El Gobierno de Urkullu, del que forma parte del PSE-EE, pide a Felipe González que se posicione contra los GAL

El Gobierno de Iñigo Urkullu, del que forman parte los socialistas vascos, ha realizado a través de su portavoz, Bingen Zupiria, un emplazamiento al PSOE en general, al actual Ejecutivo de España de Pedro Sánchez y a Felipe González en particular un posicionamiento público crítico con los GAL y con el terrorismo de Estado. Zupiria, que expresamente ha declinado dar su opinión sobre González, ha hecho extensivo este emplazamiento a los otros partidos que han gobernado en España desde la dictadura, UCD y PP y a Mariano Rajoy, no por expresidente sino por firmante del indulto a José Barrionuevo.

Precisamente son unas palabras en 'El País' sobre la actividad de los GAL del exministro del Interior con González las que han devuelto a la actualidad la guerra sucia contra ETA en puertas del Día de la Memoria en Euskadi. Se da la circunstancia de que, con motivo de esta efeméride, el Memorial de Víctimas de Vitoria, un organismo dependiente del Ministerio del Interior, va a incluir por vez primera entre los homenajeados a un familiar de una víctima de esta organización. Su identidad no ha sido desvelada aún. Barrionuevo, que fue condenado en su día a diez años de prisión por su responsabilidad en la guerra sucia, apenas cumplió unos meses de la pena.

El portavoz Zupiria, en todo caso, ha querido diferenciar expresamente la actitud de los socialistas “en Euskadi”. Ha explicado que la cabeza del PSE-EE en la coalición, Idoia Mendia, ha trasladado en la reunión semanal del Consejo de Gobierno una reflexión similar a la del secretario general, Eneko Andueza. La posición de los socialistas es “clara y contundente”, ha afirmado la parte del PNV sobre sus socios. El PSE-EE, en todo caso, ha dejado claro que no acepta lecciones de formaciones que no condenan otros terrorismos, en alusión a la izquierda abertzale y ETA.

El Gobierno vasco, asimismo, ha asegurado que respaldará a aquellas víctimas que puedan dar el paso de querellarse contra Barrionuevo por sentirse “humilladas”. En todo caso, ha remarcado que la Fiscalía podría intervenir también “por iniciativa propia”. Los delitos como tales que pudieran derivarse de las actuaciones de los GAL descritas por Barrionuevo están prescritos, si bien “posiblemente cabría abordar este asunto desde el punto de vista de la humillación que han sufrido las víctimas”, ha señalado el consejero-portavoz citando el análisis jurídico preliminar que ha hecho el Ejecutivo.