Vecinos de Riberas de Loiola de Donostia reclaman al Gobierno vasco que paralice los alojamientos dotacionales

La vecindad de Riberas de Loiola ha comparecido en el Parlamento Vasco este martes para denunciar la falta de respuesta coordinada entre instituciones en torno al desarrollo del barrio donostiarra. Ha advertido de que la planificación urbana no ha ido acompañada de servicios ni de equipamientos suficientes para la población residente y proponen una mesa interinstitucional para lograr una mayor coordinación. Piden la paralización de las viviendas dotacionales anunciadas.

Javier Santos, vecino del barrio Riberas, ha explicado que el barrio, con más de 20 años desde su construcción, cuenta con 2.527 viviendas y más de 6.000 habitantes, según los datos que recabaron del Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Donostia. Ha expuesto que, a pesar de ello, Riberas no cuenta con un centro de salud, hogar de jubilados, haurtxoko ni gazteleku, servicios que quedaron pospuestos por falta de presupuesto a la hora de construir el barrio.

El vecino ha explicado que el planteamiento institucional que propone el Gobierno vasco con la construcción de apartamentos dotacionales no aborda integralmente la falta de equipamientos, servicios y planificación coordinada que denuncian desde hace años. En ese sentido, han insistido en que las soluciones planteadas “no responden a la magnitud de los problemas detectados”. Santos ha pedido que se haga un mayor diagnóstico del barrio para reconocer estas necesidades y la importancia de que sean atendidas.

En ese contexto, Santos ha pedido, en el nombre de su comunidad, la creación de una mesa interinstitucional que reúna al Gobierno vasco, al Ayuntamiento de Donostia y al resto de agentes implicados en el proyecto para alcanzar una propuesta global. “La coordinación actual es insuficiente”, ha añadido. Ha invitado a los comparecientes a tocar la puerta en las demás comisiones para hacer frente al desequilibrio en el crecimiento del barrio.

Desde la oposición, el PP, representado por Ana Morales, ha criticado la falta de coordinación institucional y ha reprochado los desencuentros entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Donostia. Ha advertido de que la situación podría estar bloqueando el avance de proyectos clave en la ciudad. Con ella, se alineaba Marijo Etxegoien, portavoz del PNV, quien también ha abogado por una mayor cooperación institucional para desbloquear actuaciones urbanísticas.

Itziar Murua, portavoz de EH Bildu, ha señalado la necesidad de reforzar la intervención pública en materia de vivienda y planificación urbana, concordando más con el PSE-EE. Este último partido, representado por Adrián Fernández, ha respaldado la gestión del Gobierno, cuyo consejero proviene del mismo partido político, y ha subrayado la necesidad de seguir ampliando el parque público de vivienda en Donostia.

Tras la comparecencia de los vecinos, la comisión ha continuado con la presencia del consejero de Vivienda y Agenda Urbana del , Denis Itxaso. Morales le ha preguntado durante la comisión al respecto de la coordinación interinstitucional entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Donostia para la intervención en las parcelas de Riberas de Loiola. Durante el mes de febrero, tanto Itxaso como Jon Insausti, el alcalde de Donostia, anunciaron que, en la misma parcela, construirían 200 y 400 viviendas respectivamente. Dichos anuncios mostraron esa falta de coordinación.

El consejero ha comenzado su intervención criticando lo “curioso que resulta” que el PP esté haciendo preguntas sobre vivienda pública. “Donde gobierna, ha hecho precisamente de la descoordinación del incumplimiento de la normativa estatal y de la ausencia de política pública, su principal señal de identidad”, ha opinado Itxaso.

Contestando la pregunta de la portavoz del PP, Itxaso ha defendido que sí existe coordinación interinstitucional y ha rechazado la idea de bloqueo entre administraciones, enmarcando la actuación del Gobierno en una estrategia de colaboración con el Ayuntamiento de Donostia y otras instituciones. Ha sostenido que el foco debe ponerse en los resultados de las políticas de vivienda y no en los desencuentros políticos, y ha reivindicado los proyectos en marcha como prueba de esa cooperación, afirmando que “eso es coordinación útil”, en referencia a las actuaciones de vivienda pública impulsadas en distintos ámbitos de la ciudad.

