Un juzgado investiga el desvío de 234.926 euros de la Federación Alavesa de Ciclismo a la cuenta particular de la administrativa

La magistrada de Vitoria María Eneida Arbaizar, titular del juzgado de instrucción número 4, ultima una investigación penal contra la antigua administrativa y única empleada de la Federación Alavesa de Ciclismo, Blanca Ortiz de Zárate, por el desvío de fondos durante años desde la entidad para fines privados. Un informe entregado al juzgado por la actual presidenta, Julia Liberal, que también es senadora por el PSE-EE, y elaborado por una consultora eleva el agujero económico a 234.926,76 euros. La investigada ha admitido parcialmente su responsabilidad y en 2017, cuando fue despedida de manera fulminante de su puesto, hizo una devolución de 32.000 euros.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el desvío de fondos habría tenido dos épocas. Antes de 2014, las salidas de dinero se realizaban aparentemente mediante transferencias de la cuenta federativa a la particular de la administrativa o bien mediante el uso de la tarjeta de crédito para usos particulares. Hay constancia de compras en establecimientos comerciales y otros servicios no justificados. Después de 2014, por el contrario, el 'modus operandi' pasó a ser la percepción directa en una cuenta personal de pagos de los clubes en concepto de licencias. No obstante, hay más conceptos. Según el análisis que obra ya en poder del juzgado, las cuantías “indebidamente dispuestas” son las siguientes: 128.170 euros en el capítulo de licencias (70.018 euros en diferencias de cantidades y 58.152 euros recogidos directamente en la cuenta), 13.775,37 euros en “gastos personales” abonados por la Federación, 15.190 euros en extracciones de efectivo de la tarjeta corporativa, 43.321,17 euros y 12.551 euros en traspasos y transferencias, 17.956,19 euros en devoluciones de subvenciones y 3.962,88 euros que tenían que ser destinados a seguros médicos privados.

Las irregularidades se destaparon prácticamente de manera casual, cuando una persona que había abonado su cuota (que es de 135 euros anuales, más elevada que la media española, 102 euros) vio que su licencia no estaba tramitada. En los extractos, se descubrió que el número de cuenta no correspondía con el de la Federación. Indagaciones posteriores han permitido localizar un correo electrónico en el que la administrativa informaba a un club, Bicilokura, de que cambiaba el IBAN para los pagos. Solamente con este clubes han aparecido desvíos que se corresponden, más o menos, con los 32.000 euros devueltos.

El identificador que le dio Ortiz de Zárate a Bicilokura era el suyo particular, el mismo en el que se la abonaba la nómina. El sistema siguió funcionando durante años porque las licencias, en realidad, sí se tramitaban ante la Federación Vasca de Ciclismo, que es la que emite los títulos acreditativos. Para tapar el dinero que no llegaba desde los clubes, se desviaban otros fondos de la entidad o se dejaban sin pagar otras facturas -por ejemplo las ambulancias para las carreras o los jueces-árbitros, que se le cargaban a los organizadores- y Álava enviaba a Euskadi todo el dinero correspondiente a los federados. En 2016, cuando Liberal accedió a la presidencia, la deuda contraída era de casi 40.000 euros, cuando la entidad tiene un prepuesto de unos 60.000 euros. “Si no hubiéramos actuado, habríamos tenido que cerrar”, explica Liberal.

Preguntada la Diputación de Álava por si entiende que algunas de las irregularidades han afectado a las subvenciones públicas concedidas a la Federación Alavesa de Ciclismo, las fuentes consultadas indican que “se han cumplido los convenios” porque las pruebas deportivas en las que se ha colaborado “se han celebrado con normalidad”. En Álava hay 45 federaciones y “funcionan todas igual”. Reciben una cantidad fija de 3.000 euros por “delegación de funciones públicas” y luego un aporte “variable” en función de las actividades organizadas.