El alcalde de Guadiana propone querellarse contra Gallardo, tras una sentencia que desliga subvenciones, de memoria histórica
Antonio Pozo, alcalde de Guadiana del Caudillo en funciones, y que no repetirá por Vox tras haber sido derrotado en las elecciones municipales el pasado 26 de mayo, ha anunciado que en el primer pleno que pueda propondrá querellarse desde el Ayuntamiento contra el presidente de Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Gallardo, por haber ligado subvenciones a las localidades al cumplimiento de los dictámenes de la comisión provincial sobre el cumplimiento de la ley de memoria histórica.
Lo hace Pozo tras conocerse una sentencia de un juzgado de lo contencioso administrativo de Badajoz que anula el decreto en ese sentido del presidente de la Diputación, y que ha hecho que Guadiana, y la propia capital provincial, hayan perdido subvenciones de la institución provincial.
Según la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Badajoz, de fecha 5 de junio pasada, el comité de expertos nombrado por la Diputación provincial no es nadie para decir quién cumple o incumple la ley nacional de memoria histórica que ordena la retirada de vestigios franquistas, y además de eso el decreto de Miguel Gallardo –también alcalde electo de Villanueva de la Serena- supone una sanción que solo tendría sentido después de un expediente administrativo y la correspondiente resolución, cosas que no se han hecho.
Decisión nula
La sentencia del juzgado contencioso número 2 de Badajoz dictamina, a raíz de un recurso presentado por el Ayuntamiento pacense, que es nulo de pleno derecho el decreto del presidente de la Diputación de Badajoz, por el que se aprobaban las bases para la concesión de subvenciones del Plan Dinamiza Extraordinario 2018; a Guadiana le habrían correspondido 92.000 euros de ese plan, y 76.000 del actual 2019.
La sentencia es recurrible en vía de apelación.
Antonio Pozo, el alcalde franquista en funciones y al que le quedan ocho días en el cargo, propondrá al pleno municipal presentar contra Gallardo una querella por prevaricación, tras “haber abusado de este humilde pueblo y sus vecinos, y también, por haber utilizado de forma injusta, parcial y autoritaria, el poder de la Diputación para quitarnos las subvenciones, que ahora se demuestra, nos correspondían en su integridad”.
“La Justicia nos da la razón, aunque tarde”, pues Pozo entiende que el resultado electoral ha estado condicionado por las decisiones “arbitrarias” de Diputación.
Ese resultado “ya no se puede cambiar y lo aceptamos”, pero la sentencia demostraría que él “siempre he defendido los intereses de nuestros vecinos y por supuesto la voluntad, expresada en las urnas, de que nuestro pueblo siguiera llamándose Guadiana del Caudillo”.
