Euskadi incrementará las cuantías de la RGI a los pensionistas y a las familias monoparentales y con hijos a cargo

El borrador de la futura Ley de Garantía de Ingresos del Gobierno vasco contempla entre sus principales novedades aumentar las prestaciones de pensionistas, familias monoparentales y con hijos al cargo, además de facilitar el acceso a víctimas del terrorismo, violencia de género, doméstica o trata y explotación sexual. Además, recoge que el complemento de vivienda pasará a depender de Vivienda, el requisito de empadronamiento se rebaja de 3 a 2 años y se eliminan los límites por hijos y de dos prestaciones máximas por domicilio.

Las principales líneas del anteproyecto de ley han sido detalladas en un encuentro con medios de comunicación en Bilbao por la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, quien ha remarcado que el texto pretende “profundizar en la cohesión social de Euskadi y atender con más intensidad a los hogares con menores o pensionistas”, así como “profundizar en la inclusión social y laboral para proteger mejor a los que peor lo pasan”.

El proyecto, que será remitido al Parlamento en los últimos meses de año, podría entrar en vigor a partir del otoño de 2022 una vez cumplidos los tramites parlamentarios y con él se busca “un cambio de paradigma” de la política de inclusión, para dotarla también de una herramienta estable, con la creación de un órgano de evaluación, investigación e innovación para incorporar la evaluación permanente a las necesidades sociales. Mendia ha señalado que las novedades previstas obedecen a la necesidad de “dar un paso más para llegar a nuevas realidades familiares, así como seguir profundizando en el campo de la inclusión”.

Los colectivos donde se ha puesto especial hincapié son los pensionistas, las familias monoparentales y con hijos al cargo, que serán quienes verán mejorada sus respectivas prestaciones.

En cuanto a las cuantías, el cálculo partirá de un importe por solicitante de 470 euros de base mínima, a la que hay que sumar todos los complementos individuales contemplados, que son otro 50% de esa cifra para el titular solicitante, y otro 30% más por cada miembro de la unidad convivencial. En cuanto a la mejora de la prestación de los pensionistas, según las estimaciones que maneja el Ejecutivo, los 810 euros que puede cobrar en la actualidad un pensionista medio pasarían a ser 893 euros con la entrada en vigor de la nueva Ley de Garantía de Ingresos.

La vicelehendakari ha recordado que la pasada legislatura no fue posible culminar esta reforma, pero la propuesta que se presentó entonces sirvió para abrir “un debate en el que pudieron participar decenas de asociaciones y expertos”. Sobre ese documento y las aportaciones recibidas se ha emprendido ahora esta reforma con el factor añadido del Ingreso Mínimo Vital, así como con el proceso puesto ya en marcha de transformación del Servicio Vasco de Empleo Lanbide.

Integrar el Ingreso Mínimo Vital

En la actualidad, hay en Euskadi en torno a 55.000 perceptores de la RGI, de los que un tercio tendrían derecho al Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central. De esta forma, el Gobierno vasco se ha fijado como objetivos en este borrador “integrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el modelo vasco de garantía de ingresos para agruparlos bajo un mismo paraguas; ampliar la cobertura del sistema y mejorar las cuantías garantizadas, especialmente donde hay menores”.

Igualmente, como ha enumerado Mendia, el texto busca facilitar el acceso a la solicitud para que sea más fácil, para lo que se ha optado por “simplificar y agilizar la gestión de las prestaciones económicas, dando una mayor seguridad jurídica y mejorando al tiempo las herramientas de identificación y control”. Además pretende ser también “más eficaces en la inclusión social y laboral, fundamentalmente facilitando la participación del tercer sector de acción social y mediante el trabajo coordinado de los Servicios Sociales y de Empleo y entre administraciones”.

De cara a los perceptores y dentro de esa ampliación de la cobertura, con la nueva ley se facilitará el acceso a víctimas del terrorismo, y se les exime del requisito de empadronamiento previo (al igual que las colectividades vascas el exterior). También a las personas reconocidas como refugiadas o que formen parte de los acuerdos de reubicación de la UE.

En el capítulo de las obligaciones, el borrador incorpora la posibilidad de perder parte de la prestación, en vez de la totalidad para proteger a la infancia. También se vincula la extinción a la finalidad de la prestación y se endurecen las consecuencias de los incumplimientos como el rechazo de una oferta de trabajo. También es novedosa la implantación de ofrecer al solicitante la posibilidad de la declaración responsable, que, una vez firmada, permitiría el acceso al derecho al mes siguiente. De cara al reconocimiento de la prestación, la cuantía se percibirá al mes siguiente de la solicitud, en caso de haber suscrito la declaración responsable y también la cuantía de entrada se establece a los rendimientos del mes de la solicitud.

La prestación se reconoce de manera indefinida, incorporándose sucesivas capas de control. En ese sentido, se modifica la revisión, que pasa de ser cada dos años, a hacerse de forma trimestral, eliminando indebidos. Igualmente se establece control trimestral de la unidad de convivencia y de los ingresos, para determinación de la cuantía. De cara al acceso el acceso, entre las novedades del borrador destacan que se elimina el requisito de hacer valer derechos económicos de carácter privado, que eran un elemento de discriminación para las mujeres y se facilita el acceso de familias con menores, disminuyendo el requisito de empadronamiento de 3 a 2 años.

Igualmente, la prestación complementaria de vivienda (PCV) dejará de abonarse desde Trabajo y Empleo y pasará a depender del departamento de Vivienda. También se eliminan los límites por hijos y de percibir dos prestaciones máximas por domicilios.

Unidad de inspección

Otro aspecto destacado es la creación de una unidad de inspección, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos, las obligaciones así como de asesorar para asegurar su cumplimiento. El procedimiento sancionador establecerá la sanción, de carácter económico, por cooperación y no se establecen sanciones económicas a las personas titulares, salvo en las infracciones leves. Se incorpora la extinción de la prestación y la imposibilidad de acceder de nuevo por un tiempo limitado en diferentes grados y supuestos y, finalmente, se introduce la responsabilidad de beneficiarios de 16 a 18 años, para quienes se prevé una prestación de interés social como sustitutoria de la sanción.

Tal y como ha explicado Mendia, el punto de partida es el reconocimiento de que el sistema vasco de inclusión social y garantía de ingresos que es una de las principales señas distintivas del autogobierno vasco“. En este punto ha manifestado que ”este sistema de protección se ha mostrado eficaz para mitigar las bolsas de exclusión social, y su uso ha conseguido tener un impacto positivo en el conjunto de la sociedad. Se ha demostrado que es un corrector de desigualdades, especialmente útil en la última gran recesión y en la actual crisis de la COVID-19“, ha insistido.