Tras la respuesta del consejero, Morales ha replicado criticando duramente su intervención y acusándole de evitar la autocrítica sobre los desencuentros con el Ayuntamiento de Donostia. Ha considerado que Itxaso ha centrado su discurso “dar aquí anuncios y autobombo”, en lugar de explicar la situación de coordinación institucional. Morales ha señalado su mayor enfoque en otros gobiernos que en su relación con el consistorio donostiarra. Además, ha advertido de que los proyectos en Riberas de Loiola estarían viéndose afectados por esos cruces de declaraciones y ha reclamado que se asuman responsabilidades.

La preocupación por las viviendas de Vitalquiler llega al Parlamento

Previo a la comparecencia de los vecinos de Riberas de Loiola, la comisión se ha centrado en Vitoria, específicamente, en los cientos de inquilinos de Vitalquiler. Rubén Iturre y Miriam Díaz, representantes del sindicato LAB, junto a Amaya de la Cruz, inquilina de Vitalquiler, han comparecido para denunciar la situación de familias afectadas por la pérdida progresiva de la calificación de vivienda protegida.

Según ha declarado la inquilina, desde septiembre de 2025, cuando las viviendas pasaron al mercado libre en manos de Vitalquiler, hubo una subida de renta de hasta 300 euros mensuales. Junto a este aumento, se adjuntan unas nuevas condiciones que consideran abusivas, como la obligación de pagar el IBI, avales de 3.500 euros o la renuncia al derecho de adquisición preferente. De la Cruz ha señalado que muchas de estas viviendas “solo cuentan con el baño, unos pocos muebles de cocina y no tienen electrodomésticos, ni siquiera vitrocerámica”.

El sindicato LAB ha advertido de una situación de inseguridad residencial, con familias que desconocen si podrán seguir en sus viviendas o asumir las nuevas condiciones económicas. Por ello, ha reclamado garantías para la continuidad en los alquileres, la revisión de cláusulas consideradas abusivas y la intervención directa del Gobierno vasco. Entre estas intervenciones, han pedido la aplicación efectiva de la normativa de zonas tensionadas, el respeto a las prórrogas legales, la revisión de los contratos ya firmados bajo presión y el estudio de la incorporación de estas viviendas al parque público de alquiler social de forma permanente.

Fernández, portavoz del PSE-EE, ha defendido que la vivienda “no puede tratarse como un bien de mercado ordinario” y que “no existe una relación de igualdad entre una familia y un fondo de inversión que gestiona cientos de viviendas”. Ha insistido en la aplicación de las prórrogas legales incluso en contratos previos a 2023 y en la intervención del Gobierno vasco para reequilibrar la situación. En la misma línea, Jonatan Moreno del PNV ha subrayado la importancia de la “mediación” para “tratar de reequilibrar esas situaciones de desigualdad”. También, ha defendido el refuerzo de las ayudas públicas y del nuevo marco normativo como herramientas para evitar desprotección en el acceso a la vivienda.

Por otro lado, EH Bildu y el PP han compartido la idea de que la respuesta debe ir más allá del corto plazo, aunque con enfoques distintos sobre el papel del mercado y la intervención pública. Murua, representando a EH Bildu, ha reclamado que “se cumpla la normativa de zonas tensionadas de forma activa” y que “a quien no lo cumpla, se le aplique ese régimen sancionador en modo activo, de forma proactiva”. Por su parte, Morales, del PP vasco, ha sostenido que el cambio de calificación implica un nuevo escenario en el que “hoy esas viviendas ya no tienen la calificación de vivienda protegida y el paraguas que existía antes de un programa social de alquiler ya no existe”. Ha defendido explorar soluciones institucionales y de mercado como prestaciones o acuerdos de apoyo.