitación de los empresarios y de los trabajadores porque estamos seguros que es una exigencia para mejorar nuestra competitividad. Añadiríamos que tienen que hacer un esfuerzo para incrementar el tamaño de nuestras empresas, aún muy pequeñas –tanto en términos medios como si comparamos a cada una de ellas individualmente con sus competidores globales- para superar un defecto, qué diríamos antropológico, del empresario español a abrirse a nuevo capital, aceptar fondos de capital-inversión, iniciar procesos de fusiones y adquisiciones, o simplemente establecer alianzas con otras empresas. Incrementar el tamaño de las empresas españolas es posible con políticas financieras, fiscales y administrativas, solo requiere iniciativa, voluntad política y abandonar el paternalismo.
En resumen, no creemos que las prioridades actuales de nuestra política económica se encuentren fundamentalmente en nuevas reformas del mercado de trabajo. La política fiscal, las políticas de oferta, la adaptación del sistema financiero a las nuevas regulaciones y las reformas institucionales sí debieran estar en la agenda política del nuevo gobierno que salga de las urnas.
Juan Miguel Sans. Director General de Alium Consulting, experto en estrategia y política económica
José Luis Curbelo. Decano de la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) de Madrid
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