El domingo 25 de febrero más de veinticinco ciudades y ciento ochenta colectivos se movilizan por tercer año consecutivo para denunciar la vulneración de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes en la Unión Europea.
A nivel mundial, la OIM lleva registrada la muerte de 625 migrantes en lo que va de año, de las que 404 se han producido en el Mediterráneo. Es un hecho. A las personas refugiadas y migrantes se les está dejando morir en la UE, y eso se denomina necropolítica. Dejar morir por falta de atención a quienes tienen hambre, o por falta de socorro a quienes se ahogan en el mar o se abandona en el desierto del Sáhara, es quizá la versión moderada de la necropolítica, la que parece que simplemente cierra los ojos o mira para otro lado. Pero también estamos asistiendo a formas de necropolítica más activas, xenófobas y extremas, como la que ejerce la policía húngara en la frontera serbia a través de persecuciones con perros, palizas y torturas con porras eléctricas, robo de zapatos y ropa de abrigo que condenan a morir en los bosques.
Javier de Lucas considera que es una “concepción de la política en la que la vida de los otros es objeto de cálculo y por tanto carece de valor intrínseco en la medida en que no resultan rentables o dejan de serlo”. La violencia se revela entonces como un fin en sí misma. Por ejemplo, la supuesta descoordinación entre la guardia costera italiana y la de Malta costó la vida de 268 personas -incluidos 60 niños y niñas-. O el bloqueo de inmigrantes en alta mar por parte de la Guardia Civil española y su posterior devolución a Marruecos, que provocó 388 muertos y desaparecidos. Son solo dos de las múltiples prácticas de necropolítica que hoy en día abundan.
Pero también lo son que 10.000 niños y niñas hayan desparecido al cruzar las fronteras europeas según Europol; que miles de niñas nigerianas sean vendidas año tras año como esclavas sexuales; y que a finales de enero de 2018 la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) confirme la muerte de migrantes en Europa muriendo de frío. Aún hay más, la necropolítica continúa. 90 personas murieron el 2 de enero de 2018 frente a las costas de Libia tras volcar el barco en el que navegaban; 2 días después se produjo la mayor tragedia migratoria en la Frontera Sur, con la desaparición de 47 personas frente a las costas de Ceuta; mientras, el pasado 4 de noviembre de 2017 se localizó una patera con 319 migrantes eritreos. En la bodega inferior del barco viajaban 69 mujeres. Casi todas estaban enfermas y casi todas habían sido violadas.
Es una tragedia que viene acompañada de múltiples responsabilidades políticas ¿Cómo evaluar el informe de Frontex publicado a finales de 2016, que acusó de trabajo conjunto con las redes de tráfico de personas a las organizaciones solidarias con personas refugiadas? ¿y las palabras del ministro del Interior de España, Juan Ignacio Zoido, que afirmó que no es nuestra responsabilidad que decidan huir de sus países, y que las ONG colaboran con redes de tráfico ilegal de personas? ¿y cómo valorar que la Fiscalía italiana de Catania haga lo mismo con las organizaciones que rescatan personas en el Mediterráneo? ¿y los ataques de los guardacostas libios, entrenados por la UE, a las naves solidarias en el Mediterráneo? ¿y los asesinatos en la playa de Tarajal en la Frontera Sur, donde quince personas fallecieron, el 6 de febrero de 2014, en aguas fronterizas entre pelotas de goma y botes de humo de la Guardia Civil española?
Las muertes y desapariciones de personas refugiadas y migrantes en las fronteras elevan a miles y miles los cuerpos migrantes rotos por la necropolítica. Además, a quienes sobreviven en los naufragios, se les aplican protocolos de seguridad, no de víctimas. Y todo ello no son hechos aislados, son el resultado de políticas que priorizan el control migratorio frente a la protección de los derechos humanos.
Estamos hablando de verdaderas políticas asesinas. Pensamos que se están acuñando verdaderos crímenes contra la humanidad en territorios supuestamente de paz, y eso se acerca mucho a una nueva tipificación de lo que podríamos denominar “crímenes de paz”.
Por otra parte, se están produciendo verdaderos crímenes internacionales en una alianza perversa entre la economía criminal y la economía legal. Y se asesina a líderes y lideresas de los movimientos ecologistas, feministas, LGTB, campesinos e indígenas, por liderar respuestas en defensa de su tierra -300 activistas asesinadas en 2017-, pero también se elimina a gente, simplemente porque son personas que al sistema económico le sobran.
Nos encontramos ante una situación de emergencia social y, prestar ayuda a quien la necesita, más allá de su situación administrativa, es acorde a la filosofía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Compartir luchas con las personas refugiadas y migrantes es -en la actual situación de reiterado incumplimiento institucional y ausencia de políticas a favor de los derechos humanos- perfectamente legítimo.
Los acuerdos con terceros países para la externalización del control de las fronteras que causan muerte, torturas y esclavitud; la gestión más cercana de la frontera en Ceuta y Melila, donde se realizan prácticas ilegales de devoluciones en caliente que derivan en muerte, donde mueren menores en las calles y en los centros de acogida, personas en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), mujeres porteadoras por aplastamiento, ... Todo ello conduce a la reflexión de que nos sobran razones para desobedecer y para salir a la calle el próximo domingo, para decir no a la Europa fortaleza, para desalambrar Europa. Porque los derechos humanos no se negocian.
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