Euskadi aspira a recibir en marzo la transferencia de Cercanías, en puertas de las elecciones autonómicas

Este martes, en Madrid, la consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, del PNV, se reúne por vez primera con el nuevo ministro de Política Territorial de Pedro Sánchez, el expresidente canario Ángel Víctor Torres, socialista. Con este encuentro, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu da por iniciada la cuenta atrás de tres meses pactada con el PNV en la investidura para la materialización de tres transferencias pendientes del Estatuto de 1979, parte de las políticas de atención de la migración, la homologación de titulaciones extranjeras -particularmente en Sanidad- y, sobre todo, las líneas de Cercanías de Renfe en las áreas metropolitanas de Bilbao y de Donostia. Euskadi aspira a recibirlas ya en marzo, antes del 19, previsiblemente en puertas de las elecciones vascas de 2024.

“Creo que a partir de este primer contacto formal y oficial se puede dar por iniciado este plazo de tres meses. Hace referencia a tres cuestiones muy concretas, tres materias sobre las que existe muchísima información y para cuya culminación sólo hace falta un impulso y voluntad política”, ha explicado el consejero-portavoz vasco, Bingen Zupiria. La más relevante de las tres, Cercanías, ya tenía muy avanzado el acuerdo en la pasada legislatura y, de hecho, se llegó a explicar su letra pequeña. No conllevará ni la cesión de las infraestructuras que sean comunes a otras líneas estatales ni la desaparición de Renfe, que seguirá siendo la operadora.

A falta de la valoración posterior al encuentro, el Gobierno autonómico sostiene que “existen los mimbres suficientes” para obtener un “acuerdo en el menor tiempo posible”. Además, Zupiria ha señalado que hay otras “siete u ocho” transferencias para las que la parte vasca de la mesa ya ha lanzado propuestas y que podría negociarse también sin excesiva dilación.

Esta legislatura de Sánchez ofrece una novedad respecto de la anterior. Hace cuatro años se prometió un calendario de desarrollo de todo lo pendiente del Estatuto de Gernika con una excepción, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Entonces se habló de hacer un “estudio” y no de transferirla. Ahora, sin embargo, el PSOE sí ha abierto la puerta a algo que está previsto en casi una decena de comunidades pero que nunca se ha satisfecho.

Se trata no de romper el sistema único sino de que funcionarios autonómicos sean los gestores y pagadores. Es el modelo del IMV recientemente cedido a Euskadi, una prestación estatal de la Seguridad Social tramitada por la Administración autonómica. Zupiria ha remarcado que este punto no está en las materias que deberían cerrarse antes de marzo ni en los otros temas previamente reclamados por Euskadi pero que sí o sí hay que abordarlo en esta legislatura estatal.