Uno de los detenidos por “terrorismo” llevaba controlado por la Ertzaintza desde 2015 y fue investigado por Pedraz

Uno de los detenidos por la Ertzaintza acusado de “terrorismo” y ahora en prisión preventiva por orden del magistrado del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña estaba siendo monitorizado por la Oficina Central de Inteligencia (OCI, la unidad antiterrorista de elite) desde al menos 2015, según fuentes policiales. En aquel momento ni siquiera existía la organización Jarki, de la que es considerado el “motor principal”, que data de 2017.

Según estas mismas fuentes, las actuaciones de la Ertzaintza llegaron a estar bastante elaboradas y se enviaron igualmente a la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz llegó a abrir diligencias de investigación, pero no cristalizaron. En la primera información de este caso, un comunicado de la Ertzaintza, se aludió a “antecedentes relevantes” de los implicados, pero sin más precisiones. También pesa sobre él una petición de “seguimiento discreto” por parte de Francia por razones de “seguridad nacional”.

La OCI es una unidad con base en Erandio. Es una brigada reorganizada precisamente después del final del terrorismo de ETA, del que ahora se cumplen quince años. Lo que antes fue AVCS, UIA o DAI se reestructuró ante la nueva realidad, con más dedicación al yihadismo y nuevas amenazas pero con una parte que siguió analizando casos pendientes o posibles disidencias.

Jarki, la actual organización de este investigado, es una de las patas de la coordinadora Jardun, considerada disidencia de la izquierda abertzale y sin relación orgánica alguna bien con Sortu/EH Bildu o bien con el pujante movimiento GKS. Según el juez Piña, que yerra y llama al colectivo “Jordun Koordinadoro” en el auto de prisión provisional, Jarki es “izquierda radical violenta” y el detenido “participó muy activamente” en su creación. De hecho, antes de 2017 colaboraba con otras personas de Gipuzkoa y Navarra que siguieron otros caminos desde entonces, siempre según las fuentes consultadas.

Se cree que este varón ha ejercido labores de “captación” de militancia, de “elaboración de manuales de seguridad” y “directrices organizativas”, de redacción de “ponencias políticas”, de “gestión de finanzas”, de “organización de actos” o de “interlocución con otras organizaciones”, a la luz de los indicios que maneja el Tribunal Central de Instancia para decretar la privación de libertad. Esto es una medida excepcional y que tiene que estar justificada por la gravedad de los hechos presuntamente cometidos y otros parámetros como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

Este hombre, que tiene 34 años, fue identificado a finales de septiembre en un vehículo en el que era el copiloto. La conductora, de 22 años, la otra encarcelada, tenía igualmente una orden de “seguimiento discreto” de Italia, sin que se detalle los hechos concretos que se le imputan. Había un tercer ocupante del coche, un irlandés al que se asocia con la disidencia de la extinta organización terrorista IRA. Su paradero es desconocido.

El abogado de los investigados, Aratz Estomba, ha denunciado la “infiltración” policial en los movimientos en los que militaban estas personas. Aske, otra de las patas de Jardun, ha ofrecido este miércoles en Vitoria una rueda de prensa en la que igualmente ha considerado toda esta investigación un “montaje policial”. Han insistido en llamar “cipayos” a la Ertzaintza.

Aske ha demandado la “inmediata puesta en libertad” de ambos presos porque han sido encarcelados “sin ninguna base”, con “pruebas sin ningún valor”. Han asegurado que las referencias a “armas y explosivos” –que según los responsables de la investigación tienen que ver con el conocimiento de zulos de ETA, en plural– se fundamentan en llenar de pintura extintores. Sostienen que si el listón de “terrorismo” se pone ahí “cualquier persona organizada” estaría en riesgo de ser procesada.