Hasta cinco intentos para que el Servicio Vasco de Salud aporte correos solicitados por el juzgado que investiga el fraude en las oposiciones de 2018

Un repaso del sumario de la investigación de las irregularidades en una veintena de exámenes de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) en 2018 revela importantes retrasos en algunos trámites por la falta de colaboración de la Administración. Un ejemplo: los correos electrónicos sobre algunos exámenes orales, que se solicitaron por vez primera en junio de 2020, han llegado hace pocas fechas y no con toda la amplitud que ha requerido el juzgado después de cinco intentos. A estas circunstancias, además, se le añade que la magistrada titular de la sala que lleva el caso, Ana Jesús Zulueta, ha pasado ya esta semana a otra plaza en la Audiencia Provincial de Álava, donde se creó una vacante por la salida al Gobierno del juez Jaime Tapia. Ahora que se cumplen tres años de que se celebrara aquella OPE, no hay nada en agenda en relación a este caso y sí muchos puntos pendientes de respuesta.

El caso trascendió a la opinión pública el 1 de junio de 2018. En varias categorías correspondientes a diferentes especialidades había sospechas de que algunos opositores habían recibido una filtración previa, ya que habitualmente coincidían las mejores notas -cercanas a la perfección- con colegas de hospital del autor de las preguntas y con el número de plazas en juego. Además, luego se ha visto que los supuestos beneficiarios solían fallar las mismas preguntas y que, en los temas de desarrollar, repetían frases e ideas e incluso conceptos erróneos poco frecuentes. El miembro de un tribunal llegó a asegurar que los exámenes de los 'elegidos' eran “fotocopias” entre sí y también respecto a la plantilla de corrección. Los primeros avances judiciales tras la investigación previa de la Fiscalía los llevó a cabo una instructora interina, Yolanda Varona. Luego asumió el caso la titular de la sala, Ana Jesús Zulueta, pero ahora ha solicitado nuevamente otra plaza que obligará a un nuevo relevo. Ahora mismo la nómina de imputados, la componen siete personas -José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía) y Javier Meléndez (Cirugía Plástica)- aunque hay bajo investigación más exámenes.

La solicitud de unos correos electrónicos se produjo el 9 de junio de 2020 por parte de uno de los dos sindicatos personados en la causa, LAB. En concreto, se aludía a que el expediente de los exámenes de Urología estaba incompleto, ya que se autorizó sin que quedara claro cómo y cuándo que las respuesta se expusieran oralmente, lo que vulneraba el anonimato marcado en el reglamento de la convocatoria. Fue el 7 de julio cuando se acordó pedir a Osakidetza “todas las actas del tribunal de Urología, que no constan en el expediente de Osakidetza”, así como las “consultas y respuestas” sobre la “lectura pública”. El 5 de octubre, mediante una providencia, se pidió “con carácter urgente” una explicación sobre “el tiempo estimado” para atender el requerimiento realizado tres meses antes. Osakidetza respondió 23 días después -y 113 después del primer requerimiento- que no podía atender la petición y afeaba incluso a la juez Zulueta que fuese imprecisa: “[Los informáticos ponen de manifiesto] La imposibilidad material de cumplir el requerimiento efectuado por el juzgado, dada la indefinición de la petición, solicitando que se acote y establezca por el juzgado los criterios de búsqueda, debido a la gran cantidad de correos electrónicos existentes, muchos de carácter personal o privado sin relación alguna con el objeto de la causa”.

En diciembre, a Urología se le unieron nuevas líneas de investigación en los exámenes de Cirugía Plástica y Neurocirugía que requerían también el acceso a comunicaciones internas. La magistrada Zulueta hacía constar que Osakidetza no había aportado “contestación alguna” y pedía la opinión de la Fiscalía sobre cómo desatascar la situación. Todavía dos meses después, en febrero, seguía sin haber novedades. Es entonces, 230 días después, cuando se valoró una “intervención” de los servidores y equipos con la Policía judicial. En la actualidad, según las fuentes consultadas, han llegado correos de Urología que no aportan nada nuevo respecto a hechos ya conocidos sobre la prueba oral -la letrada del tribunal ya había explicado en la causa lo “extraño” de aquellas exposiciones en la que los mejores opositores lo sabían “todo”- mientras que siguen pendientes datos sobre Neurocirugías -hubo otro examen oral- y Cirugía Plástica, donde una candidata familiar de un miembro del tribunal renunció una vez terminado el examen y conocidas las notas.

El papel de Osakidetza en este causa judicial ya ha sido polémico en otros momentos. La Fiscalía, de hecho, no contó en un inicio con todo el material recopilado en la investigación interna realizada en 2018 cuando estalló el caso. Se le entregaron informes generales en los que se insistía en que no había pruebas fehacientes de las filtraciones cuando durante las entrevistas realizadas varios testigos, tanto opositores como miembros de tribunales, sí habían apuntado en esa dirección. Después, el Servicio Vasco de Salud trató de personarse como “perjudicado” en la causa y la primera de las instructoras, Yolanda Varona, frenó esa posibilidad al entender que no solamente quizás no era víctima sino que podría ser “responsable”.