Modelo político y crisis ecosocial

Vivimos una edad de oro de la reflexión filosófica sobre la naturaleza. Aunque en dicha reflexión subyace un conflicto tradicional de la filosofía, el choque entre cultura (o tecnología) y naturaleza (o biología), es el cambio, crisis o emergencia climática, que afecta ya a multitud de campos, su principal motivación actual. Sus potenciales consecuencias para la vida humana, incluso para la supervivencia de la especie, apela lógicamente a la filosofía, que, aunque lleva cincuenta años en ello, en los últimos años ha eclosionado.

La profusión de libros que se publican sobre el tema desborda a cualquiera, su inabarcabilidad es frustrante para quienes trabajan en el sector, y deja incompleta la visión generalista deseable. Además, el gran número de publicaciones tampoco asegura calidad. Hoy toca hablar de una reflexión que directamente se ofrece como filosófica, publicada en una revista de esta especialidad, y diferenciada de libros de ensayo, de cifras ambientales, o de propuestas de políticas públicas relacionadas: se trata del estudio al respecto de la pensadora y escritora Irene Gómez-Olano y Romero publicado en el número 12 (marzo de 2025) de la revista 'Filosofía & Co' con el título “¿Cómo afrontar la crisis ecológica y social?”

Gómez-Olano trabaja desde la teoría filosófica y política, considerando las macrocifras, y los efectos que científicos y técnicos proporcionan. Subraya la conexión evidente e inevitable entre los avatares de la naturaleza y la calidad de vida, especialmente entre personas más desfavorecidas, y cómo la crisis ecosocial que eso supone amplía, con un debate sobre justicia ambiental, el alcance de la reflexión. Es lúcido el enlace entre una paradoja de la modernidad (la tecnología que creamos para poder dominar la naturaleza, pero también desarrollar e implantar formas culturales avanzadas de vida, es la misma tecnología que a nivel global diezma nuestros recursos, calienta el planeta y puede destruirnos) y las implicaciones laborales y sociales que eso tiene de partida en los propios sectores tecnológicos. Gómez-Olano se adscribe a la idea de un capitalismo polimorfo que se adapta darwinianamente al entorno, y que ha completado el diseño de modelo de negocio adecuado. Así, ha dado su visto bueno, antes renuente, a una transición ahora económicamente interesada en la que ya está posicionado, tanto en la explotación de negocio como en convencimiento del regulador administrativo. Una lógica que es visible, por haber sido muy evidente, en determinadas empresas energéticas.

Pero que sea lúcido no quiere decir que sea el único matiz existente o que otras visiones puedan existir siempre desde el reconocimiento del problema, porque, frente a posiciones negacionistas (no hacer nada considerando catastrofistas las previsiones y creyendo que la situación revertirá por sí sola porque ya han existido otros cambios climáticos no antropogénicos), la evidencia científica actual es la principal respuesta. Pero incluso no haciendo nada, “qué hacer” en esta cuestión afecta a la política, ya que incumbe a la globalidad humana, o a grandes comunidades concretas: a la población de todo un país, en general, dada la aún vigente prevalencia, especialmente desgraciada para este tema, de los Estados como unidades políticas decisorias.

Las decisiones a tomar por la política no son fáciles, y están sometidas a presiones enormes. Un caso muy atractivo, a modo de ejemplo molesto para el sistema, es cómo conseguir que el decrecimiento suponga progreso económico, dadas nuestras dificultades culturales en desligar la posesión del producto de sentimientos tan enraizados psicológicamente como la propiedad y hasta la felicidad, y la necesidad del cambio de costumbres antes de una regulación legal al respecto. ¿Debe responder la política a esto? Posiblemente; el decrecimiento no está consiguiendo entrar en una lógica económica, pero sí en una mecánica de fin de civilización o de imperio, mediante una acción tan contundente como el brutal descenso de la natalidad en Occidente.

La solución de Gómez-Olano, atendiendo a la crisis ecosocial y su afección a las rentas bajas, parte de lecturas marxistas. Cita a Gramsci: “la clase trabajadora y los sectores populares deben mostrar la viabilidad de un gobierno de sí mismos y para sí mismos para construir hegemonía, no solo generar un relato alternativo al del poder”. Cuestiona que la democracia solo se pueda dar en “coordenadas del capitalismo neoliberal”. Y realiza un apasionado recorrido histórico sobre cómo clases trabajadoras y pueblos originarios (principales afectados de la crisis) llevan en realidad 200 largos años de lucha continuada por una participación igualitaria en las decisiones políticas, subrayando la contribución de -como primera propuesta- los “sistemas de consejos” en los avances de estas clases de personas desfavorecidas en favor de regímenes más democráticos pero opuestos a organizaciones del poder que conocemos y que (idea recogida de Matías Maiello) conseguirían desligar democracia de liberalismo. Entre esos logros: París, 1871. Rusia, 1917. Bolivia, 1952. Hungría, 1956. Pero… ¿fueron logros? Como suele suceder en estos casos, sí, pero para quienes no estaban allí y no sufrieron de manera directa, sino histórica y desplazada, el impulso revolucionario. Una segunda propuesta más frustrada en su ambición, pero más feliz en lo individual o pequeño-comunitario es la “huida del capitalismo”. Sucede sin enfrentamiento, con el convencimiento de que el sistema acabaría aplastando cualquier lucha directa. La huida del capitalismo se organizaría en forma de islas ecosociales como resistencia, pero abandonaría la lucha global.

