La ley de Subvenciones obligará a las empresas a devolver ayudas públicas recibidas ocho años antes si se van de Euskadi

EH Bildu ha llegado a un acuerdo con PNV y PSE-EE para que la ley reguladora del régimen de Subvenciones incluya un capítulo en el que se especifique que las empresas que opten por la deslocalización tengan que devolver las ayudas públicas recibidas ocho años antes, dos menos del plazo que incluía la iniciativa original de EH Bildu contra la deslocalización empresarial. Dicha iniciativa empezó su tramitación parlamentaria en abril, aunque ya entonces se esperaba que acabara incluida en la ley de Subvenciones. La coalición abertzale ha anunciado este martes el acuerdo con los grupos del Gobierno, por el que se incluirá un capítulo entero dedicado a intentar evitar la deslocalización empresarial dentro de esta nueva ley que se espera que esté aprobada antes de final de año. “Con este acuerdo damos un paso adelante para obstaculizar las deslocalizaciones y proteger así el tejido industrial y económico del país”, ha señalado la parlamentaria de EH Bildu, Leire Pinedo.

La proposición de EH Bildu esta basada en la norma foral de Bizkaia que está vigente desde el año 2007 y que establece que las empresas deslocalizadas tengan que devolver las ayudas recibidas ocho años antes, por lo que se ha optado en el acuerdo por mantener este límite temporal ya vigente en Bizkaia al convertirlo en norma extensible al conjunto del territorio. El acuerdo se ha suscrito en el ámbito de la ponencia en la que se está tramitando esta ley que se espera que se apruebe antes de fin de año y rompe con rupturas en Educación o Presupuestos.

EH Bildu considera que “no se puede permitir que una empresa, después de recibir ayudas públicas, traslade su producción a otro Estado teniendo en cuenta sólo su interés particular, al margen de los derechos de su plantilla y de los intereses y necesidades del territorio en el que está implantada; nos parece bien ayudar a las empresas, pero además de ayudarles, también hay que exigirles responsabilidad y compromisos, entre ellos el arraigo en el territorio”, según ha señalado Leire Pinedo.

La coalición presentó ya hace cuatro años una proposición de ley para obligar a las empresas a devolver las ayudas públicas en caso de deslocalización, “pero PNV y PSE-EE no la admitieron entonces a trámite”, recuerda la parlamentaria. Sin embargo, sí lo hicieron cuando EH Bildu volvió a presentar la propuesta el pasado mes de marzo, un momento en el que la empresa Ferrovial anunció el traslado de su sede fiscal a Países Bajos y“ puso así otra vez el problema de las deslocalizaciones en el centro de la agenda política y mediática”.

Según indica Pinedo, “desde la política no podemos prohibir las deslocalizaciones, pero sí podemos tomar medidas para dificultar esos movimientos, que es lo que proponíamos desde EH Bildu y lo que al final hemos conseguido”. El Congreso de los Diputados aprobó en la anterior legislatura, el 30 de marzo de 2023, una proposición no de ley de EH Bildu que insta al Gobierno a “elaborar y desarrollar” en la próxima Ley de Industria “una legislación específica para condicionar la recepción de apoyo y ayudas públicas por parte de empresas a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad”, así como para recuperarlas en el caso de que una empresa traslade su sede social fuera de España. Se presentó a raíz de la decisión de Ferrovial de trasladar su sede fuera de España. La propuesta salió adelante con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, que acordaron en el último momento una enmienda transaccional con la coalición abertzale, que rebajó sus pretensiones iniciales, ya que en primer recogía expresamente que las empresas que reciban fondos públicos no se pudieran deslocalizar durante, al menos, cinco años posteriores a las últimas ayudas recibidas, y si lo hacían estuvieran obligadas a devolverlas.