La organización profesional agraria APAG Extremadura ASAJA ha denunciado “la pasividad demostrada” por las administraciones ante el aumento en la incidencia de los robos que se ha detectado en las últimas semanas en el campo.
Dice que se inspeccionan a cooperativas, almazaras y puestos de “dudosa legalidad” tanto en Extremadura como en regiones limítrofes por todos conocidos, pero que se mantiene la recepción de frutos robados, “aunque de manera más discreta que en la campaña pasada”.
Exige tanto a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y a la Delegación de Gobierno, que se incrementen los controles e inspecciones de estas zonas en las que se registra un cierto repunte de hurtos en explotaciones agrarias.
En concreto, insta a la Consejería a que inspeccione en los puestos de “dudosa legalidad” donde supuestamente existe el problema, al igual que pide a la Delegación de Gobierno que centre sus esfuerzos en esos puntos conflictivos “pues es muy difícil vigilar todo el campo extremeño, dadas sus dimensiones”.
La organización agraria considera que si las administraciones públicas aúnan sus esfuerzos para erradicar el problema “será más fácil encontrar la solución”.
Abrimos una nueva ventana a la información de Extremadura. Nos asomamos a la actividad en torno a un sector como el agrario que representa en torno al 6% del PIB regional.
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