Llegados aquí es inevitable pensar en que la discusión, al profundizar en lo teórico político, se ha desviado del análisis ambiental y ha caído en apelar al idealismo social o al estoicismo clásico. Creo que es un error del diagnóstico, que está planteado de manera humanista y útil intelectualmente, pero su aplicabilidad en la urgencia es dudosa. La resolución de “lo climático” ha de ser necesariamente cooperadora, aunque pueda existir resistencia civil y también apoyo jurídico cuando suceden atropellos ecosociales, pero resulta extraña la idealización de soluciones en ausencia de un regulador cuando nadie con experiencia y conocimiento de causa en el llamado sector medioambiental puede defender con argumentos que las transiciones y mejoras en los objetivos ambientales se hayan conseguido gracias a la lógica oferta-demanda del capitalismo. De hecho, la gestión de residuos es, por poner un ejemplo relevante, profundamente antiintuitiva para el sistema capitalista: se paga por materiales que tienen escaso valor, se transportan de modo poco operativo o eficaz, las empresas “proveedoras” de materias primas residuales en realidad desean servir menos material a sus “clientes” del que les envían en cualquier momento, y su objetivo final sería disponer de procesos completamente “zero waste” y no generar esas materias primas residuales de su producción. ¿Cómo se implanta un sector industrial así en el sistema neoliberal? Única y exclusivamente por restricción legal y desde una organización colectiva de fuerza suficiente para conseguirlo, incluyendo ahí la legitimidad pública pero también una política de apoyo inversor, investigador y logístico (es decir, una organización también cooperadora). Una restricción legal que hoy, por otra parte, presenta un carácter gigantesco, un “tsunami de legislación” que con frecuencia se torna inabarcable y que ciertamente introduce otros problemas y que también comete errores. La pregunta es inevitable: ¿decaería esto en manos de la revolución ecosocial, o, sin ser tremendista, de los sistemas de consejos que separaran democracia de liberalismo económico? ¿Por qué mecanismo se sustituiría, cómo confiaríamos en nueva regulación, cómo entendería el nuevo sistema la peculiaridad del procomún que anida en cómo el ser humano, individual y colectivamente, afronta la acción y relación con su entorno? Y si no decae, pero sí lo hace la estructura y logística actuales, ¿cómo y por qué se ejecutaría?

La economía y organización políticas aún vigentes, mientras los neofascismos no la hundan deliberadamente aprovechando la inacción y el desencanto a que nos apelan, son profundamente estatales, y sólo el Estado podría ser la forma organizada de encarnar una cooperación tan transaccional como el que exige el desafío. Una organización que en términos políticos sería interesante que tuviera características federalizantes como forma de escucha y acceso de los territorios. En términos económicos, los países de la Unión Europea tienen porcentajes elevados, incluso superiores al 50% de su PIB, en manos del Estado, y esto no encaja bien con el análisis sobre el capitalismo neoliberal feroz. Sí, puede existir un Estado canibalizado por el neoliberalismo, que es similar a lo que ya decía Marx del contrato social usado como instrumento de engaño al trabajador por el influyente poder económico del capital. También podemos inferir del conocimiento histórico que un exceso de políticas estatalistas aunque en teoría cooperadoras necesariamente se pervierten en el ejercicio de su acción, y que la isla ecosocial, al crecer, tal vez llegara de manera inevitable a situaciones de corrupción de la democracia. John Stuart Mill defendía en sus “Cuadernos sobre el socialismo” que era imposible que el sistema socialista funcionara en comunidades grandes, que requería un sacrificio personal de grandísimo compromiso y que eso solo se podía dar en comunidades de individuos que se conocían y respetaban personalmente.

Pero, repitamos, el problema, además de sus afecciones locales, tiene una innegable escala global. Son necesarias estructuras, protocolos y metodologías que afectan, influencian y son competencia de las fuerzas más globales posibles, y es necesario que actúen con diligencia y prontitud, pero también diálogo con los territorios (todos) afectados. Esas fuerzas hoy son los Estados, cuyos organismos reguladores del medio ambiente están en efecto sometidos a presiones relevantes y pueden acabar por no ser lo debidamente cooperadores en el significado completo que estamos dando a esta palabra. Existen, además, Estados (o gobiernos que los rigen) deliberadamente no cooperadores ni medioambientalmente redistributivos, algo que es en sí consecuencia necesaria de la aplicación de la economía circular o la transición ecológica a la escala global. O tan profundamente centralistas que olvidan las escalas locales que deben considerar. Pero un Estado así comete un error conceptual de bulto sobre su propia razón de ser. Empieza, por así decir, una dialéctica que da razones al análisis ecomarxista que le va a combatir en ese caso con argumentos ciertos.

