La escuela extraordinaria
Ahora que empieza el año y que todo son buenos propósitos, que la alegría nos embarga y que todos hemos disfrutado de los seres queridos y nos planteamos nuevos retos, a mí me gustaría hablar del que considero el mayor reto que tiene la Educación (y nuestra sociedad misma) hoy en día: la escuela inclusiva.
La inequidad educativa en España ha aumentado: según la OCDE, entre 2003 y 2012 el impacto que el nivel socioeconómico tiene sobre los resultados educativos ha crecido un 24%. Y eso se debe a diferentes factores, pero sobre todo a los recortes de financiación y a todas sus derivadas: incremento de las ratios profesor/alumno, reducción de plantillas docentes (siendo especialmente significativo para el personal de apoyo como profesional de la educación social, psicología, trabajo social o la pedagogía), reducción de horarios de coordinación, flexibilización de las substituciones de personal, reducción salarial y pérdida de algunas prestaciones sociales, entre otras.
La educación inclusiva tiene que ver con cómo, dónde, por qué y con qué consecuencias educamos a todo el alumnado (Barton , 1988) y, por eso mismo, deberíamos empezar por superar el concepto de integración y, para ello es fundamental crear ciudades educadoras con políticas sociales activas, que inviertan en experiencias educativas no formales que eviten la desigualdad, que promuevan políticas laborales y en el sistema educativo que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral y la formación integral de las personas a lo largo de su vida. Necesitamos no sólo cambios normativos, sino una profunda transformación en la sociedad a distintos niveles, porque no disfrutar en igualdad de condiciones de la educación es una vulneración de los derechos humanos y, por ello, la equidad debe ser el elemento central en cualquier sociedad.
Debemos poner la diferencia en el centro mismo del debate, hablando de incluir en de integrar, promoviendo activamente la erradicación de cualquier tipo de discriminación y exclusión, reconociendo así el derecho a una educación democrática y de calidad. Y todo ello tiene que ver una nueva ley de educación, con una reforma educativa y con una transformación escolar que exige cambios fundamentales en el pensamiento educativo sobre el alumnado, en el currículo, la pedagogía y la organización escolar (Carbonell Sebarroja, 2016). Y en la implementación de esos cambios es esencial un cambio radical en la cultura docente, en los modos de enseñar y aprender y en el imaginario de los valores y concepciones educativas. Por ello, el profesorado debe ser el principal protagonista junto con los distintos especialistas que intervienen en el proceso educativo.
Considero que las diferencias encierran grandes oportunidades y, por ello, debemos aprovechar las innovaciones educativas para flexibilizar las situaciones de aprendizaje introduciendo nuevas variables metodológicas, invirtiendo más en los procesos que en los resultados, sobre todo en las áreas instrumentales (según recomienda y avala la investigación científica más actual) y desarrollando al máximo las capacidades de las personas. La diferencia, en este caso, no es una dificultad, sino una oportunidad y el motor del aprendizaje.
Sin embargo, la creciente moda evaluadora -con pruebas de todo tipo, con sus efectos explícitos o implícitos en la clasificación o rankings de centros- aumenta las exigencias sobre el alumnado para que suba la media de resultados; y en este contexto el alumnado con discapacidad se convierte en una incómoda amenaza. Sólo les refiero un ejemplo: es paradójico que el nuevo currículo promocione las inteligencias múltiples y el informe PISA tan sólo se fije en una o dos de esas inteligencias.
La comunidad educativa en particular y la sociedad en general muestran clara insatisfacción por los resultados educativos del alumnado, pero hay que tener claro que el fracaso escolar no un fracaso del alumnado, sino de la escuela como institución socialmente inclusiva. Pero, ¿cómo son los niños y niñas con los que el sistema fracasa? Según el informe de Save the children, de septiembre de 2016, “Necesita mejorar. Por un sistema educativo que no deje a nadie atrás”, el perfil de las personas que abandonan el sistema educativo sin la formación adecuada tiene cuatro caras. En primer lugar, se trata mayormente de niños varones con un bajo nivel de renta sociofamiliar de origen migrante y, en muchos casos, de minorías étnicas u origen extranjero, constituyen el grueso de aquellos que salen peor parados en sus estudios (En España el alumnado de nivel socioeconómico bajo obtiene 90 puntos menos en las pruebas de matemáticas de PISA que el alumnado de nivel socioeconómico alto). La cuarta característica asociada al fracaso escolar y al abandono escolar temprano es la discapacidad: La tasa de abandono escolar prematuro en 2008 para chicos y chicas con discapacidad era del 53,8%, mientras que para la población general era de un 31,5%.
¡Qué lejos estamos de que deje de hablarse de educación especial, de integración, de necesidades educativas especiales, de profesorado de apoyo fuera del aula, de adaptaciones curriculares! Porque entre lo que dicen algunas declaraciones, leyes y normativas, más o menos bien intencionadas, y lo que se prescribe y se hace en la realidad cotidiana de las aulas media un abismo. Las políticas y programas dirigidos a promover el éxito escolar de todos y de todas deben diseñarse desde la equidad educativa, e intervenir de forma sistémica y preventiva, no limitándose únicamente al rendimiento escolar del alumnado.
Para terminar, hago mías las recomendaciones que el informe de Save the Children propone. En primer lugar, se trata de desarrollar estrategias para atraer y retener al profesorado más preparado en las escuelas más desaventajadas, a través de la provisión de buenas condiciones laborales, articulación de mecanismos sistemáticos de apoyo institucional e incentivos para alentar la permanencia y estabilidad docente.
En segundo lugar deberíamos asegurar que los centros con mayor complejidad cuentan con profesorado adicional para la implementación de medidas inclusivas de atención a la diversidad en el aula.
También deberíamos garantizar la formación permanente, pertinente y de calidad del profesorado, especialmente en los centros de mayor complejidad, para asegurar que profesores y profesoras posean los conocimientos y habilidades necesarias.
Por último, es esencial crear redes de escuelas, con apoyo institucional, para reforzar las prácticas de apoyo mutuo e intercambio de intervenciones, y diversificar los perfiles profesionales que intervienen en los centros educativos, incluyendo en la plantilla a profesionales como educadores sociales, pedagogos, psicólogos o trabajadores sociales, entre otros.
Yo quiero para Extremadura esa escuela extraordinaria (en contraposición a las escuelas ordinarias -término que se usa mucho en Educación Especial-) en la que se practique la docencia compartida, los grupos sean flexibles, el profesorado y otros profesionales (formado para estas funciones) ajusten la enseñanza a los intereses y necesidades del alumnado y en la que no se discrimine al alumnado por capacidades, sexos, diversidad cultural, social. Apuesto, pues por un modelo de escuela abierta al exterior coordinando recursos y colaborando con todos los agentes y la comunidad educativa en un claro compromiso por la transformación social y educativa.
Yo propongo convertir las dificultades en posibilidades, porque aprender juntos en el marco de un sistema educativo unificado y no fragmentado, es la mejor forma de avanzar, al mismo tiempo, hacia la diversidad y la equidad. Porque, en definitiva, la educación inclusiva tiene que ver con una pregunta clave ¿qué se debe aprender en la escuela y qué modelo de ciudadano y ciudadana queremos formar?
