Los empleados de la Junta cobrarán en marzo la subida salarial del 0,5% con efectos desde 2023

La Junta de Extremadura hará efectiva en la nómina de marzo la subida salarial del 0,5% a los alrededor de 60.000 empleados públicos de la región, según ha avanzado este martes la portavoz del Ejecutivo autonómico, Victoria Bazaga.

Este incremento adicional del sueldo, respecto al vigente a 31 de diciembre de 2023, se abonará con carácter retroactivo a las cantidades correspondientes al ejercicio 2023 y lo que se lleva de 2024, y afectará al personal de la administración de la comunidad autónoma y de sus organismos autónomos.

Para ello, la Junta destinará 24 millones de euros y, según ha dicho Bazaga, con la medida se consolida el incremento salarial del 3,5% acordado con los sindicatos para este año. “Este gobierno quiere cuidar al principal activo de la administración, sus trabajadores públicos, y aprobamos esta subida salarial conscientes de la importancia de cumplir con la ley y la palabra dada”, ha expuesto la portavoz autonómica.

El Consejo de Ministros adoptó el 6 de febrero el acuerdo por el que se aprueba el incremento del 0,5% en las retribuciones del personal al servicio del sector público en aplicación de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, vinculándolo el incremento a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) nominal de aquel año.

“Si el incremento del PIB nominal igualaba o superaba el estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompañaba a la elaboración de la ley de Presupuestos, se aplicaría un aumento retributivo complementario del 0,5 por ciento”, ha recordado la Junta.

Operaciones de endeudamiento

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado de forma definitiva llevar a cabo operaciones financieras a corto plazo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para endeudarse por un importe total de 350 millones de euros, tal como autorizó a Extremadura el Consejo de Ministros el 12 de marzo.

Con estas operaciones se pretende “cubrir las eventualidades que durante el ejercicio se produzcan por los desequilibrios transitorios en Tesorería debidos a la diferencia de vencimientos entre los pagos y los cobros”, ha señalado el Ejecutivo regional.

Un procedimiento de endeudamiento a corto y a largo plazo al que acuden la mayoría de comunidades autónomas, según ha reseñado la Junta, destacando la autorización por parte del Consejo de Ministros para comunidades como Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares, La Rioja, Cantabria y Cataluña.

Asimismo, en materia de Hacienda se ha dado luz verde a la suscripción de un acuerdo para el intercambio de información entre las administraciones tributarias del Estado y de las comunidades autónomas. Su objetivo es “fijar las condiciones, procedimientos y alcance del acceso recíproco a las bases de datos” de las distintas administraciones tributarias estatal y autonómicas.

Todo ello para luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal y reforzar la eficacia en el desempeño de las competencias que tienen asumidas las administraciones, así como mejorar la asistencia a los ciudadanos y empresas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.