La Comisión de Industria del Congreso buscará subrogar o cambiar el titular de la mina Aguablanca
La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados debatirá el próximo 29 de marzo una proposición no de ley, presentada por el PSOE, en las que se instará al Ministerio de Industria a acelerar los trámites de subrogación o de cambio de titularidad de la mina de Aguablanca.
La iniciativa socialista ha sido anunciada en el marco de un encuentro de trabajo entre una delegación de empleados de la mina de Monesterio y representantes del Grupo Socialista.
Además de con el PSOE, la delegación de los mineros ha celebrado reuniones en el propio Congreso con diputados y diputadas del PP, Podemos, IU y Ciudadanos (C's).
Declaración de Impacto Ambiental sin fecha
En sus encuentros con socialistas y con Podemos, los trabajadores han trasladados la necesidad de que se ponga plazo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para facilitar que una nueva empresa se interese por la mina.
Podemos se ha comprometido a buscar un consenso con los otros grupos políticos para tratar de evitar el cierre de la explotación, que podría afectar a más de 400 personas, entre empleos directos e indirectos. La diputada de Podemos por Badajoz, Amparo Botejara, ha anunciado que van a intentar consensuar con otros partidos una proposición no de ley para que no se desmantele la mina y que se agilice la declaración de impacto ambiental para poder continuar con las extracciones.
Botejara ha confiado en que esta iniciativa salga adelante en un plazo aproximado de un mes. Además, ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que van a hacer “grandes esfuerzos” para conseguir otra empresa que se haga cargo de la explotación tras la salida de la empresa Lundig Mining.
Evitar el cierre
El presidente del comité de empresa de la mina, Eloy Sánchez, ha afirmado que Podemos les ha mostrado su apoyo y ha dicho que van hacer “todo lo que esté en su mano” para evitar el cierre.
El pasado 11 de marzo la compañía Lundin Mining y el comité de empresa de la mina firmaron un preacuerdo que establece las condiciones de despido de la plantilla a partir del 1 de julio, entre ellas, una indemnización de entre 33 y 45 días por año trabajado si finalmente llega a materializarse el cese de la explotación.
