Almendralejo arranca su sexto año consecutivo con presupuestos prorrogados
El Ayuntamiento de Almendralejo comienza el 2017 con sus cuentas prorrogadas por sexto año consecutivo. Así lo ha decidido el equipo de gobierno del popular José García Lobato, que trabajará nuevamente con unos presupuestos aprobados en 2010 por el entonces ejecutivo socialista.
Ello a pesar de que el gobierno de García Lobato goza de mayoría absoluta desde que aterrizó en el consistorio extremeño en 2011, una mayoría que ha revalidado en su segunda legislatura, cuando incrementó su número de concejales hasta los 12 de los 21 de la corporación.
Se da la circunstancia de que el presupuesto municipal de 2010 con el que ha venido trabajando hasta ahora y con el que seguirá un año más estuvo elaborado por un gobierno del PSOE, encabezado por José María Ramírez y que fue aprobado cuando García Lobato ni siquiera formaba parte de la corporación municipal.
Ese presupuesto era de 37 millones de euros de gastos, el más elevado de la historia de este ayuntamiento, mientras que en 2015 los gastos de este consistorio fueron de 25 millones, según datos facilitados por el Ministerio de Hacienda.
Críticas de la oposición
El único partido de la oposición, el PSOE, ha criticado en reiteradas ocasiones el desinterés del García Lobato por hacer unos presupuestos propios. Así, su portavoz, Piedad Álvarez, recuerda que es “preceptivo por ley” hacer unos presupuestos y recuerda que hay varias sentencias judiciales que condenan a los mandatarios que se han negado a ello.
El motivo que esgriman es que el gobierno local pretende ocultar la deuda de 30 millones de euros y, a la vez, no dar a conocer “en qué y en dónde se gastan el dinero del pueblo”.
Otros partidos políticos, aunque no tienen representación municipal, han expresado sus críticas al gobierno popular por este hecho. Izquierda Unida, que hasta esta legislatura ha formado parte de la corporación, apunta que “es importante actualizar las partidas y solucionar ese problema”, en declaraciones de su coordinador local, Santiago Fernández.
Por su parte, Ciudadanos considera que cuando un gobierno, con mayoría absoluta, no aprueba presupuestos del Ayuntamiento, “incumpliendo una obligación legal, con pretextos variados (que no sirven para ningún ayuntamiento de España), y tratando de hurtar el debate político presupuestario, supone un auténtico fraude de ley”.
Apuntan que “no hay razón suficiente para ello” y consideran que “es una clara decisión política del alcalde de negarse a elaborar un proyecto presupuestario”.
“Sería necesario analizar si no se está incurriendo en alguna figura delictiva”, porque negarse a cumplir una obligación legal, dicen, acudiendo a una previsión de prorrogar un presupuesto que aparece en la ley para casos excepcionales, pero que en ningún caso cabe utilizarlo para hacerlo norma durante 6 años, “camino de dos legislaturas completas”.
Desde Podemos Almendralejo aseguran que no llegan a comprender que se siga sin presupuestos, “a pesar de sus amplias mayorías absolutas y con cero oposición de los partidos que han estado o están representados” en el Ayuntamiento. Califican de “inaudito” que por sexto año un ayuntamiento “siga en este despropósito lamentable”. Se preguntan sin al gobierno del PP les parece que la ciudad sigue teniendo las mismas, o incluso menos, necesidades que años atrás.
A la formación morada “le empieza a parecer esto una broma, no sabemos si decir macabra o de mal gusto”, ya que entienden que “la dejadez es total por parte de este equipo de gobierno” Sospechan que “todo es debido al nivel altísimo de deuda” del Consistorio y acusan al gobierno local de tener “opacidad de las cuentas públicas”.
Subrayan que sin unos presupuestos actualizados es imposible saber las partidas de gastos, como la creación de empleo o los derechos sociales, “que son en definitiva las preocupaciones principales de los almendralejenses”.
Desde el equipo de gobierno han declinado hacer declaraciones públicas a Efe sobre esta decisión. Sin embargo, el alcalde justificó esta medida, hace varias semanas, en la “inestabilidad política” del Gobierno central y también de la Administración extremeña.
