Un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, pero ¿sobre qué bases?

El mes de junio de 2026 ha sido el tercero más caluroso registrado en el Estado español, con una media 3,2ºC por encima del promedio 1991-2020. A eso le siguió julio con mayor temperatura de los medidos (+2,6ºC sobre el mismo promedio). Este bimestre es el más caluroso de la historia y supera los anteriores récords de 2022 y 2025. Los científicos alertan de que un potente fenómeno de El Niño, que se espera para este otoño en su máximo exponente, podría elevar la temperatura media del planeta hasta rozar o superar los 1,7 ºC en 2027 sobre los niveles preindustriales.

La situación también tiene una traducción clara en la península. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) califica julio de 2026 como el mes más cálido de toda la serie histórica española, empatado con julio de 2022. La temperatura media de la España peninsular alcanzó los 25,7 ºC, nada menos que 2,6 ºC por encima del promedio de referencia de 1991-2020. Además, ocho de los diez julios más cálidos registrados en España pertenecen ya al siglo XXI.

Un verano más, nos morimos de calor. Según los últimos datos disponibles del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, en lo que va de año han fallecido 5.444 personas por causas atribuibles a la temperatura. La mayoría han tenido lugar durante el verano –937 en junio, 2.024 en julio y 1.301 en lo que va de agosto–. Un total de 297 personas han muerto en Euskadi en lo que va de verano por causas atribuibles al calor. Por edades, un 92% de los fallecidos tenía más de 65 años (un total de 273 muertes).

¿No hay vuelta atrás? La evolución de los registros térmicos confirma que el margen para frenar el calentamiento global se reduce de forma crítica. Si las previsiones sobre la intensidad de El Niño se materializan, 2027 podría consolidar de manera permanente umbrales de aumento de temperatura sin precedentes históricos, hasta convertir los 1,7 ºC en una cifra que deje de pertenecer al terreno de las proyecciones para convertirse en una nueva referencia de la realidad climática.

Pero, además de las altas temperaturas y de la falta de agua, han llegado los incendios forestales que, a mitad de agosto, ascienden a 290.000 en el sistema europeo de seguimiento EFFIS. Los datos provisionales de 2026 muestran que la gravedad de los incendios se ha adelantado y acelerado de forma drástica respecto a periodos equivalentes de años anteriores, superando en ciertos tramos temporales el ritmo de destrucción de campañas históricas previas.

Para completar la situación, distintas comunidades de la península como Galicia, Cantabria, Euskadi, Asturias, La Rioja… han estado en situación crítica por falta de agua. Hemos visto una vez más cómo camiones cisternas trasportaban agua en diversas comunidades, que es el resultado inevitable de haber gestionado el agua bajo la falsa premisa de que es infinita. Es el caso, entre otros, del municipio vizcaíno de Karrantza, que recibe hasta 300.000 litros diarios de agua en cisternas para garantizar el abastecimiento durante agosto, y también hay restricciones de uso en 21 municipios de Urdaibai y en varias localidades alavesas.

En este contexto, hemos visto de forma reiterada, como el verano pasado, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, hacer llamamientos a las fuerzas políticas, instituciones y agentes sociales para forjar un gran Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, con el fin de superar la confrontación partidista ante fenómenos extremos como las olas de calor e incendios forestales. Hasta el momento, más de 250 organizaciones se han adherido ya al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que merece su felicitación.

Ahora bien, resulta difícil de entender que la postura de 250 organizaciones no vaya acompañada de una reivindicación igual de fuerte de mecanismos permanentes de participación, mecanismos que están ausentes del Pacto. En el Estado español ya se ha ensayado varias asambleas ciudadanas por el clima a nivel estatal –en Cataluña, Navarra, Baleares, próximamente en Euskadi…, o en ciudades como Bilbao–, pero ninguna fue vinculante y sus recomendaciones no han tenido mucho recorrido. De hecho, el Observatorio de Sostenibilidad (OS) ha analizado el cumplimiento de las 172 recomendaciones ciudadanas en la Asamblea Ciudadana del Clima estatal desarrollada entre 2021 y 2022, y el resultado es el siguiente: el 10% de estas propuestas registran retrocesos, en el 42% no se ha producido ningún avance y en el 43% de los casos se dan avances puntuales. Finalmente, se detecta un 4% progresos y tan solo en un 1% la recomendación está fase de cumplimiento.

Mientras el Pacto de Estado climático sigue encallado en el mismo callejón sin salida política –sin el respaldo del PP, sin mecanismos vinculantes, sostenido más por la adhesión de organizaciones que por un consenso real entre partidos–, se han quemado ya en el Estado español más de 250.000 hectáreas este año y sigue sin los recursos de prevención necesarios. Por eso ha surgido, al margen de las grandes organizaciones, una petición ciudadana -Todos contra el Fuego- que exige, además de ese Parlamento Ciudadano Climático, redirigir las ayudas públicas hoy tóxicas para el medio ambiente hacia el pastoreo, la ganadería extensiva y unas condiciones dignas para quienes producen lo que comemos, en lugar de sostener los modelos industriales que vacían el territorio. Es exactamente el tipo de exigencia concreta y verificable que a los pactos institucionales les falta.

“La mayoría de la población quiere que la ciencia marque el rumbo y quiere participar en las decisiones que afectan a su vida. Pedimos crear una asamblea ciudadana por sorteo con un consejo científico de capacidad real, para que los objetivos del Pacto de Estado se fijen según la evidencia y no según la negociación entre despachos”. Llamamiento de “Todos contra el fuego”.