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Declaración para la concertación social en Extremadura, ¿aporta algo nuevo?

José María Rosado

El jueves 14 se firmó la “Declaración para la Concertación Social en Extremadura. Impulso económico, empleo de calidad e igualdad de oportunidades”. Con esta declaración se retoma la senda de diálogo y concertación tras la ruptura provocada por Monago.

La primera pregunta que surge es si aporta algo nuevo, porque si no es así se puede fotocopiar la anterior… o peor aún, si es una foto más, su efecto sería más perjudicial que beneficioso.

La respuesta a esta pregunta, para dotarla de rigor, requiere un análisis en dos tiempos: el primero, ahora, con la lectura del contenido de la Declaración; después, evaluando las ejecuciones y los efectos.

Entrando en el primer aspecto. Esta declaración supone una continuidad y profundización del modelo de concertación acordado con el Pacto Social y Político de Reformas que se acordó con agentes sociales y partidos políticos en la anterior legislatura socialista.

Un escenario de concertación, en sí mismo, es positivo frente al de confrontación y disputa o frente al de ordeno y mando. Históricamente la concertación social ha servido para mejorar las condiciones sociales y para atravesar mejor los peores momentos –no olvidemos la importancia de los pactos de la Moncloa en nuestra difícil transición a la democracia o el avance que ha experimentado Extremadura cuando se ha producido la concertación. Por el contrario nos ha ido mal en situaciones como la que hemos vivido en los cuatro últimos años de hostigamiento hacia los agentes sociales y económicos.

Nos encontramos en una situación de gran deterioro como consecuencia de la crisis y de las políticas que se han aplicado sin concertación. Padecemos más desempleo y destrucción de empresas, más pobreza, deterioro de los servicios públicos y un largo etcétera. Por ello la primera y prioritaria novedad de esta declaración es que se propone de manera urgente acometer un plan para “socorrer a las personas”. Si esta declaración sirve para poner en marcha medidas para hacer realidad la Renta Básica y dejar de marear la perdiz –como ha ocurrido en los cuatro años de Monago– o se mejora la situación de los desahucios o la pobreza energética: ya habrá servido para algo.

Hay que destacar que no se trata de una mera declaración de intenciones porque concreta un calendario preciso de ejecución y por tanto se somete a la posibilidad de una evaluación objetiva y temporalizada.

En la Declaración hay una apuesta clara por la igualdad de género, que se concreta con el compromiso por concretar un Pacto Extremeño por la Igualdad de Género, eliminar la brecha salarial y avanzar en corresponsabilidad. Esta es también una concreción que va a ser claramente evaluable y por ello un reto novedoso. Las mujeres en Extremadura ganan de promedio un 19,38 por ciento menos que los hombres desempeñando el mismo puesto de trabajo –según un estudio elaborado por CCOO con los datos consolidados de 2012. Si dentro de cuatro años esta brecha ha disminuido significativamente también habrá merecido la pena.

No se puede pasar por alto las dificultades derivadas del escaso margen con que cuenta la región, agudizado por el mal estado económico como consecuencia del engrosamiento de la deuda y del deterioro del tejido productivo –que reduce los ingresos.

En ese contexto de dificultad y deterioro se sitúa esta declaración y por tanto las apuestas de impulso de la economía y la calidad en el empleo no son una empresa fácil. Requiere un mayor compromiso e implicación, aplicar toda la inteligencia para hacer de la necesidad virtud. El Pacto social y político se firmó en un momento de crecimiento y ahora la estrategia necesariamente es distinta. Valga como ejemplo la apuesta en la Declaración por la rehabilitación de vivienda unida a la eficiencia energética y a las energías renovables en lugar que de pretender un ‘revival’ de la burbuja inmobiliaria pretendiendo volver a la obra nueva.

Esta Declaración ha sido firmada por el gobierno y los agentes sociales y económicos que son los que son y cuyo papel está consagrado en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía. Bien es cierto que además de la concertación social es positivo potenciar diversos ámbitos de diálogo con todo tipo de organizaciones, asociaciones y particulares para completar la democracia representativa con la participativa.

Habrá quien quiera derivar el debate al ‘barro’, a la manida disputa partidaria, en lugar de entrar en la discusión sobre contenidos y evaluaciones y aunar fuerzas. ¡Por favor, Extremadura no está para eso!

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