El sindicato ANPE va a impugnar la Mesa de Empleo Público celebrada el 23 de junio
El sindicato ANPE Extremadura ha anunciado que impugnará la Mesa General de Empleados Públicos celebrada el pasado 23 de junio que, ha dicho, queda “invalidada” al no haber sido convocados todos los miembros que la componen y, por tanto, “no ser válido ninguno de los acuerdos adoptados”.
En una nota, ha explicado que una reciente sentencia del TSJEX dictamina que FSES “no debe pertenecer a dicha mesa por no incluir a todos los sectores de los empleados públicos aunque reúna los requisitos por resultados electorales”, sentencia que “no es firme”.
FSES es una federación sindical de sanidad y educación formada por SATSE (enfermería), Cemsatse (médicos y enfermeros) y ANPE (enseñanza), para poder sentarse en las mesas de negociación junto a CCOO, CSIF o UGT
La Administración pública extremeña ha optado sin embargo por la no convocatoria de FSES para mantener “una irresponsable paz social con el resto de sindicatos de la Mesa, arriesgando la legalidad y seguridad jurídica de los acuerdos adoptados”.
Y lo que ANPE entiende “más grave”: “poniendo en peligro la Oferta de Empleados Públicos”.
Por ello, el sindicato espera que a “la mayor brevedad posible” se convoque “en forma y legalmente” dicha Mesa, pues “más allá de intereses partidistas sindicales y/o mala praxis de la Administración”, los empleados públicos tienen derecho a que “se salvaguarden sus puestos de trabajo, que nunca debieron ser puestos en peligro o susceptibles de ser recurridos”.
Oferta de profesores
Ha explicado que solo con posterioridad a ello y tras dotar de seguridad jurídica al proceso, negociará la Oferta Pública de Empleo (OPE) docente que sigue considerando “insuficiente”.
El sindicato ha recordado que se trata de 339 plazas, “145 de ellas ya pactadas y negociadas con anterioridad” y que ya en su día tildó de “insuficiente por no haber convertido las plazas funcionales que se hubiesen mantenido durante dos años en orgánicas”.
ANPE ha defendido que no ciñe sus actuaciones sindicales “a guerras ajenas a la vida diaria de los docentes y trabajadores extremeños, al rédito sindical o a intereses políticos” que pudieran perjudicar en un ápice los puestos de trabajos o condiciones laborales de los docentes.
En su opinión, la celebración de la Mesa General de Empleados Públicos del 23 de junio viene “a corroborar el desconcierto, descoordinación y actuaciones unilaterales de la Consejería de Hacienda y Administración Publica, en detrimento de los ciudadanos extremeños y de los empleados públicos de la Junta”.