Todo esto no significa una confianza ciega ni una idealización del poder regulador, y de hecho la fuerza de los sistemas de consejos no debe ni mucho menos despreciarse en su aportación y control del sistema. Formar comités de ética multisociales para afrontar la profundidad de las acciones medioambientales es una idea acorde con las éticas aplicadas que defiende Adela Cortina; hay pocos campos más aplicados que el medio ambiental. No es que no existan intentos en distintas escalas, de los comités ambientales de cualquier escuela o instituto (relevantes en cuanto a formación y sensibilización desde la educación) a la gran escala internacional del llamado panel IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que está obligado a recoger toda publicación científica sobre el tema, a analizarla y organizarla y extraer el conocimiento debido, reuniendo a los Estados que lo conforman. El IPCC es un organismo científico, pero tiene un carácter necesariamente multisocial por la participación de casi 200 países en el mismo, lo que asegura una diversidad de todo tipo en necesidades e intereses. El IPCC no legisla ni obliga ni tiene capacidad ejecutiva de hacerlo; pero sí crea opinión justificada y obviamente prologa a las obligaciones legales y objetivos ambientales que acabarían aplicándose.

El IPCC es un ejemplo mediático internacional. La cantidad de organismos ambientales de cualquier estado occidental, en un formato de comisiones mixtas especializadas en las diferentes áreas del tema es relevante. En la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pueden consultarse varios de ellos, y comprobar que, bajo la presencia relevante y organizadora del Estado, no es rara la participación de expertos de organismos científicos o centros tecnológicos. Existen incluso links a organizaciones ecologistas relevantes en la información, pero no se observa ciertamente una conexión profunda ni parece aprovecharse bien la capacidad de, al menos, organizar federalmente la discusión. La participación pública se produce en los procesos de revisión de proyectos de ley previstos en la legislación. Debería verse más como oportunidad que como limitación, pero se puede reconocer que supone también una barrera para la aportación de mucha sociedad interesada. La acción ambiental suele demostrar además la gran necesidad de dar facilidades a las personas usuarias y consumidoras, además de ciudadanas, para conseguir su necesaria participación y cooperación.

Lo profundamente apegado al territorio que tiene lo ambiental debería popularizar o fomentar la creación de juntas ambientales de barrio o de municipio, que fueran generalistas en su composición y más amplias que las debidas a las asociaciones. Que incluyan ciudadanía y organizaciones ecologistas, pero también, y necesariamente, administración y empresa adscritas al territorio, y que aconsejen, soliciten, estudien y documenten, cooperen, y consideren el terreno político de influencia. Que pudiera incluso basarse en modelos federales de organización, pues lo local no supone que otros territorios no dispongan de experiencia y conocimiento de interés para el territorio propio. Sería un ideal político que además consensuaran a partir de una conversación honesta donde todas las sensibilidades fueran acogidas o recogidas, incluso aquellas que no desean participar o que se conozca su participación. No se trata de un planteamiento ingenuo, es obvio que en muchos casos la relación entre asociaciones ecologistas, ciudadanía, administración y empresas resulta un imposible, y es una puerta cerrada en muchos ámbitos. Al contrario, intenta ser pragmático aprovechando lo existente: la experiencia también indica que ninguna de esas categorías es perfectamente estanca en un único modo de actuación ambiental. Hay casos de éxito en los que mirar sin idealizaciones, frente a los errores también cometidos.

Subrayar el reformismo de la conversación honesta como planteamiento ideológico más idealista puede resultar paradójico, pero, en la urgencia y la globalidad, los sistemas de consejos propuestos por Gómez-Olano sólo servirían en esa práctica y no como un sustituto del Estado. La complejidad ambiental o climática globales supera además cualquier visión fácilmente postulable en la actualidad sobre cómo hacer verdaderamente sostenible la vida de los miles de millones de seres humanos del planeta. Tener dudas enormes sobre nuestro futuro en el planeta por cuestiones medioambientales es lo debido; además de su dificultad intrínseca, un discurso anticientífico está instalado en el poder de países muy influyentes y es muy presente en la política de prácticamente todos (y el desaliento y desconcierto que busca tiene donde crecer en un sistema científico complejo). Pero no creo que seamos incapaces de avanzar: es cierto que mediáticamente hemos conocido que no ha sido posible alcanzar un acuerdo global sobre los plásticos que ya forman parte incluso de nuestro cuerpo. Pero a la par, y sin que lo conociéramos, el Tratado de las Naciones Unidas para la Protección de la Biodiversidad Marina de las Zonas de Alta Mar ha avanzado en su ratificación en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de 2025 celebrada en Niza.