Si ya los presupuestos generales del Estado 2021 marcaron el inicio de un antes y un después en políticas públicas de infancia y adolescencia, consolidando y mejorando las partidas destinadas a asuntos sociales, incluyendo los destinados a proteger a las familias y la atención a la pobreza infantil, así como la implementación del Ingreso Mínimo Vital, el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2022 supone un salto cualitativo enorme con el foco del Gobierno atento a las familias con menores a cargo que han padecido y continúan todavía sufriendo un trance sanitario, económico y personal muy grave y preocupante. Al más que evidente daño causado por el prolongado periodo de confinamiento y por añadidura la mayor dificultad para acceder a los servicios sanitarios habituales y a las escuelas, se han sumado la preocupación y la incertidumbre por la caída de las rentas y la pérdida de empleo o el cese de actividad. Pese a quienes buscan de un modo torticero y bañado únicamente por intereses electoralistas desprestigiar un modelo presupuestario social, el más ambicioso y expansivo de la historia, los presupuestos del 2022 fijan su mirada en una clave, la vulnerabilidad como indicador real en donde residen los principales factores a tratar. La tasa de riesgo de pobreza, la carencia material severa y la baja intensidad laboral son los tres elementos que expresan el nivel de gravedad de esa vulnerabilidad.
En función del resultado de la Encuesta de Condiciones de Vida de julio de 2021, la situación de los menores de 18 años, en 2020 empeoró en cuanto a estos tres componentes. Pues bien, la respuesta debe ser efectiva, eficiente y positiva. No podemos desde el Estado Social y Democrático de Derecho mirar para otro lado, ponernos de perfil. Con la retina puesta en la recientemente aprobada Ley de Protección Integral de la infancia y la adolescencia, en la Convención de Derechos de la Infancia, luchar contra la pobreza infantil y paliar las secuelas de la desigualdad en el bienestar de la infancia, junto a una barrera contra las violencias que sufren los y las menores de edad, son prioridades que no se podían ni debían desatender y en la redacción de este proyecto aparecen impresas con letras y números en negrita.
En este sentido me parece muy relevante citar el impacto en los presupuestos generales del Estado de la aprobación, el 14 de junio de 2021, de una recomendación ineludible por la que se establece una Garantía Infantil Europea, cuyo objeto es prevenir y combatir la exclusión social, garantizando el acceso de las niñas y los niños en situación de riesgo de pobreza o exclusión social a un conjunto de derechos básicos como son la educación, el cuidado, la nutrición, la vivienda y la salud.
La Garantía Infantil Europea implica el compromiso por parte de España de elaborar, antes de marzo de 2022, un Plan Nacional de Acción, con el destino de al menos el 5% de los fondos europeos a su desarrollo. Un compromiso que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asumido como propio y que en alguna medida ha capitaneado.
Los presupuestos generales del Estado del ejercicio 2022 arman además una dotación histórica de veinticinco millones de euros para poder desplegar con garantías la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, junto a una ampliación del bono social que duplica el número de beneficiarios, dos millones de personas más que el ejercicio precedente.
Con el patrón de la recuperación justa, el Gobierno de España también incluye en estos presupuestos generales del Estado del 2022, un refuerzo en vías de la consolidación de los programas presupuestarios que afectan de manera más directa al bienestar de las familias, asumiendo también la elaboración de una Ley de Familias que garantice las políticas de apoyo familiar.
Implementa un Programa de Competencias Digitales para la Infancia, dirigido a cerrar la brecha social digital, porque todos debemos tener idénticas oportunidades y fácil acceso a ellas. Son las más importantes pinceladas de uno de los capítulos más importantes del Estado de Bienestar, que los y las socialistas junto a los socios del gobierno progresista queremos convertir en una realidad, porque creemos que el gasto social es condición indispensable para alcanzarlo. Porque pese a los agoreros, rancios críticos, negacionistas e histéricos hiperbólicos, España avanza, con un Estado Social y Democrático, con las garantías constitucionales y los derechos humanos.
*Juan Cuatrecasas Asua es diputado del PSOE por La Rioja en las Cortes Generales
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