Cuando modernizar significa privatizar: el decreto que vacía la cooperación extremeña

A veces, los retrocesos no llegan con grandes titulares ni tijeras presupuestarias. A veces, se visten de modernización, eficiencia y reforma técnica. A veces, incluso, vienen en forma de Decreto. En Extremadura, está a punto de aprobarse uno que encaja perfectamente en esa categoría: el nuevo Decreto del Registro de Agentes de la Cooperación.  Una norma que —si uno se detiene a leerla— tiene más de portazo que de apertura. El registro de agentes es una pieza clave que define quiénes y bajo qué condiciones pueden ser sujetos de subvención pública en acciones de cooperación en Extremadura.

La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) expresa sin rodeos que, tal y como está redactado, ha votado en contra del informe emitido en la mañana del lunes. Lo hace con el respaldo de años de trabajo en cooperación al desarrollo, de haber vivido desde dentro —y muchas veces desde el “barro”— cómo se construyen y sostienen políticas públicas con impacto real. También lo hace con un argumento tan simple como demoledor: no se ha tenido en cuenta ni una sola de sus propuestas. Y eso, en una democracia participativa, debe inquietar y sobre todo, conducir al posicionamiento. 

Construir sin contar con los cimientos

Lo paradójico del asunto es que el Decreto tiene, en teoría, una finalidad legítima y plausible: ordenar, modernizar, dar coherencia. Suena bien. Pero en la práctica, como CONGDEX ha advertido, lo que se ha aprobado es un texto que impone más requisitos a las ONGD que a los actores privados. Y que, por el camino, abre la puerta a una forma encubierta de privatización de la cooperación.

No se trata únicamente de tecnicismos. En la trastienda de esta norma está la asimetría entre lo público y lo privado, entre lo colectivo y lo empresarial. Lo que se promueve no es un sistema mejor organizado, sino uno más accesible para quienes menos han contribuido a construirlo y más excluyente con quienes lo han sostenido durante años.

Donde dice “nuevos agentes”, debería decir para ajustarse a la realidad, “nuevos beneficiarios con menos controles”. Esto entendemos desde CONGDEX y, desgraciadamente, no creemos estar exagerando. 

Desmontar desde dentro

No es sólo este Decreto. El diagnóstico es más amplio. La Coordinadora lo describe como un proceso sostenido de debilitamiento del sistema público de cooperación extremeña: recortes presupuestarios, vaciamiento institucional, un Plan General de Cooperación aprobado sin indicadores y unas bases reguladoras que siguen la misma lógica de fondo.

Lo que se está desmontando no es sólo un modelo. Es una visión de la cooperación como política pública transformadora. Y lo que está entrando por la puerta trasera es otra visión muy distinta: una cooperación externalizada, de concurso y rentabilidad, en la que los principios de derechos humanos y justicia global se sustituyen por vocablos como “innovación”, “nuevos agentes” “eficiencia técnica” o “impacto”.

Hay algo casi distópico que, en pleno auge de las desigualdades globales, con guerras abiertas, migraciones forzadas y retroceso democrático, lo que se ofrezca desde una administración pública sea un marco que refuerce la precariedad del sistema en lugar de blindarlo.

Empresas sí, pero por la vía que les corresponde

¿Y qué decir de las empresas? Una línea roja ya señalada por CONGDEX en el proceso de elaboración de la ley de cooperación que se fue en el viento. Hoy el Decreto de agentes parece empeñado en facilitar su entrada sin demasiadas condiciones, mientras a las ONGD se les exige casi la santidad burocrática. Si las empresas quieren contribuir al cambio social, económico y ambiental —y muchas lo hacen— su vía natural es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), no la sustitución del sistema público de cooperación.

Las empresas tienen herramientas propias para alinear sus actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: códigos éticos, inversiones responsables, alianzas con ONGD, participación en redes multiactor. Y está bien que lo hagan. Pero otra cosa muy distinta es que entren como agentes financiables en un sistema concebido para redistribuir poder, no capital. Para reducir desigualdades, no para diversificar carteras.

Las propuestas que nadie quiso leer

CONGDEX no se ha limitado a la crítica. Ha hecho lo que siempre se pide a la sociedad civil: ha propuesto, ha argumentado, ha compartido buenas prácticas de otras comunidades autónomas, ha puesto sobre la mesa la urgencia de digitalizar el registro, porque en pleno siglo XXI si los procedimientos no son digitales, no son funcionales. Ha defendido un trato justo para todos los agentes, pero también ha pedido criterios estrictos para todos ellos, empresas incluidas.

Algunas de sus demandas:

¿El resultado? Silencio administrativo. Y un Decreto que no recoge ni una sola de sus propuestas.

Un llamamiento que no es sólo institucional

Desde CONGDEX insisten: este Decreto podría ser una herramienta útil, pero en su formato actual corre el riesgo de convertirse en una norma que consolide la desigualdad, desmovilice a la sociedad civil y legitime un modelo de cooperación sin alma ni arraigo.

El futuro de la cooperación, en Extremadura y en el mundo, también se juega en actuaciones y/o decisiones como ésta. En si aceptamos que lo técnico sustituya a lo político, que la eficiencia tenga mayor peso que equidad y que la participación de  voces expertas y profesionales sea sólo un decorado.

Por eso, CONGDEX no sólo vota en contra: lanza un llamamiento al Gobierno autonómico y a la AEXCID para que recapaciten, reabran el proceso y reafirmen el valor estratégico de una cooperación pública, transformadora y compartida, en pleno proceso de reforma del sistema de cooperación extremeño.

Porque modernizar no puede significar desmantelar.

Y porque, como bien saben quienes trabajan cada día “en terreno”, los derechos y la solidaridad no se externalizan. 

Porque el bien común y la solidaridad no cotizan en bolsa. 

Porque cuando la cooperación deja de ser pública, deja también de ser de todas y todos.