La Junta recorta un 36% el presupuesto para las ONG que trabajan con drogodependientes

Las ayudas de la Junta para las ONG que desarrollan programas de intervención con drogodependencias y conductas adictivas se han recortado en un 36 por ciento. La cantidad ha pasado de 560.000 euros a 875.000, según recoge esta misma semana el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Para muchas de estas asociaciones supone una “sentencia de muerte”. Llevan el mayor peso de la atención a drogodependientes en la región y sobreviven de las ayudas que reciben de la administración. Al mismo tiempo que se ha reducido el presupuesto, ha habido un incremento de enfermos que ingresan para tratarse de sus adicciones al alcohol, cocaína o heroína, según explican los profesionales de estos centros.

Las consecuencias de los recortes recaen sobre los profesionales. De hecho los trabajadores de las comunidades terapéuticas ya han vivido rebajas salariales y expedientes temporales de regulación de empleo. Otros llevan meses sin cobrar.

“Estamos asfixiados”

Muchos proyectos que han concurrido a la última convocatoria de subvenciones públicas de la Junta se han quedado fuera. El PSOE calcula que solo han sido autorizados el 40 por ciento de los proyectos presentados.

Una de las asociaciones afectadas es la Comunidad Terapéutica Casa Roja de Llerena. Juan Manuel Flores, uno de los trabajadores del centro, pone de manifiesto que la situación es “dramática”. Han presentado un nuevo proyecto a la última convocatoria y se ha quedado fuera de las subvenciones. A esto se une que el presupuesto que reciben de la administración regional ha pasado de 253.000 a 150.000 euros (el PSOE ha presentado una propuesta de impulso en la Asamblea de Extremadura solicitando una ampliación del presupuesto).

“Llevamos dos meses sin cobrar, y con la perspectiva de que no cobraremos hasta que termine el año”, lamenta Flores. Según explica, han tenido que negociar precios con proveedores, endeudarse y pedir ayuda al banco de alimentos para atender las necesidades de los 20 internos. El tratamiento directo e indirecto alcanza hasta a 2.100 personas.

Otra de las asociaciones que se ha quedado fuera de la nueva orden de subvención alerta también de sus problemas de sostenibilidad. En este caso ha atendido a eldiario.es uno de sus trabajadores, que insiste en permanecer en el anonimato para “no meternos en líos y quedar retratados con la administración”. Este profesional pide incluso que no se desvele la provincia en que trabaja su comunidad terapéutica, ni el número de usuarios que tienen, por miedo a que les identifique la Junta.

“Si fuéramos una empresa al uso ya habríamos echado el cierre”, señala este trabajador. Según comenta el dinero que reciben del Gobierno regional se ha reducido hasta en un 60 por ciento en los últimos años. Toca reinventarse. “Cada vez hay menos personal, y los que nos quedamos, reducimos al máximo. Ahora cualquier actividad que hacemos tiene que ser a coste cero”.