La discutible huelga general del salario mínimo propio
Los sindicatos nacionalistas vascos son más exigentes que los partidos con los que comparten la ideología soberanista. Mientras PNV y EH Bildu aprovechan la debilidad del actual Gobierno de coalición para poner precio a su apoyo parlamentario, ELA, LAB y otros sindicatos afines, fuerzan el actual proceso de transferencias laborales reclamando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), precisamente cuando se acaba de acordar la cesión de las pensiones no contributivas, el subsidio del desempleo y puede que en breve el régimen económico de la Seguridad Social. Sabiendo que el SMI es una competencia exclusiva del Gobierno central, tras fracasar intentando lograrlo por el cauce de la negociación colectiva, recurren al procedimiento extremo de la huelga general.
ELA, LAB y el resto de sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo en Euskadi y Navarra, pretenden conseguir un SMI propio, patrio, actuando como grupo de presión. Su proceder constituye un reto con trasfondo competencial económico, político y jurídico. Es un intento que plantea serias dudas, en cuanto al método elegido para lograrlo y respecto a la posibilidad real de aplicarlo. Aunque, en la confrontación con el Gobierno central, tanto el éxito como el fracaso sirven para reforzar el sentimiento de afrenta y agravio que legitima el victimismo identitario.
El callejón sin salida de una demanda justa
El detonador de la huelga es la demanda de un SMI propio de 1.500 euros, un 21% superior a los 1.184 en vigor e incluso por encima de 1.385 euros, cantidad estimada en el estudio encargado por el Gobierno vasco. Esos 1.500 euros, abonados en 14 pagas mensuales, equivalen a los 21.624 euros anuales del SMI francés. Si fuese posible lograrlo significaría, además de una notable mejora económica, avanzar hacia la unificación, al menos retributiva, de Iparralde y Hegoalde.
El 18 de julio de 2025, 'Naiz' recogía declaraciones de ELA y LAB referentes al informe del ejecutivo vasco. Cuestionaban que un SMI de 1.385 euros beneficiase a 66.000 personas, considerando que menos de 10.000 tienen un convenio colectivo actualizado en la CAPV. Conclusión: “... la propuesta del Gobierno vasco tendría un impacto marginal en la clase trabajadora vasca”. Esa valoración, que puede ser correcta, choca con la cifra utilizada por ellos mismos para justificar la huelga. El 10 de febrero de 2026 se decía en Gasteiz Hoy: “... mejoraría de forma directa la situación de 167.000 trabajadores y trabajadoras en Hego Euskal Herria”. Las cuentas de ELA y LAB no cuadran: con 1.385 euros son menos de 10.000 beneficiarios, con 1.500 euros favorece a 167.000 asalariados.
Las contradicciones no acaban ahí. En el artículo de 'Naiz' del 18 de julio de 2025, ELA y LAB advierten: “las personas con salarios más bajos son 188.000 trabajadoras y trabajadores a los que se aplican convenios estatales y las 48.000 sin convenio de aplicación...”. Esos datos, difundidos por los sindicatos que denuncian a Confebask y CEN por negarse a negociar un SMI, prueban la imposibilidad de mejorar, precisamente a través de un convenio, las condiciones retributivas de la gente más necesitada. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la demanda sindical por ser una atribución exclusiva del Gobierno español.
Si la sentencia del TSJPV hubiese sido favorable a los sindicatos, no habría resuelto nada, al quedar fuera del marco de negociación el conjunto de asalariados que no están acogidos a un convenio pactado en Euskadi o Navarra. El Gobierno vasco asumía la demanda de un SMI propio y al encargar el estudio para evaluar su cuantía advirtió que, sin competencias para regularlo, tocaba encauzarla a través de la negociación colectiva. El fallo del TSJPV invalida también la propuesta negociadora del ejecutivo vasco.
Aunque sindicatos y partidos nacionalistas se aprovechen de la atonía del Gobierno, Pedro Sánchez no podría hacer una concesión de tanto calado, con el riesgo añadido de que se amplíe a la caja común de las pensiones. Tales pretensiones plantearían un dilema, además de laboral, político y jurídico. Mas la amenaza de una huelga general de ámbito territorial limitado, convocada por un sector sindical específico, no tiene el potencial necesario para remover los cimientos del Estado.
Puestos a ser radicales, los sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo podrían impulsar movilizaciones en defensa de las trabajadoras y los trabajadores con convenios congelados, sin actualizar y decaídos. Según el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, el año 2025 acabó con el 36,2 % de los convenios paralizados, figurando entre los sectores afectados: metal, oficinas y despachos, transporte, comercio, hostelería, construcción y limpieza.
Los datos del CRL revelan que hay unas 370.000 personas sin convenio actualizado, más otras 50.000, la mayoría mujeres, que nunca han tenido convenio. Esta problemática encaja de lleno en el ámbito sindical y pone en entredicho la capacidad negociadora y la combatividad de la mayoría sindical vasca. Pueden empezar por resolver un conflicto, bien reciente, que afecta al aparato mediático del nacionalismo vasco. El domingo 15 de febrero, eldiario.es Euskadi publica este titular: Recepcionistas y azafatas de EITB denuncian “precariedad”: “Nuestros salarios llevan congelados una década”.
