La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, por unanimidad, el proyecto de Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura tras un proceso participativo y de consenso que demuestra el buen hacer político del parlamento regional.
Así lo han destacado los cuatro grupos parlamentarios en el debate de hoy, aunque la oposición ha lamentado que la nueva normativa que, tras veinte años de vigencia de la anterior, responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los nuevos desafíos globales de la humanidad, llegue “un poco tarde”.
En busca de ese acuerdo, y tras no presentarse ninguna enmienda a la totalidad, se elevaron 54 enmiendas parciales, 23 de ellas conjuntas, así como una presentada por PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, 19 por UPE, 5 por Cs y 6 por el Partido Popular.
Todas las enmiendas que fueron calificadas y admitidas a trámite, de las 43 se han incorporado al dictamen, 20 de ellas transaccionadas, mientras que las nueve rechazadas no han llegado “vivas” al debate de este jueves, pues los grupos parlamentarios han declinado su defensa en la sesión plenaria.
En este proceso participativo “hemos demostrado ser ejemplo de llegar a acuerdos que es lo que demanda la sociedad, políticos capaces de llegar al acuerdo y evitar la crispación”, ha destacado la diputada de UPE Lorena Rodríguez Lucero, quien se ha mostrado “contenta” con los avances de la nueva normativa que hará de la cooperación extremeña un referente.
En su intervención, Lucero, ha agradecido el esfuerzo y entendimiento del resto de grupos que ha permitido la incorporación de algunas de sus propuestas como la ampliación de los agentes que trabajan en el sector o la presentación de informes en la Asamblea sobre las acciones desarrolladas por la región en materia de cooperación para una gestión más transparente.
No obstante, la diputada de UPE ha lamentado que la nueva norma no recoja el compromiso 0.7 para destinar el 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad a acciones de cooperación internacional.
Por su parte, la diputada de Cs Encarna Martín, ha destacado que la tramitación de esta ley ha significado un ejemplo de escucha a los profesionales y civiles que se han interesado por la norma, así como de diálogo político en debates positivos.
“Con nuestras enmiendas hemos querido colaborar” en la adaptación del marco legal de la cooperación internacional, que “Extremadura asume como una necesidad y una obligación”, a la nueva realidad social, ha continuado Martín, quien ha señalado la satisfacción de su grupo con el texto porque “así nos lo trasladan las ONGs, asociaciones y los propios cooperantes”.
La cooperación “no puede ni debe utilizarse como un elemento de confrontación política”, ha manifestado, por su parte, el diputado popular Lorenzo Albarrán, para quien la solidaridad con los más necesitados es una cuestión que siempre ha preocupado al PP.
En este sentido, Albarrán ha puesto en valor la aportación de su grupo que ha trabajado en esta ley con “cariño, esmero e ilusión” aunque no se han trasladado al texto todas sus reivindicaciones y considera que el Ejecutivo regional debería haber impulsado el proyecto con más tiempo para “haber enriquecido más” la normativa, puesto que “las prisas no son buenas consejeras”.
Por último, la diputada socialista Soraya Vega ha asegurado que desde el PSOE “hemos disfrutado mucho haciendo esta ley de manera tan colectiva” y ha subrayado algunas de las propuestas que el texto ha recibido para resaltar el papel de la juventud en la cooperación e incorporar la emergencia climática.
Según Vega, se trata de un texto “muy trabajado por las organizaciones, agentes sociales y económicos, universidad y ayuntamiento, con perspectiva feminista y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030”.
Una ley que, a su juicio, “habla bien” de la sociedad extremeña “madura, desarrollado y democrática” que dirige parte de sus recursos a hacer “política con mayúsculas para ayudar a quienes más lo necesitan”.