Luz verde a las ayudas de la Junta en materia de emigración y retorno

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto con las bases reguladoras de las ayudas de la Junta de Extremadura dirigidas a las comunidades extremeñas en el exterior y a sus federaciones, así como las destinadas a facilitar el retorno a la comunidad de los extremeños en el exterior y de sus familias.

En el primer caso, las ayudas están destinadas a financiar gastos de funcionamiento y de actividades de las citadas entidades, y su cuantía máxima individualizada será de 18.000 euros en el caso de las comunidades y de 20.000 euros en el de las federaciones.

En todo caso, según el decreto, el importe de gastos destinados para actividades siempre será, al menos, del 50% de la ayuda solicitada, tal y como recoge la reseña del Consejo de Gobierno.

De la segunda línea de ayudas podrán ser beneficiarios los extremeños en el exterior, de acuerdo con la definición del artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17 diciembre, de Estatuto de los Extremeños en el Exterior.

Éstos deberán haber residido fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura al menos durante los cuatro años anteriores a la fecha de su retorno y no podrá haber transcurrido más de un año desde su retorno a Extremadura.

Asimismo, deberán estar empadronados y tener residencia efectiva en algún municipio de Extremadura en el momento de presentar la solicitud y disponer de rentas o ingresos brutos que no superen los límites establecidos en el decreto.

La cuantía de la ayuda será de 1.500 euros, si bien ese importe podrá incrementarse cuando el solicitante acredite que la unidad familiar tiene la condición de familia numerosa o que alguno de sus miembros tiene algún grado de discapacidad igual o superior al 33%, ha sido víctima de violencia de género o víctima del terrorismo.

Por la concurrencia de cada una de estas circunstancias, que no son excluyentes, el importe de la ayuda se incrementará en 350 euros, por lo que la cuantía máxima de la ayuda podrá ascender hasta un máximo de 2.900 euros.

En otro orden de asuntos, y también en el marco del departamento de Presidencia, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se dispone el nombramiento de Paloma López González como integrante del Consejo de Administración de la empresa pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA).

López González sustituye a Amparo Monroy Sánchez, de acuerdo con la elección realizada por el pleno de la Asamblea de Extremadura.

Nuevas maestrías

El Consejo de Gobierno ha aprobado también el decreto por el que se acuerda la implantación, en la Universidad de Extremadura, de las enseñanzas para la obtención de los títulos de máster en Gestión de la Información en Redes Sociales, de los Productos Digitales en Internet y en Biomedicina y Salud.

De acuerdo con la normativa vigente, la Universidad de Extremadura ha elaborado los planes de estudios de los títulos que se especifican en este decreto, los cuales, han sido verificados por el Consejo de Universidades de forma positiva, previa evaluación favorable de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha acordado designar como representante de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo a la directora general de Formación para el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, Carmen Castro.

Esta fundación viene a sustituir a la anteriormente denominada Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y está constituida por la Administración General del Estado, por las comunidades autónomas y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Prevención del fuego en Monfragüe

Por otra parte el gobierno extremeño ha autorizado la prórroga del convenio de colaboración suscrito con el organismo autónomo Parques Nacionales por el que esta entidad pone a disposición de la Junta medios para la detección y extinción de incendios forestales en el Parque Nacional de Monfragüe y en los Montes de Granadilla.

De este modo, se da continuidad al acuerdo suscrito en mayo de 2015, en el que también se establecen los procedimientos operativos de actuación.

En virtud de ello, el organismo autónomo Parques Nacionales prevé desplegar durante la campaña de 2016 los mismos medios que se incluyeron en el convenio del año pasado.

Por otro lado, dentro también de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, el Ejecutivo ha aprobado el decreto por el que se declara Área Privada de Interés Ecológico la dehesa de Valdepajares del Tajo, situada en el término municipal de Peraleda de la Mata, con una superficie de 256 hectáreas y próxima a la zona de especial protección de aves (ZEPA) del embalse de Valdecañas.

Con ello se da respuesta a la demanda formulada a mediados de 2014 por la sociedad propietaria del paraje, que solicitó esta catalogación en atención a sus valores naturales y con el objetivo de mejorar, conservar y proteger la dehesa y los hábitats asociados y su biodiversidad.

Esta declaración va acompañada de un plan de gestión en el que se recogen algunas de las actuaciones a las que se compromete la propiedad de la finca, entre ellas, el arreglo de tejados e instalación de nidos artificiales, la mejora de las poblaciones de conejo, la instalación de cerramientos temporales para la protección de nidos y la creación, restauración, protección o aumento de complejidad del bosque de ribera y del sotobosque de matorral noble mediterráneo.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a suscripción de una addenda al convenio interadministrativo de cooperación entre las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres y la Junta de Extremadura sobre el fomento de agrupaciones para el sostenimiento en común de un puesto de Secretaría e Intervención.

De este modo se actualiza la financiación por parte del Gobierno regional -que aportará 76.703 euros en 2016- para el mantenimiento de estos puestos que son compartidos por los municipios.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula las atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, así como la organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Este texto se justifica por las diferentes modificaciones normativas de suelo y ordenación territorial que se han producido en relación con las competencias atribuidas a las administraciones regional y local, y también por las reestructuraciones de los distintos departamentos de la Junta.

El objetivo es conseguir una mayor agilidad y seguridad jurídica en la toma de decisiones, junto con una adecuada identificación de los diferentes sectores e intereses implicados en la vertebración y el diseño urbanístico, así como lograr una mayor coordinación, transparencia y participación en los aspectos que inciden directamente en el territorio y que afectan a los ciudadanos.