Construyendo nuevas políticas educativas

El paréntesis creado en el calendario político para la formación del nuevo gobierno  de España, por la proximidad de las elecciones del día 26 de mayo, abre un capítulo de especulaciones que no desaparecerán, con toda seguridad, hasta avanzado el mes de junio. Los resultados que obtengan las distintas fuerzas políticas concurrentes en esos comicios locales, autonómicos/territoriales y europeos condicionarán probablemente algunas decisiones que tengan que ver con la futura gobernabilidad del panorama español. Todo es, por consiguiente, susceptible de interpretación y cualquiera de las hipótesis, por disparatada que parezca, tiene , de momento, su “chance”.

No pretendo añadir más confusión, sino establecer algunas conclusiones que, a falta de ratificación de futuros hechos, pueden tener cierta credibilidad y consenso. Así quizás logremos  intuir los caminos, las próximas líneas en política educativa para este país, que no lo olvidemos, es el espacio competencial reducido que tiene el gobierno de la Nación, según la Constitución.

La primera, tiene que ver con lo que los datos gruesos, totales, ofrecen en una rápida mirada: es bastante factible pensar en que el próximo gobierno se constituirá en torno a una ideología de centro izquierda, más o menos escorada hacia ésta, en función de los partidos que sumen gobernabilidad junto al propio PSOE. Y a esta idea llego siguiendo al gran Leonardo Da Vinci cuando afirmaba aquello de que ninguna certeza existe allí donde no puede aplicarse alguna de las ciencias matemáticas. De ahí que se pueda afirmar que la suma de las tres opciones de derecha que se han expresado en estos comicios imposibilitan, afortunadamente, un futuro gobierno de coalición. 

En estos momentos –y aunque sea una situación temporal, más fruto de las dinámicas de campaña electoral que de profundas divisiones ideológicas- parece lejano un acuerdo de ámbito estatal, similar al logrado en Andalucía. Dos luchas, casi fratricidas, absorben actualmente el panorama conservador. De un lado, la pugna por alejarse de las ideas ultramontanas de VOX, curiosamente no válidas para gobernar el Estado, pero sí una Comunidad Autónoma; del otro, la contienda, ésta si que a muerte,  por representar la voz conservadora ante los medios y ante el resto del mundo, protagonizada entre PP y Ciudadanos.

Consecuencia de tal situación de desunión conservadora, el sistema educativo español ve alejarse el fantasma de la recentralización que estas opciones pedían con la asunción de las competencias educativas por parte del Ministerio de Educación. Además, cuestiones como el mantenimiento de las actuales políticas lingüísticas por parte de las CC.AA. o el pinchazo de las acusaciones de adoctrinamiento pierden fuelle de modo definitivo.

Una segunda conclusión que aporta el debilitamiento conservador tiene que ver con la confianza, prácticamente absoluta en el mundo educativo, de que desaparecerá definitivamente la LOMCE. La actual ley del ínclito Wert ha demostrado con el tiempo las maldades que la comunidad educativa inmediatamente le atribuyó (segregadora, elitista, recentralizadota, neoliberal). Es, por tanto, urgente, sondear el espacio necesario para el consenso que acerque la realidad de una nueva ley educativa. La conocida como Ley Celaá no debería tener más vigencia que la de servir como norma transitoria hasta la consecución de otra definitiva, que dé normalidad al nuevo sistema educativo español por un largo tiempo.

Continuando con la línea que debe marcar un futuro gobierno progresista, la inversión educativa tiene que conseguir rápidamente el suelo del 5% del PIB para procurar acercarse al grupo de países europeos avanzados, aquellos que se sitúan o ya destinan el 7%. La comunidad educativa española no entendería que se incurriese de nuevo en el lapsus  de 1990 con la creación de una buena ley como la LOGSE sin acompañamiento económico proporcionado. Ofrecer a un país una educación de altura, con una formación continua adecuada de su profesorado, con una infraestructura  moderna de centros es inviable sin una financiación acorde. Alguna vez la clase política de este país debería pronunciarse sobre este delicado tema y decidir si opta por una educación  en consonancia con los deseos de su sociedad o con los que marcan los parámetros de indicadores como PISA.

Una última conclusión derivada de los resultados electorales tiene que ver con la vigencia y preeminencia de la Educación Pública en la actual sociedad española. Porque es la que ofrece la mejor garantía en la igualdad de oportunidades, apuesta por la diversidad cultural y humana, evita la segregación escolar y garantiza la construcción de una ciudadanía no excluyente. La bandera de la libertad de elección de las familias que en todo momento han esgrimido los partidos conservadores no puede enmascarar privilegios para los beneficios futuros de unos respecto a otros; no puede ser utilizada como método de obtención de ventajas en la competencia neoliberal a la que se nos quiere santificar. No se cuestiona la existencia de la Enseñanza Privada, sino su deseo de salir del nivel de complementariedad actual, para aspirar  al de igualdad con la Pública en nuestro sistema educativo.

Lo que se espera del futuro gobierno es capacidad de diálogo, a la vez que firmeza para consensuar valores coincidentes con la actualidad y con el Estado democrático que  deseamos mantener: libertad de pensamiento, coeducación, interculturalidad, defensa de los derechos humanos. No debemos mantener políticas educativas que hagan de los actuales currículos fortines para las Religiones o establezcan lugares de asentamiento del reciente emprendimiento financiero. Habrá que trabajar por estrategias educativas que enseñen al alumnado a construir identidades individuales, no individualistas; que favorezcan el respeto mutuo en las aulas; que ayuden a contextualizar un lenguaje que nunca es neutro, sino expresión de superioridad masculina.

Por cierto, no debemos ignorar la importancia que ha tenido el voto joven en la opción de VOX, un dato que debe llevarnos a una reflexión importante sobre el tipo de educación –o mejor sería decir, la ausencia de ella- que estamos inculcando en este colectivo. Dejando al margen el atractivo novedoso que pueda suponer un partido político nuevo, autodenominado antisistema, rodeado de una atención mediática inusitada que puede aglutinar el voto descontento, no cabe duda de que esta formación ha contado con un apoyo joven superior al inicialmente previsto. Y eso debería hacernos reflexionar.

Son jóvenes de ambos sexos, nacidos/as todos/as en un tiempo democrático que apoyan una opción que ensalza el fascismo y rememora los tiempos de la dictadura franquista. Constatarlo así es cuando menos alarmante. Que para esa personas los valores de consenso estén por detrás de los de mando único y sin contestación; que la palabra pierda fuerza en lucha con la fuerza disciplinada es peligroso; que negar la importancia del cambio climático, perseverar en el maltrato animal (caza y tauromaquia, por ejemplo) y discriminar la homofobia y el racismo es aterrador. De ahí que revisar los contenidos que reciben en el aula – a través de un currículo desfasado, poco atractivo, inabordable- y cuantos asumen a través de los medios de comunicación y a los que la Educación no puede llegar sea una tarea urgente e inexcusable. Le corresponde al futuro gobierno, a través de su  política educativa, pero, sin duda, también a cada uno/a de nosotros/as.