Los gobiernos autónomos de Euskadi y Navarra han contribuido a justificar la convocatoria de la huelga general, rechazando el debate parlamentario del SMI, avalado y respaldado mediante iniciativas legislativas populares. Además de torpeza política, constituye una vulneración del derecho democrático a participar en la actividad institucional. Lo mismo ocurrió con la ILP sobre la equiparación de las pensiones. En ambos casos se trata de una flagrante arbitrariedad.
Los sindicatos convocantes de la huelga general implican en su campaña a sindicatos, también nacionalistas, de otros territorios. El objetivo común es modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores: “... las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio”. Sorprende que se busque apoyo para conseguir un SMI mejor, solo en Euskadi y Navarra, siendo más lógico plantear una lucha conjunta para conquistar una mejora general. Aunque, vista la correlación de fuerzas estatal, incluso con una legislación favorable, la aplicación de un SMI propio solo sería factible donde, como en la CAPV, sindicatos y partidos nacionalistas son hegemónicos. De modo que la alianza con “sindicatos de las naciones sin Estado” solo sirve para ampliar el eco mediático de una huelga con pretensiones soberanistas.
El posicionamiento de las fuerzas políticas y sindicales respecto a la huelga general del 17M se podía adivinar incluso antes de convocarse. PNV, PSOE y PP por un lado, CCOO y UGT por otro, se oponen. EH Bildu la respalda, junto con el denominado Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. La única duda, la de la izquierda de la izquierda, se despejó en un cordial encuentro.
La oportunidad del desmarque de la izquierda acomplejada
La trayectoria histórica de la izquierda situada a la izquierda del PSOE, identificada como federalista y alternativa, se caracteriza por el seguidismo respecto al nacionalismo radical, incluso convertida en su competencia electoral. La izquierda que pretende ser transformadora, parece no enterarse de que la seña de identidad del abertzalismo ya no es el radicalismo, si no el oportunismo. Basta observar el colaboracionismo de EH Bildu con el Gobierno de Pedro Sánchez, o las ofertas al PNV para formar una coalición electoral conjunta. Por otra parte, ELA y LAB practican un radicalismo escénico que se difumina cuando toca defender la escuela pública vasca o rechazar privilegios, como la asistencia sanitaria privada en algunas instituciones y los planes de pensiones privados (EPSV) en la administración pública.
Pese a la trascendencia e implicaciones de una huelga general, la dirección de Podemos Euskadi no ha dudado en apoyar dicha convocatoria de forma acrítica y condescendiente, con los mismos argumentos de quienes la promueven, sin consultar a la militancia, sin analizar la posibilidad real de implantar en Euskadi un SMI propio, sin tener en cuenta que no evitaría la precariedad salarial, sin valorar las consecuencias que tiene para la clase obrera una huelga sin unidad sindical, sin comprender siquiera que está renunciando a ser alternativa política. La postura correcta hubiese sido animar a los sindicatos impulsores de la huelga a hacer causa común con los sindicatos de ámbito estatal, planteando ante el Gobierno central una demanda conjunta de alcance solidario. Las 61.000 personas que cobran el SMI en Euskadi son el 7% de la población asalariada, mientras que a nivel estatal son el doble, 14%.
La dirección de Podemos Euskadi ha perdido la oportunidad de proclamar públicamente que el marco de relaciones laborales autónomo y el SMI propio, requieren un desarrollo del autogobierno sin encaje en el actual modelo autonómico. La alternativa es el estado federal, que no quieren asumir, ni como etapa intermedia, los partidos y sindicatos nacionalistas empeñados en llegar a la independencia a través de un proceso soberanista que, por lo visto, consiste en reclamar ventajas al Gobierno central. La huelga general del 17M resultará tan frustrante como la de las pensiones del 30 de enero del 2020. Aquella sólo sirvió para dividir al movimiento de pensionistas. Por tanto, lo consecuente habría sido permanecer al margen de esa discutible huelga general.
Recapitulación final
Los tribunales sentencian que las asociaciones patronales no pueden negociar un SMI de ámbito autonómico. Aunque pudiesen, no es posible llegar con la negociación colectiva hasta los sectores más desfavorecidos. Ha fracasado la vía contractual de aplicación de un SMI propio, reclamada por los sindicatos nacionalistas y avalada por el ejecutivo vasco. Es improbable que una huelga general limitada logre forzar al Gobierno central a modificar esa pieza clave de la legislación laboral. En consecuencia, dicha huelga supondrá un sacrificio inútil para las trabajadoras y trabajadores que la secunden, quedando en una nueva proclama del todo por la patria. Esa operación no debería contar con el apoyo de la izquierda de la izquierda. La alternativa para conseguir un SMI propio pasa por la transformación de la España de las autonomías en estado federal plurinacional.