Juan Moreno Campillejo, coordinador y portavoz de campaña de COAG- Coordinadora Agraria de Extremadura

Pregunta: ¿Cuáles son las líneas fundamentales que definen a COAG- Coordinadora Agraria de Extremadura como organización profesional agraria?

Respuesta: Nuestra independencia de poderes políticos y económicos y nuestro carácter reivindicativo. COAG, la asociación nacional a la que pertenece la Coordinadora Agraria de Extremadura, es la primera organización agraria de este país, creada en el año 1977. Desde entonces, hemos defendido y hecho gala de nuestra independencia frente a los poderes fácticos y políticos. Y así debe ser porque nosotros nos debemos a los hombres y mujeres del campo que con su trabajo realizan una labor social impagable. Nosotros estamos y estaremos siempre al lado de las pequeñas y medianas explotaciones, junto a los agricultores profesionales porque queremos un campo lleno de rostros masculinos y femeninos y libre de logotipos de grandes corporaciones o fondos de inversión que ningún interés tienen en el sector primario, un sector que debemos recordar es clave en la soberanía alimentaria de los países.

P.: La Comisión europea, después de lanzar algunas ideas y abrir una consulta pública sobre la PAC, ha dado comienzo al procedimiento para diseñar la próxima política agraria común. Todo parece indicar que el peso de la lucha contra el cambio climático y la protección al medioambiente va a ser una de las prioridades del Ejecutivo comunitario en su propuesta. ¿Cómo cree su organización que debe de ser la relación entre esas ideas y la producción agrícola y ganadera? ¿el protagonismo de este enfoque hacia la protección de la naturaleza hay verlo como un lastre o como una oportunidad para el sector agrario?

R.: Para preservar nuestro modelo social de agricultura y ganadería es fundamental limitar el importe máximo de las ayudas concedidas a las explotaciones de tal forma que este límite sea capaz de garantizar un reparto equitativo del presupuesto disponible. De lo contrario, nos encontramos datos como este: En España, el 0,44% de los propietarios acapara el 17% de la superficie útil y en Extremadura, el 20% de los propietarios de las explotaciones acaparan el 80% de las ayudas.

El discurso europeo es muy contradictorio. Por un lado, hablan del cuidado del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático y, por otro, suscribe tratados como el firmado el pasado 15 de febrero con Canadá -CETA- que va contra los intereses del modelo social agrario y alimentario europeo. Según el calendario que maneja el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, este año será tiempo para propuestas, de hecho, desde el pasado 2 de febrero y hasta el próximo 2 de mayo, la UE está realizando una consulta pública sobre la PAC.  A  principios de 2018 se presentará la propuesta legislativa sobre la PAC más allá del 2020.

La protección del medio ambiente nunca hay que verla como un lastre, sino como una gran oportunidad. Para ello, es importante que los legisladores no se olviden de una de las especies que también viven por el campo, para el campo y del campo: El ser humano. Las restricciones medioambientales siempre serán mejor entendidas si vienen acompañadas de compensaciones económicas para quienes las cumplen. Siguiendo con la máxima medioambientalista europea “quien contamina, paga” es necesario también que “quien preserve, cobre”.

P.: Todo apunta a que la salida de Reino Unido de la Unión europea también va a marcar la nueva PAC por la reducción presupuestaria que llevaría aparejada el Brexit, a lo que hay que sumar la revisión del marco presupuestario. ¿Qué se puede hacer, o cómo hay que diseñar los apoyos europeos para que los agricultores y ganaderos no vean reducidas sus ayudas?

R: Me alegra que me haga esa pregunta porque el BREXIT supone un peligro enorme para la agricultura y la ganadería españolas, lo mismo que también es peligroso continuar con la política actual de recortes. Nuestro país es el segundo proveedor de alimentos del mercado británico y las exportaciones de productos agroalimentarios españoles suponen entorno a los 3.700 millones de euros. El 90% de estas exportaciones son frutas y hortalizas, cítricos, aceite de oliva, aceituna de mesa, vino, porcino y aviar, muchos de ellos, como sabe, producciones claves en la economía extremeña. Debemos estar alerta y exigir a Europa cubra el déficit que va a suponer el BREXIT.

Pero al mismo tiempo que debemos estar alerta ante el cumplimiento del BREXIT y sus posibles consecuencias, también debemos estar en guardia y no permitir la voluntariedad que sugiere el comisario Hogan respecto del agricultor activo, que debe ser asimilado al agricultor profesional. De lo contrario, Europa volverá a meter en el mismo bombo de las ayudas a los campos de golf, a los absentistas y a los cazaprimas, que no son pocos.

P.: El desequilibrio en el reparto de beneficios en la cadena alimentaria es otro de los asuntos que permanentemente afectan al sector. ¿Cómo cree que hay que equilibrarla para que los agricultores y ganaderos perciban un precio justo por sus producciones?

R.: La Ley 12/2013 debe aplicarse al cien por cien y la administración debe controlar a aquellos que no la cumplen. No podemos consentir que la cadena alimentaria siga manteniendo un diferencial del 400% como tampoco podemos consentir cláusulas abusivas en los contratos, que siempre recaen sobre el productor, o la morosidad en el pago, como sucede en determinados sectores. Desde la Coordinadora Agraria de Extremadura exigimos una aplicación rigurosa de la ley y la implicación del Gobierno regional para acabar con prácticas abusivas como la morosidad, la venta a pérdidas o el uso, por parte de las grandes superficies, de los productos reclamo que fundamentalmente dañan los sectores lácteos y del aceite de oliva.

P.: Tenemos un problema ligado al relevo generacional; ¿Cómo se puede combatir?

R.: Este es un problema muy grave en el campo extremeño que el Gobierno regional debe atajar cuanto antes porque si el campo se abandona, los pueblos se quedan sin gente y desaparecen. En este sentido es fundamental que las ayudas a la incorporación de nuevos agricultores sean de mayor volumen y su concesión sea más ágil. En este sentido, también es necesario que se acompasen los procedimientos y criterios para la concesión de estas ayudas.

P.: La agricultura asociada (cooperativas, SAT, etc) ha sido desde hace más de 30 años un motor para el desarrollo de la agricultura regional; pero periódicamente aparecen noticias negativas sobre ellas; cuál es la propuesta de su organización para fomentar su integración y desarrollo

R.: como tema fundamental debemos modificar la Ley 2/1998 de Sociedades Cooperativas de Extremadura para adaptarla a la realidad actual de tal forma que puedan seguir siendo motor de la región durante otras tres décadas más. Entendemos que es necesario incluir entre estas modificaciones el voto ponderado de los socios.

P:  Cuáles son sus propuestas para mejorar la rentabilidad de los principales cultivos, secano y regadío, y nuestra ganadería.

R:  La baja rentabilidad de los principales productos viene dada, en parte,  por las distintas reformas que ha sufrido la Política Agraria Comunitaria y que provocado el desmantelamiento de los sistemas de regulación y ha dejado a la agricultura y la ganadería en manos del libre mercado. En 20 años hemos pasado de un sistema de total protección a un sistema peligrosísimo de libre mercado total.

Desde COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura defendemos que los precios deben basarse en los costes de producción. En este sentido le daré un dato clarificador: Desde 2003, se han incrementado los costes de producción del sector agrario un 36% y en ese mismo período de tiempo el valor de la renta agraria ha descendido un 19,6%. Somos muchos los agricultores y ganaderos a vender y pocas las empresas a comprar.