El profesor numerario condenado por abusos sexuales en Gaztelueta pide no entrar a la cárcel y anuncia un recurso de amparo

El abogado del profesor del colegio masculino del Opus Dei en Leioa (Bizkaia), Gaztelueta, que ha sido condenado por abusar sexualmente de un antiguo alumno de manera de continuada a dos años de cárcel, ha presentado un escrito ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el que pide que no se ejecute la pena, como demanda la víctima. Alega, entre otros motivos, que va a formalizar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales del profesor numerario, que se llama José María Martínez Sanz. Por esta línea, podría incluso acabar en los tribunales europeos pleiteando contra el Reino de España.

El letrado Eduardo Ruiz de Erenchun no se da por satisfecho con la rebaja de once a dos años de prisión que logró al ver admitido en parte su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. De hecho, desde que en septiembre se conociera esta polémica resolución en la que se cuestiona que la víctima no contara desde el principio las prácticas sexuales más graves, Ruiz de Erenchun -que también defendió al asesino de la joven Nagore Laffage- ha activado hasta tres frentes judiciales. Por un lado, ha intentado sin éxito ante el Supremo que se le rebajaran las costas procesales en línea con la rebaja de condena, es decir, que tuviera que pagar menos dinero. Por otro lado, se ha opuesto a la petición de la letrada de la víctima, Leticia de la Hoz, para que se ejecute la entrada en prisión por muy reducida que sea la pena. Y, finalmente, está ya listo el recurso de amparo.

La defensa de Martínez Sanz entiende que la condena de dos años no se tiene que ejecutar porque no hay riesgo de reincidencia. Se explica que desde 2010 este numerario está apartado de la docencia y que “ha colaborado en todo momento” con la Justicia. Habitualmente se emplea el verbo “colaborar” para referirse simplemente a atender a los requerimientos judiciales -algo que es obligatorio para cualquier ciudadano-, ya que Martínez Sanz, por ejemplo, no contestó a las preguntas de la abogada de la víctima en el juicio. Además, entiende que el requisito de cumplir con la responsabilidad civil no se puede tener en cuenta porque es algo que no se ha incluido en este proceso penal.

Juega a favor del abusador que la práctica ordinaria es que se suspendan todas las penas no superiores a dos años. Alega Ruiz de Erenchun, además, que si el exprofesor de Gaztelueta entra ahora en la cárcel perdería sentido el recurso de amparo, cuya resolución se puede demorar casi tanto como la propia condena. “Su finalidad se vería frustrada y resultaría ilusoria”, se puede leer en su escrito.