Más de 91.000 extremeños no tienen acceso a dinero en efectivo a menos 5 km

La Unión de Consumidores de Extremadura ha denunciado este jueves que más de 91.000 personas no tienen acceso a dinero en efectivo a menos de cinco kilómetros de su casa en la región.

En una nota, ha señalado que el reparto es muy desigual entre las dos provincias extremeñas, ya que mientras que en la de Badajoz sólo el 0,4 % de la población se encuentra en riesgo de exclusión financiera, en Cáceres roza el 15 %.

De hecho, ha apuntado que de los 223 municipios con los que cuenta la provincia cacereña, más de la mitad, 135, no tienen un punto de acceso a efectivo, según revela el informe “Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España” del Banco de España.

La asociación ha advertido de que el “masivo” cierre de sucursales y cajeros en el ámbito rural dificulta el mantenimiento de la población y ha subrayado que las personas mayores no tienen otro remedio que coger un autobús o un taxi para desplazarse a la cabecera de comarca a sacar dinero “son tan clientes suyos -de las entidades financieras- como el que vive en una céntrica avenida de alguna de nuestras capitales”.

En este sentido, UCE afirma que ha recibido cientos de quejas de clientes que, directamente, son expulsados de las oficinas porque las operaciones que solicitan realizar se pueden hacer en el cajero, acrecentando así la brecha digital.

Ante esta realidad, ha subrayado que tener una cuenta bancaria ya es un derecho universal en Europa y que, en consecuencia, debe facilitarse al máximo su ejercicio por todo ciudadano que así lo desee.

A su juicio, en el desarrollo de este derecho el Estado debe garantizar que llega a toda la población, igual que las telecomunicaciones o Correos, estudiando medidas como establecer un radio máximo de distancia desde cada localidad a una oficina bancaria, dotar de cajeros a los ayuntamientos, fijar una periodicidad mínima para el servicio de ofibuses y reducir las comisiones por operar en sucursal.

Además, ha exigido una tecnología “inclusiva y segura” y ha apuntado que la biometría y las tecnologías de verificación pueden ayudar a identificar a los titulares sin necesidad de claves, por ejemplo, con reconocimiento facial.

UCE ha recordado además que en numerosas ocasiones ha propuesto que se penalice a las entidades financieras que cierran oficinas en la región, por ejemplo no acudiendo a ellas para financiar programas regionales.