La Comunidad quiere que el Gobierno se responsabilice de devolver 20 millones de euros por los pastos
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido este miércoles al Gobierno central que se corresponsabilice de los “errores” financieros que se cometieron en la aplicación de la PAC en los años 2007 y 2008, y ha incidido en que las correcciones no se deben repercutir sobre los profesionales del campo.
Vara y el consejero de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Santos Jorna, se han reunido en Madrid con la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel GarcíaTejerina, a quien han requerido además apoyo para reparar los daños causados por el incendio que asoló casi 8.000 hectáreas de la Sierra de Gata.
Los desajustes financieros relativos a la PAC se refieren a la declaración de pastos que se realizó en los años 2007 y 2008, debido -según la Junta- a las discrepancias en la aplicación en la norma entre el Estado y la UE.
La Junta, y así se lo ha trasladado el presidente de extremeño a la ministra, mantiene que esa responsabilidad (la corrección financiera asciende a 20 millones de euros) le corresponde al Estado porque la Junta siguió las directrices y la normativa que le indicó el Gobierno central para valorar los pastos.
Tras la reunión, y en declaraciones a la prensa, el presidente extremeño ha incidido en que esa “corrección financiera” no debe repercutir sobre los agricultores y los ganaderos, y ha valorado la disposición de la ministra a encontrar una solución a este problema.
Vara ha observado además que la Comunidad está inmersa en un plan de ajuste para cumplir los compromisos de déficit. “Difícilmente, si tenemos por delante un plan de ajuste, vamos a tener recursos para poderlo pagar en mano ya”, ha señalado.
Entre las posibles soluciones, Vara ha apuntado aplazamientos en el pago o en la devolución, y tras incidir en la disposición del Gobierno extremeño a solucionar el problema, ha insistido en que el Ejecutivo central se tiene que corresponsabilizar “y nos tiene que ayudar”.
El presidente ha trasladado a la ministra también la importancia que a su juicio tiene la puesta en marcha de la licencia “interautonómica” de caza y de pesca, ya que a su juicio es “un dislate” la situación actual, y ha celebrado en ese sentido la próxima firma de un acuerdo entre las comunidades autónomas para el reconocimiento mutuo de esas licencias.
Vara ha informado además a los responsables del MAGRAMA del proyecto de regadíos de Tierra de Barros para tratar de encontrar vías de colaboración, y sobre el estado actual en que se encuentra el proyecto para la construcción de la presa del Golondrón.
Ambas partes se han dado de plazo hasta el final de año para tomar una decisión sobre esta presa y las alternativas posibles tras la declaración de impacto ambiental, contraria a ese proyecto.
En declaraciones a los periodistas tras la reunión, Fernández Vara ha pedido al Gobierno central que se corresponsabilice en un plan de inversiones de infraestructuras rurales, centrado sobre todo en los caminos rurales.
Ambas partes se han emplazado -ha informado Vara- para que antes del final de la presente legislatura se consiga un acuerdo marco con las dos multinacionales tabaqueras que todavía no se han sumado a ese acuerdo, con el fin de fijar acuerdos comerciales que aseguren una salida al tabaco extremeño.
Sobre el incendio de Gata, el presidente extremeño ha señalado que los daños que se han producido no son exclusivos de un Ministerio o un departamento, ya que afectan a la masa forestal, a los servicios públicos, a infraestructuras urbanas o a las comunicaciones.
Vara ha recordado -ya lo había hecho en una carta enviada al presidente del Gobierno, Marino Rajoy- que los daños causados ascienden a 50 millones de euros, y ha confiado en cubrir una parte por la vía de las indemnizaciones, y en obtener también partidas para subsanar infraestructuras públicas.
“Entre todos, sumando y haciendo un esfuerzo, podemos conseguir reparar no sólo el daño causado a mucha gente que lo está pasando mal, también evitar que esto vuelva a suceder en el futuro”.
Además, en la reunión con la ministra, los responsables de Extremadura han pedido que se agilice un plan nacional de lucha contra la tuberculosis en la fauna salvaje, que afecta sobre todo a los jabalíes y a los venados y que está afectando de una forma muy notable a la cabaña bovina en Extremadura y en otras comunidades autónomas.
UPA exige que no paguen los agricultores
La UPA-UCE Extremadura ha dejado clara su “oposición frontal ante esta decisión injusta y discriminatoria con los productores extremeños” y anuncian que lucharán contra ella con todos los instrumentos a su alcance si fuera necesario.
Este planteamiento supondría “una ruina para miles de explotaciones de la región” y se opone frontalmente a que los agricultores y ganaderos extremeños paguen estos errores.
“Los agricultores y ganaderos solicitamos nuestras ayudas en base a los criterios marcados por el Ministerio de Agricultura, solo nos hemos limitado a seguir los Decretos que ha publicado Madrid”, señala el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas.
A su juicio, este nuevo ajuste se sumaría a los recortes que los agricultores y ganaderos vienen sufriendo en sus ayudas de la PAC, lo que complica aún más la viabilidad de muchas explotaciones.
Considera que de aplicarse la sanción como plantea el Ministerio de Agricultura, sería la primera vez que las Comunidades Autónomas asumieran el pago de la multa, una penalización que desde UPA-UCE consideran “injusta” para la región.
La ministra de Agricultura se reúne con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ya que Extremadura es la región más perjudicada si tienen que hacer frente a la sanción millonaria que el Ministerio de Agricultura pretende imponer
