Trabajadores de una filial de Renfe protestarán en Mérida y Cáceres por sus condiciones laborales
Un centenar de empleados de la empresa LogiRail, empresa perteneciente al grupo público Renfe, están llamados a concentrarse este miércoles en el Centro de Competencias Digitales de Mérida, y en la estación de Cáceres, en protesta por sus condiciones laborales e inestabilidad en el empleo.
En el caso de Extremadura su inmensa mayoría son jóvenes que trabajan en esa filial de servicios logísticos -información al cliente, atención en estaciones, operaciones de seguridad en circulación- y que según el sindicato convocante, Comisiones Obreras, sufren las peores condiciones de trabajo del sector público ferroviario español que incluye Renfe y Adif.
Las concentraciones serán a las 12.30 de la mañana en la estación de Cáceres y a las 15.00 horas en el Centro de Competencias Digitales de Mérida que es donde se agrupa la mayoría (90 personas) de LogiRail en Extremadura.
La protesta tendrá lugar en otras 10 ciudades españolas: Madrid, Córdoba, Oviedo, Santiago (Coruña), Sevilla, Santander, Valencia, Málaga, Linares (Jaén) y Miranda de Ebro (Burgos).
4.000 afectados
LogiRail mantiene según Comisiones las peores condiciones laborales y salariales dentro del sector ferroviario público, hasta el extremo de tener que revisar continuamente las tablas salariales tras cada subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La empresa, que emplea a cerca de 4.000 personas, lleva años sin un convenio colectivo estable. El segundo convenio solo se publicó después de su denuncia, y el tercer convenio colectivo, firmado en noviembre de 2023, sigue sin publicarse, generando incertidumbre constante.
La oferta de empleo público presentada para 2024 es “claramente insuficiente” para reducir la alta temporalidad que afecta a gran parte de la plantilla, es necesaria una convocatoria urgente y suficiente que permita la consolidación real del empleo.
No se está llevando a cabo la progresión profesional de categorías, añade CCOO; la empresa estaría obligaciones legales básicas, al carecer de un Plan de Igualdad y de un Plan Anual de Formación, y tampoco existe un Comité General de Empresa, impidiendo una representación efectiva y organizada de los intereses de las personas trabajadoras.
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