La corrupción en Alonsotegi mira ya a un segundo juicio con otro alcalde para el que se piden hasta siete años de cárcel

El primero de los tres juicios por los delitos de corrupción investigados en el municipio vizcaíno de Alonsotegi y que afectan a los mandatos de tres alcaldes consecutivos del PNV, Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007), Aitor Santisteban (2007-2011) y el difunto José Luis Erezuma (2011-2015) ha quedado visto para sentencia esta semana después una única pero maratoniana vista. Se espera que el fallo pueda conocerse en unas semanas, según fuentes judiciales.

Pero el segundo está ya en puertas de celebrarse, aunque no haya una fecha fijada. Está casi todo listo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan siete años de prisión para Santisteban, que está acusado de facilitar desde su puesto con sucesivas resoluciones que empresas contratistas pudieran cobrar elevadas cantidades de dinero por obras que aparentemente no se realizaron. Le acusan de varios delitos. Inicialmente también de malversación de caudales públicos, un tipo retirado a última hora en el primer juicio. EH Bildu, que desde la oposición denunció las irregularidades en el municipio y que ahora ha relevado al PNV en la alcaldía, aún no ha presentado su calificación como acusación popular pero en la primera de las causas sí sostiene la tesis de que además de prevaricación o falsedad hubo un uso negligente de los caudales públicos.

El 'modus operandi' de los hechos descritos en esta pieza es similar al del primero de los juicios. Prácticamente idéntica. Si en la vista de esta semana se ha revisado una salida de 680.000 euros a la constructora Laneder con cargo a unas subvenciones de la Diputación principalmente, en la que afecta a la etapa de Santisteban, aquí la factura sube a 2,3 millones de euros y las beneficiarias fueron Laneder pero también Pabisa (Campezo). La participación del Estado como acusación, una novedad en relación al primer juicio, se fundamenta en que las subvenciones solicitadas en esta ocasión fueron a la Diputación vizcaína (1,7 millones) pero también al 'plan E' del Gobierno central durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, se cobraron dos partidas de unos 230.000 euros.

Los nexos en común entre ambas causas, aunque se tramite de forma separada, no quedan ahí. Entre los imputados figura en ambos procesos Alberto Zulueta, arquitecto contratado por el Ayuntamiento y que figura también en la tercera de las piezas. Por él pasaban los informes que valoraban las actuaciones y también recibía contrataciones municipales. El tercer caso es algo diferente. En la forma y en el fondo. En la forma porque será juzgado con un tribunal de jurado. Y en el fondo porque lo que se revisa es la actuación de la sociedad urbanística municipal en su conjunto. Alonsotegi Eraikiz, como se llamaba, dejó un agujero de 15 millones de euros. Están procesados Martínez de Arenaza y de nuevo Santisteban. Erezuma falleció a comienzos de 2023 por una grave enfermedad. Con ello se extingue la responsabilidad penal pero ahora se dilucidará si sus herederos tendrían que afrontar alguna responsabilidad civil o económica en caso de ser declarado culpable.

En realidad, los empresarios implicados ya confesaron en la fase de investigación que cobraron esas facturas. No lo negaron tampoco en el juicio los dos representantes de Laneder, Eduardo Ibarra y Francisco Javier Bediaga. Pero, ¿por qué sucesivos alcaldes hacían actuaciones políticas y administrativas para beneficiar a terceros poniendo en riesgo su cargo e incluso su libertad sin que conste que tuvieran un beneficio directo? En el caso de Santisteban se entiende que el delito fue “continuado”.

Es una pregunta que ha quedado en el aire y que en otras causas tampoco se ha resuelto. Un ejemplo: el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, también del PNV, Xabier Sánchez Robles, cumple desde mayo una larga pena de seis años de cárcel por facilitar que la trama corrupta de Alfredo de Miguel, igualmente preso, obtuviera contratos irregulares y financiación. Nunca explicó por qué lo hizo más allá de la tesis de la Fiscalía de que el nexo común entre Sánchez Robles y De Miguel era su amistad y afinidad por compartir militancia. Su letrado era Javier Beramendi, que ahora de nuevo reaparece como defensor de los acusados en Alonsotegi.