La sociedad de Aguas de Vitoria encarga un informe externo sobre los contratos con un condenado por corrupción

La sociedad municipal de Aguas de Vitoria (Amvisa) ha encargado a un experto externo un informe jurídico para analizar la situación de los contratos que mantiene con la empresa Stoa, cuyo administrador Sergio Fernández Oleaga es uno de los condenados en la trama de corrupción del 'caso De Miguel' por haber abonado comisiones ilegales para la obtención de una adjudicación en el parque tecnológico de Miñano, también en Vitoria pero dependiente del Gobierno vasco. Amvisa formalizó dos contratos con Stoa justo recién conocida la sentencia de primera instancia que ahora ha sido ratificada por el Tribunal Supremo. Alegó entonces que aquel pronunciamiento no era firme. Además, hay otros dos expedientes sobre la mesa. Son cuatro, por lo tanto, los contratos en discusión, aunque uno ya se ha dado por “finalizado”, según fuentes oficiales.

El consejo de administración de Amvisa, cuya presidencia recae en la parte socialista de la coalición con el PNV, en concreto en la edil Marian Gutiérrez, se ha reunido este jueves. EH Bildu, principal fuerza de la oposición local, había manifestado ya su interés en que se analizara la situación de los contratos con Stoa, así como de comunicar a los registros de contratistas las circunstancias de esta mercantil, que ahora ha cambiado de nombre y opera como HNK Ingeniería, Urbanismo y Medio Ambiente. Tanto los servicios jurídicos municipales como los de Amvisa y también la Intervención han coincidido con el criterio de solicitar un dictamen “independiente” a un “experto en contratación pública” para dilucidar la posición en que queda Stoa, ya que el fallo del Supremo, como tal, no recoge expresamente la prohibición de contratar con la Administración.

El asunto ya se debatió a principios de 2020, cuando se formalizaron dos contratos nada más conocerse la condena por corrupción de la Audiencia Provincial de Álava. En aquel momento se estimó que el fallo no era firme y Vitoria encargó a Fernández Oleaga trabajos en la depuradora de Crispijana y relacionados con la red de saneamiento por valor de más de 130.000 euros. Eso sí, en la misma época Miñano rescindió precisamente el vínculo que le ataba a Stoa, la contratación lograda precisamente tras el abono de 3.500 euros a las empresas controladas por el influyente ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. La diferencia es que las adjudicaciones municipales ahora vigentes no forman parte de la causa. Además, fuentes de Amvisa recalcan que los informes jurídicos de entonces ya alertaban de que era imposible rescindir contratos en marcha.

En paralelo, tras la condena por corrupción ahora ratificada Fernández Oleaga creó una nueva sociedad mercantil. Se llama Egitu y ya ha empezado a contratar con algunas administraciones públicas. Se de la circunstancia de que uno de los lugares en que ha sido contratada ha sido el Ayuntamiento de Zambrana, precisamente otro de los municipios donde operó la trama de De Miguel. Durante la investigación, Fernández Oleaga calificó al político como un “padrino”. De hecho, en una maniobra nunca explicada, este empresario creó una empresa llamada Marratik a instancias de De Miguel y acompañado de otro de los condenados, el exedil del PNV en Leioa Iñaki San Juan. Ese negocio, que nunca tuvo actividad aparente y en el que político no figuraba nominalmente, se domicilió en unas oficinas de las principales mercantiles del caso, Kataia Consulting y Errexal. Fernández Oleaga sale del proceso judicial con una condena de un año y medio de cárcel que no será efectiva al no llegar al mínimo de dos años.