Donostia desoye las quejas de los vecinos y sigue adelante con los alojamientos dotacionales en Riberas de Loiola

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia ha rechazado la solicitud de la Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola para paralizar la licencia de obras de 83 alojamientos dotacionales. Mientras el Consistorio defiende la plena validez de la autorización concedida al Gobierno vasco, la asociación vecinal acusa a la Administración de ignorar las contingencias judiciales y económicas que, a su juicio, podrían afectar al erario público. Con esta resolución, se agota la vía administrativa municipal y el proyecto urbanístico previsto para la parcela mantiene su curso.

El conflicto se origina en una parcela del barrio de Riberas de Loiola que lleva más de una década en desuso. La asociación considera que el espacio podría destinarse a servicios para el barrio, como un centro de salud, un 'haurtxoko' o un club de jubilados, ya que actualmente no cuenta con ninguno de ellos. Sin embargo, el Gobierno vasco prevé construir 83 alojamientos dotacionales en el solar, un proyecto que, según los vecinos, no contempla estos servicios que fueron prometidos en su momento.

Ante el avance del proyecto, la asociación compareció a principios de junio en el Parlamento Vasco para solicitar su paralización. Tras no conseguirlo, recurrió al Ayuntamiento de Donostia el pasado 21 de julio para pedir la suspensión de la licencia de obras de la parcela. La solicitud tampoco ha sido atendida.

La petición al Consistorio se fundamentaba en la existencia de dos litigios activos: un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela G.0007 y un recurso especial contra los pliegos de contratación ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO). El colectivo advertía de que continuar con la tramitación de las obras y la contratación mientras estos procedimientos siguen abiertos podría causar “perjuicios de difícil o imposible reparación” para las arcas públicas y terceros.

El Ayuntamiento de Donostia, sin embargo, considera que no existen motivos legales para paralizar la licencia. Según fuentes municipales, “no se aprecia que concurran ninguno de los dos supuestos necesarios establecidos”, ya que “no se acreditan los perjuicios de imposible o difícil reparación y no existe causa de nulidad de pleno derecho” en los actos de tramitación. Con este acuerdo, la Junta de Gobierno Local da por finalizada la vía administrativa ordinaria. A partir de ahora, los recurrentes pueden presentar un recurso de reposición potestativo o acudir directamente a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

La Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola ha respondido calificando la decisión del Ejecutivo local de “huida hacia adelante”. La entidad alerta de una “temeridad gravísima” que podría derivar en indemnizaciones millonarias con cargo a los impuestos ciudadanos si la Justicia anula finalmente el planeamiento cuando las obras ya hayan comenzado. El vecindario también manifiesta su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que la desestimación forme parte de una estrategia de “hechos consumados” para consolidar la transformación física del suelo antes de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.