VPOs para ricos

Menudo veranito lleva el Consell. El personal no pisa la calle por culpa de la canícula, y en la Generalitat van 'a tope de power'. Y mira que este año el calor aprieta. Pérez Llorca ha pisado el acelerador y, aprovechando que todos miramos para otro lado, no ha tenido mejor ocurrencia —hay otras, pero a la misma altura— que subir el precio de las VPP (Viviendas de Protección Pública). Como la gente la confunde con las VPO, (que son casi lo mismo, pero para personas con menos recursos), se piensan que una vez más el hachazo lo van a pagar los pocarropa.

No es el caso; aquí de lo que se habla es de pisos para gente que se los puede pagar, pero como quiere algo mejor no le hace ascos a que les echemos una mano entre todos. La VPP son las VPO de esa clase media aspiracional que vota tanto al PP como al PSOE, aunque los socialistas ahora se hagan los longuis. Es como la educación subvencionada, algo que se critica con la boca pequeña no vaya a ser que les cueste votos.

Nada que objetar a que los que van cortos de posibles y no puedan acceder a una vivienda, tengan un techo. Son casas funcionales, que cumplen su labor. Poco lujo, pero menos es nada. Luego se pueden convertir en un hogar o en un infierno, eso es al gusto de consumidor.

Lo de las VPOs, al margen de quién parió la idea, está bien. Demasiado bien, debieron pensar algunos, como para dejárselo a los que de verdad las necesitaban. Así que, hecha a ley, hecha la mangarrufa, y cuando las competencias en materia de vivienda fueron transferidas a las autonomías, se hizo la luz. Así nacieron los VPP (Viviendas de Protección Pública) en sus distintas modalidades: VPPB (de hasta 110 m²) y VVPL (hasta 150 m²). En definitiva, viviendas sociales para quien podía pagarse un piso, pero quería algo mejor, sobre todo si se las pagaba otro. Del espíritu de cómo funcionan las VPP no hace falta añadir mucho. Solo cabe echar la vista atrás y recordar el escándalo cerrado en falso de Alicante, y que ahora espera su momento de gloria en la Fiscalía Anticorrupción. La ralea de los personajes implicados (notarios, concejales, arquitectos…) da la medida exacta de para quién están pensadas: para los que no las necesitan.

Y antes de echarle toda la culpa al PP, recordemos que ni el gobierno autoproclamado más progresista de la historia, ni aquí el Botànic cuando pudo, han movido ficha. Ahora, pelín tarde, el PSOE sí que ha pedido rebajar el precio del módulo, limitar la capacidad económica de quien pueda acceder (un requisito muy fácil de sortear), y (aquí estoy de acuerdo) que no pasen nunca a ser de renta libre.

Pero a lo que íbamos. La polémica de la semana es que el Consell ha aumentado la cantidad que puede cobrar el constructor por una VPP. Con esta, van dos subidas desde que el PP regresó al Palau de la Generalitat. Si hace unos días lo más que se podía pagar por un metro cuadrado era de 2.400 euros —200 más que en 2023— ahora será de 2.658. Básicamente, estas casas cuestan ya casi lo mismo que las de renta libre.

¿Está justificado el aumento? Que el coste de los materiales ha subido en los últimos años (y no parece que vaya a parar) es innegable. Pero con las opiniones pasa como con los culos, todo el mundo tiene uno. Lo que a unos les puede parecer un atraco, para otros es razonable por muy impopular que parezca. Así, entra en acción el Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica, que depende de una cátedra salchichera (como la de Begoña Gómez) de nombre Observatorio Vivienda. Esta institución, con el plus de credibilidad que da el formar parte de una institución pública del prestigio de la UPV, afirma que todo este embolic no es otra cosa que una “corrección parcial” y que el aumento no es “premio para el sector promotor”. Habrá que creerle. Pero solo hasta que ves quién financia la cátedra: Hub de Inversión Inmobiliaria, Urbania Developper, Lando Co, el despacho Broseta, la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (ASICVAL)… y te entran unas ganas irrefrenables de mandarlos a la mierda.

Según la diputada socialista María José Salvador —se lo ha currado—, acceder a este tipo de solución habitacional, como dicen los puristas, supone encadenarse al banco a razón de entre 700 y 900 euros al mes durante 25 años, amén de poner por adelantado cerca de 46.224 euros. Y eso sin tener en cuenta impuestos y gastos asociados. Ni un pero le pongo, aunque por alguna razón que se me escapa, cuando el Botànic subió en 2023 el precio del metro cuadrado 400 euros de una tacada, este tipo de cálculos no procedía. Estas cosas, en política, pasan.

No le afeo el cálculo a la diputada, pero no está hablando de gente que no puede acceder a una casa sino de la que sí puede pero quiere algo mejor a costa de otros. Entre 700 y 900 euros al mes es el típico gasto fijo que si la vida te da un sustito, acabas embargado. Si te arriesgas es porque puedes. Y luego se olvida que no hay VPP que no incluya otro chorro de gastos fijos: portero, jardineros, mantenimiento del gimnasio y el padel, sin olvidar esa piscina —símbolo de estatus— tan minúscula que el 15 de julio el agua ya está tan caliente que parece que te estés bañando en lefa. Esto, por lo bajo, ya que el cálculo es para pisos de 90 metros cuadrados; los de 150 no lo quiero ni pensar. No hace falta un MBA para entender que el que puede superar todos esos obstáculos no necesita ayuda de ningún tipo.

Y luego, de telón de fondo, el problema de la vivienda. Como no se puede solucionar para todo el mundo, la VPP es la solución para los de siempre, que el resto ya se está acostumbrando a la precariedad, y el que hoy traga con el coliving como solución, le aprietas las tuercas un poquito y ya comulgará con el bajounpuenting.