Hondarribia denuncia a las promotoras del fallido 'outlet' de Zaldunborda al creer que falsearon facturas millonarias

En 2020, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló una modificación del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Hondarribia, gobernada entonces con mayoría absoluta por el PNV; con ello, dio un portazo definitivo al macroproyecto de un 'outlet' en Zaldunborda atractivo también para los visitantes franceses. En 2021, el Tribunal Supremo hizo firme la paralización. El plan, iniciado en 2017, había sido activado en 2019 por el alcalde 'jeltzale' Txomin Sagarzazu justo 24 horas antes de que una ley autonómica restringiera las nuevas grandes superficies comerciales. En 2025, los promotores del fallido proyecto —cien tiendas, locales de hostelería, 2.000 aparcamientos y gasolinera en 28.000 metros cuadrados— reclamaron 13,7 millones al Ayuntamiento, ahora ya en manos de otra formación política, por los supuestos daños y perjuicios. Era el equivalente al 40% del presupuesto anual total.

Ahora, después de contratar una auditoría y un análisis externo de una jurista, el alcalde Igor Enparan (Abotsanitz) ha anunciado la interposición de una querella criminal contra el entramado de empresas detrás del proyecto de Zaldunborda al entender que se pelotearon facturas entre ellas para justificar gastos inexistentes y obtener elevadas sumas de dinero público. En concreto, estas facturas localizadas por el Ayuntamiento sumarían 5,5 millones de euros sin IVA, más de 6,6 millones en total. Son el 90% de los gastos reclamados como “indemnizables”.

“Existen indicios suficientes para promover una investigación penal. Por eso hemos presentado la querella, para que un juez investigue estos hechos. No es una decisión tomada a la ligera”, ha señalado el regidor, que accedió al cargo en 2023 tras una campaña en la que, precisamente, denunció irregularidades de gestión del PNV no solamente en esta materia sino en otras como la cascada de adjudicaciones al grupo de empresas Montai, tras el cual está un miembro del PNV guipuzcoano, Aitor Elorza. Fuentes del PNV puntualizan a este periódico, en todo caso, que ellos también respaldan la apertura de una investigación.

La promotora inicial de lo que en su día se consideró un “monstruo comercial” se llama Higertoki, y estaba controlada por el grupo de gasolineras Esergui (más conocido por su marca comercial AVIA, la séptima en España). Entre 2000 y 2015 estuvo dirigida por José Ramón Arriarán, igualmente excargo del PNV en varias instituciones y recientemente fallecido, pero esta operación ya la realizó su sucesor, Xabier Garmendia. Existe también otra entidad llamada Zaldunborda Berri.

Sin embargo, hacia 2018 Esergui cedió el “control” a otra mercantil Aurkibidea XXI, del grupo VUSA, las siglas de Valeriano Urutikoetxea Sociedad Anónima. VUSA es una relevante constructora vizcaína que fichó al poco de dejar el cargo al alcalde de Hondarribia hasta 2015, Aitor Kerejeta. En Zaldunborda han intervenido sociedades del grupo VUSA como Galdakarra o Durruti XXI.

En los últimos meses, las siglas VUSA han aparecido colateralmente también en las investigaciones al empresario vasco Antxon Alonso, imputado en varias causas de corrupción por ser socio, presuntamente, de los socialistas Santos Cerdán, Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez. Según la Fiscalía, la trama de Alonso se valió de sus contactos en VUSA para ingresar del orden de 100.000 euros en una sociedad llamada Mediaciones Martínez, de la que se sospecha que fue una pantalla para recaudar comisiones ilegales. La compañía, en su momento, no quiso hacer comentarios al respecto.

La querella de Hondarribia apunta que desde que el Supremo hizo firme la anulación del PGOU al inadmitir los recursos contra la primera sentencia las promotores pudieron activar la reclamación de cantidades en concepto de indemnización. Pero desliza que no lo hicieron hasta pasados varios años, hasta finales de 2025. Y que eso tuvi una razón concreta. Se estima que se quiso esperar a la prescripción fiscal de los movimientos económicos sospechosos. “La demanda fue interpuesta una vez transcurrido el plazo de prescripción para la comprobación de las referidas operaciones y facturas por la Administración tributaria, quedando así sustraídas a una eventual revisión”, estima la argumentación judicial que llevará al juzgado el Ayuntamiento de Hondarribia. El asunto se residenciará en el Tribunal de Instancia de Irún, a cuyo partido judicial pertenece el municipio vecino. Allí mismo se está sustanciando el procedimiento civil promovido por las empresas.

El Ayuntamiento ha aportado un par de pinceladas de las operaciones extrañas. Por ejemplo, se ha sabido que Durruti XXI cobró a Higertoki 650.000 euros más IVA por la “consecución” de unos terrenos que ya tenía adjudicados desde 2017. O que hay una factura de 690.000 euros, de nuevo sin impuestos, para “trabajos de sellado” cuyo abono no parece corresponderse con ese concepto.

Los asesores legales del Ayuntamiento estiman que los hechos pueden ser constitutivos de un doble delito. Por un lado, se aprecia falsedad documental por haber aportado facturas para “dotar de apariencia de realidad” a operaciones que presuntamente no existieron. Y, por otro lado, se menciona una “estafa procesal” por usar ese material de forma “consciente” para armar una reclamación judicial millonaria.