Colonizar la justicia

Eduardo Torres Dulce, Consuelo Madrigal, Manuel Maza- fallecido-, Julián Sánchez Melgar, cuatro Fiscales Generales en algo más de tres años de sucesivos gobiernos de Mariano Rajoy. ¿A ustedes les parece normal? Si escudriñan las razones existentes detrás de las dimisiones, ceses o nombramientos se encontrarán con la situación de crisis excepcional que para el Estado español está suponiendo la corrupción política y el asunto catalán.

Un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de Poder Judicial, Carlos Lesmes, fuera de los focos mediáticos, perdido en una situación que le desborda y recriminado ‘soto voce’ por un gobierno que no le perdona su incapacidad para impedir que el tribunal que juzga el “caso Gürtel” llamara como testigo a deponer en sala al presidente Rajoy. Un presidente de la sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que piano-piano consigue tener en su derredor magistrados de su coincidencia a la hora de interpretar el derecho y de encarar de precisa manera las situaciones de crisis políticas que el ejecutivo no quiere afrontar de propia mano. Auguro a Marchena la presidencia del Tribunal Supremo a no mucho tardar. Un Tribunal Supremo que gracias a los votos particulares que dignifican la institución, es capaz de fundamentar sentencias a sabiendas de su más que probable revocación por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal Europeo, ‘casos Parot’, 'Atutxa’.

¿Y que decir de la trasposición de la legislación europea en materia de ejecución de condenas? Parece no importar que el Ministerio de Justicia de Francia manifieste su estupor al constatar que han sido ignoradas las condiciones de entrega de terroristas y que hayan sido sumadas a las penas ya cumplidas otras por los mismos delitos. Entra dentro de lo probable que el estupor se convierta en conflicto jurídico abierto entre La República francesa y el Reino de España.

Las causas por corrupción política se alargan, las sentencias se acortan y algunos encausados de alto nivel económico, político o aristocrático acaban con penas leves, encarcelamientos fugaces o recursos interminables. ¿Para cuándo la sentencia de casación de Iñaki Urdangarin?

Carl Schmitt, el jurista filo nazi que teorizó sobre la excepcionalidad y el derecho, humus del acceso y mantenimiento en el poder del hitlerismo, dejó escrito que: “soberano es quien decide en estado de excepción”. La tentación del ‘decisionismo’ político es grande para el poder, incluidas las democracias, sobre todo cuando tienen que encarar la excepción, o si prefieren un término más acorde a las vivencias de la España actual, cuando afrontan la crisis de Estado. El terrorismo interno es inexistente hoy y sin peligro de rebrote, pero acecha el de matriz internacional. La corrupción política persiste y persistirá mientras no quede definitivamente resuelta la financiación de los partidos políticos, incluida su dependencia de las entidades financieras por deudas no atendidas que sirven como vacuna de recuerdo para conseguir legislaciones benévolas. La cuestión catalana, otro elemento de disfunción judicial, ejemplo negativo para todos: tanto en lo que no hay que hacer, como en la manera de tratar de impedirlo.

La justicia en la mayoría de los casos y situaciones ordinarias es funcional y resuelve con ley, derecho y equidad. No me refiero por tanto a colonización de la justicia cuando hablo del 98% de los asuntos que se tramitan o resuelven. Colonizar la justicia es insertar operadores judiciales afines en aquellos órganos judiciales que deciden sobre la excepcionalidad, cuando se produce la crisis de Estado. Colonizar la justicia es remover la composición de las salas de justicia mediante la sustitución de un ponente por otro al que se le presupone más acorde con el fallo perseguido. Sé que en los momentos que vivimos abrir un debate sobre la colonización de la justicia tiene mucha dificultad. Pero es obligado. Hablamos asiduamente de la politización de la justicia, sin embargo la politización de la justicia solamente es posible si ha sido previamente colonizada, de tal modo que ya son innecesarias las instrucciones desde el poder político a los jueces, pues estos ya saben lo que hacer sin necesidad de ser instruidos.

Y si la intervención judicial acaba en fiasco jurídico, como la reciente retirada de la orden de detención contra Puigdemont y cuatro de los exconsellers -que ha puesto en evidencia al Reino de España ante la Justicia de Bélgica- no pasa nada, ni un resople de contrariedad o crítica contra la imprudente actuación de la juez instructora Carmen Lamela, recibida con hosanas cuando dictó la euroorden de detención. Nadie desde el poder ni de desde la leal oposición recriminará nada, porque al fin y al cabo “algo” había que hacer ante la “rebelión” catalana y lo importante es salir al paso, actuar con determinación ante la situación de excepción, de crisis. Lo que ocurre es que con ese ‘decisionismo’ se nos va cercenando a los ciudadanos, más y más, lo que Hannah Arendt llamaba “el derecho a tener derechos”. Arendt y Schmitt, derecho frente a razón de Estado. 

Txema Montero, abogado.