El Congreso pide la declaración de impacto ambiental de Aguablanca antes del 30 de abril
La Comisión de Industria del Congreso ha pedido al Gobierno por unanimidad que presente antes del 30 de abril la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para que la mina Aguablanca de Monesterio no cierre y siga siendo rentable.
Los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos-En Comú, Podem-En Marea, Ciudadanos, el Grupo Mixto y Democracia i Libertad (DiL) han pactado una enmienda, que ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios, para evitar el cierre de este yacimiento, que afecta a 400 empleos directos e indirectos, y con el fin de que el nuevo Ejecutivo utilice de forma urgente todos los instrumentos de la legalidad vigente.
La diputada socialista María Soledad Pérez ha explicado que el informe de impacto ambiental debería estar listo antes del 30 de abril con el objeto de que en los dos meses posteriores, antes de que sea definitivo el ERE de extinción de la mina, “se pueda trabajar para que una nueva empresa se haga cargo de la explotación de la mina”.
Ha recordado que es una empresa que tiene beneficios y ha lamentado que la reforma laboral aprobada por el PP pueda hacer que cierre y deje sin empleo a casi 400 trabajadores que suponen salarios por un total de unos 17 millones de euros.
El diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha defendido que “lo primero es que las familias de mineros puedan llevar su pan a casa” y ha criticado que multinacionales extranjeras decidan deslocalizar sus plantas y dejar en el paro a cientos de familias.
Desde Ciudadanos, Irene Rivero ha dicho que el cierre supondría un gran impacto social ya que no hay otra industria que sustituya los puestos de trabajo de la mina de Aguablanca.
Sin embargo, la diputada del PP María Teresa Angulo ha dicho que la iniciativa socialista sólo se dirige a culpabilizar al gobierno central y también es necesaria la implicación directa de la Junta de Extremadura y de todas las administraciones y corporaciones municipales.
Abandonar y cerrar la mina
La empresa Río Narcea, filial de la multinacional canadiense Lundin Mining, que explota el yacimiento, ha decidido abandonar y cerrar la mina a pesar de que en septiembre habían anunciado que continuarían la extracción de mineral existente en las galerías subterráneas, una vez agotados los recursos en superficie.
Para llevar a cabo este proyecto, en el que se estima una producción de casi 3,2 millones de toneladas de níquel y una vida útil de unos tres años, la empresa presentó la correspondiente solicitud de declaración de impacto ambiental ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que está pendiente de ser aprobada. La explotación minera afecta a la zona sur de Extremadura, al norte de Huelva, Sevilla y especialmente a los municipios de Monesterio, el Real de la Jara y Santa Olalla de Cala.
