Euskadi estudia que los transportes con superávit cubran parte del déficit de los que tengan pérdidas

El Gobierno vasco trabaja en una “propuesta” de modificación del sistema de tarifas en el transporte público de Euskadi que incluye un punto para tratar que los operadores que puedan tener superávit cuando se cambie el modelo cubran parte del déficit de los posibles perjudicados. Este sistema, cuya definición está en fase “muy inicial”, según fuentes del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes dirigido por el socialista Iñaki Arriola, implicaría trasvase de fondos entre instituciones en algunos supuestos, aunque de momento se circunscribe al ámbito provincial y no a toda la comunidad autónoma.

En Euskadi, hay redes de transporte de ámbito local, foral, autonómico y estatal, además de operadores privados. Desde hace meses, en un debate que se ha entremezclado con el de los descuentos en los billetes para combatir la inflación, el área de Transportes del Ejecutivo de Iñigo Urkullu viene diseñando un modelo tarifario que permita no solamente el uso de cualquiera de las tres tarjetas (Barik, Mugi y Bat) en todo el sistema sino transbordos entre diferentes servicios y también un modelo común de precios que implique bonificaciones en función de la renta, la edad o el uso.

Según las fuentes consultadas, el modelo -particularmente cuando se produzcan trasbordos- puede generar que algunos servicios se vean más beneficiados económicamente. Así, según la documentación enviada al Parlamento Vasco en respuesta a una pregunta de Elkarrekin Podemos-IU, se indica que se ha diseñado un modelo de “compensación para pérdidas del sistema”. La redacción textual enviada por Arriola a la Cámara reza que los “operadores que ganan” han de “distribuir el 50% de sus mayores ingresos” con los “operadores que pierden”, aunque “hasta un máximo de 10%” de las pérdidas.

Fuentes del equipo de Arriola añaden que “la propuesta del Gobierno vasco pasa por por fijar un base de ingresos que sirva como referencia para ver cómo cambian las cuentas de cada operador”. De ese modo, si se aprecian oscilaciones, se activarían las compensaciones. “Si hay, por ejemplo, un operador que gana más que el año base y en esa misma provincia otros operadores pierden, la propuesta plantea que se utilice la mitad de ese dinero adicional y se utilice para paliar esos menores ingresos”, señalan desde el Ejecutivo. El resto del déficit, eso sí, lo tendría que cubrir el titular de cada operador. Así, en pura teoría, podría ocurrir que el Ayuntamiento de Vitoria tuviera que pagar al Gobierno vasco si los cambios hacen que Tuvisa -los autobuses y 'beis' de la ciudad- ganen más pasajeros frente a Euskotren -el tranvía-. En Bizkaia y en Gipuzkoa también conviven diferentes instituciones, incluidas las Cercanías de Renfe.

En el Gobierno se insiste en que es una “propuesta”, en que está en fase embrionaria y en que quedaría acotada al ámbito de cada territorio. Eso sí, es un plan que ya conocen todas las instituciones ya que ha sido presentado en el órgano llamado ATE, la Autoridad del Transporte de Euskadi. Allí también se les informó del modelo inicial previsto para aplicar tarifas progresivas. En algunos supuestos el descuento será del 100%, esto es, el transporte público sería gratuito. En la última sesión de control al Gobierno que celebró el Parlamento Vasco, el consejero Arriola indicó que los colectivos seleccionados serían “familias numerosas, personas con discapacidad incluyendo la gratuidad de acompañantes, niños hasta seis años, jóvenes, perfiles sociales y personas mayores”.

“Defendemos una integración tarifaria basada en un sistema de descuentos crecientes en función del uso y de la situación socioeconómica de cada ciudadano. Creemos que se trata del sistema más justo, ya que premia la utilización intensiva de transporte público, y mejora el acceso de las personas con menor renta, así como de colectivos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, familias numerosas o personas con discapacidad. En este sentido, ya hemos puesto en marcha el proceso para llevar a cabo esta iniciativa”, insistió Arriola. El modelo, en todo caso, requerirá de títulos de transporte nominativos e individuales. En Vitoria, por ejemplo, ya se están pidiendo desde que el Ayuntamiento decidió hacer gratuito Tuvisa para los niños hasta 12 años.

6,06 millones en transferencias por los descuentos

Por otro lado, Transportes ha informado este viernes de que ya ha transferido 6,06 millones de euros a las diferentes instituciones municipales y forales para costear el déficit generado por los descuentos del 50% que se vienen aplicando desde septiembre. El 60% de esa rebaja (30% del billete) corre a cargo del Estado y el resto, a partes iguales, entre el Gobierno autonómico y el operador correspondiente.

Según la información facilitada por el Ejecutivo -adelantada en lo tocante a Gipuzkoa por 'El Diario Vasco'- las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han recibido 0,21, 1,12 y 1,16 millones de euros, respectivamente, más de 2,17 millones correspondientes al Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB). En cuanto a las capitales, se han destinado 237.022,6, 376.838,50 y 691.674,97 euros a Vitoria, Bilbao y Donostia. Ha habido transferidas, igualmente, para Agurain en Álava (apenas 275,45 euros); Barakaldo (14.259,61), Etxebarri (6.121,30), Sopela (5.377,03), Leioa (2.186,67) y Erandio (1.940,6) en Bizkaia; e Irún (38.670,67), Errenteria (13.436,57), Arrasate-Mondragón (3.438,84), Zarautz (2.810,29), Eibar (1.018,98), Lasarte-Oria (586,91), Oñati (572,53), Oiartzun (506,33 euros) y Hernani (501,97) en Gipuzkoa.

En 2023, al menos durante los primeros meses, se ha prorrogado este modelo de descuentos. Nuevamente, el Estado cubre el 60%. El PSE-EE, que dirige esta cartera en prácticamente todas las instituciones dentro de sus coaliciones con el PNV, ha hecho bandera de ello y también lo hará en período electoral. De hecho, en Vitoria por ejemplo ya se está haciendo una encuesta para conocer la valoración de la ciudadanía ante estos precios rebajados. El PNV se sumó 'in extremis' al entender que solamente deberían mantenerse si el Gobierno central pagaba gran parte, ya que la idea inicial partió del Ejecutivo de Pedro Sánchez. También Podemos e IU se atribuyen la maternidad de este modelo al ser socios de los socialistas en Madrid y haber forzado al PSE-EE a moverse en el Parlamento Vasco.