Ayudas al alquiler de hasta 600 euros para las familias afectadas por la crisis del coronavirus
El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 2,3 millones para que las familias afectadas por la crisis del coronavirus puedan afrontar los pagos. Contempla ayudas de hasta 600 euros, durante un periodo de medio año.
La convocatoria busca minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual, según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña. Es consecuencia del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España para dar respuesta a las personas y hogares en alquiler más afectados por la pandemia del Covid-19.
Este Real Decreto Ley ha supuesto, según Gil Rosiña, que se hayan tenido que ‘readaptar’ los planes de ayudas al alquiler vivienda que estaban vigentes en nuestra Comunidad Autónoma, que es el objetivo que se ha perseguido con la convocatoria autorizada hoy.
El programa
Se dará respuesta a las personas que residen en régimen de alquiler y se han visto afectadas por la crisis provocada por el Covid-19, tratando de minimizar el impacto económico y social que la pandemia está causando en arrendatarios de vivienda habitual.
Concretamente, se otorgarán ayudas directas durante 6 meses para el pago completo del alquiler con una cantidad máxima de 600 euros mensuales.
Entre los requisitos exigidos para optar a las ayudas, se establece que podrán beneficiarse las personas físicas que, debido a la pandemia, se hayan quedado en paro o hayan sufrido un ERTE o, en el caso de ser empresarios, hayan tenido pérdidas de ingresos del 40 por ciento.
Asimismo que la unidad familiar no cuente con unos ingresos superiores a 1.613 euros brutos al mes, aumentando este límite si hay hijos en el domicilio o personas con discapacidad o enfermedad grave.
También se requiere que la renta del alquiler más los gastos y suministros básicos sea igual o superior al 35 por ciento de los ingresos de la unidad familiar y que el solicitante no sea titular de ninguna vivienda.
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