Harrera Sarea denuncia identificaciones policiales en Donostia durante sus actividades con personas sin hogar: “Ayudar no es un delito”

La asociación Harrera Sarea ha comparecido públicamente frente al Ayuntamiento de Donostia para denunciar el hostigamiento que, según asegura, sufren las personas en situación de calle por parte de la Guardia Municipal y la Ertzaintza. El colectivo alerta de que la persecución policial, intensificada tras la prohibición municipal del reparto de cenas solidarias de Kaleko Afari Solidarioak (KAS) el pasado 27 de julio, también se ha extendido a sus voluntarios mediante identificaciones y amenazas de sanción por proporcionar alimentos a personas vulnerables.

Harrera Sarea es una red ciudadana de acogida formada por voluntarios cuyo objetivo es acompañar y apoyar a personas migrantes. Entre sus labores se encuentran el asesoramiento administrativo, el acompañamiento para reforzar la relación con los Servicios Sociales y el empadronamiento, así como el reparto de alimentos —acción que hacía KAS—, ropa de abrigo, mantas y sacos de dormir. Con ocho años de trayectoria, a la red le resulta inaceptable que se normalice, en este nuevo panorama, que “la solidaridad sea vigilada, perseguida o amenazada con sanciones”.

Las portavoces de la red han censurado el aumento durante los meses de verano de actuaciones policiales que, según denuncian, incluyen desalojos, campañas de “limpieza”, amenazas para que las personas abandonen los lugares donde pernoctan, así como la rotura de pertenencias y tiendas de campaña rajadas. En este contexto de vulnerabilidad, Harrera Sarea ha recordado que, desde noviembre de 2025, han fallecido en la ciudad al menos siete personas sin hogar. De ellas, cinco murieron, según la asociación, como consecuencia directa de las precarias condiciones a las que les aboca la vida en la calle.

La plataforma también ha criticado la gestión del alcalde de Donostia, Jon Insausti, a quien acusa de “intentar lavar su actitud” ofreciendo recursos asistenciales “completamente insuficientes”. Según ha detallado la asociación, una persona sin hogar puede enfrentarse a una lista de espera de entre tres y cuatro meses solo para obtener una primera cita con una trabajadora social en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).

A partir de ahí, el sistema exige, según Harrera Sarea, otros tres meses de espera para poder empadronarse y, una vez transcurridos seis meses con el padrón activo, solicitar una entrevista de valoración. A esto se suma otro mes de espera para recibir la resolución y las posteriores colas para acceder a un recurso habitacional. En la práctica, aseguran, una persona “puede pasar entre uno y dos años viviendo en la calle sin ningún tipo de recurso estable ni apoyo efectivo”.

A este entramado burocrático se suma, según la denuncia, la falta de servicios básicos municipales para las personas sin hogar. Harrera Sarea ha expuesto que el albergue municipal ofrece un máximo de cinco noches de pernocta cada tres meses, que no existe ningún comedor social público en la ciudad y que el acceso a duchas o lavadoras resulta insuficiente. Asimismo, critican que el Consistorio no proporciona ropa ni mantas a quienes duermen a la intemperie, mientras se presenta como el municipio con más iniciativas desarrolladas en este ámbito, aunque, a su vez, criminaliza la ayuda humanitaria.

Entre los episodios de acoso policial más alarmantes, la red ha relatado la identificación y amenaza de sanción en el interior de la biblioteca del centro cultural Tabakalera a varias voluntarias, algunas acompañadas por sus hijos menores de edad, por compartir la merienda con jóvenes sin hogar. Del mismo modo, según Harrera Sarea, patrullas policiales irrumpieron para identificar y amenazar a colaboradoras que impartían clases básicas y voluntarias de castellano y euskera. Estas clases se organizaban, según lo que explica la red, ante la falta de plazas suficientes en los cursos oficiales, las cuales fueron intervenidas por la simple presencia de alimentos en el espacio de estudio común.

Harrera Sarea ha calificado estas intervenciones de “profundamente discriminatorias y racistas” por obstaculizar, a su juicio, los procesos de integración y aprendizaje de idiomas que las propias instituciones exigen a los jóvenes migrantes. Las portavoces han concluido su intervención incidiendo en lo “grave y triste” que resulta sufrir persecución institucional en pleno siglo XXI por ejercer la solidaridad y han reafirmado que, independientemente del origen de las personas asistidas, “ayudar no es un delito”.