La nueva ley del suelo permite regular las casas de campo ‘alegales’ y nuevos usos rústicos

El Proyecto de Ley regional de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de (LOTUS) permitirá que la mayor parte de la superficie regional quede 'disponible' para su uso empresarial sostenible, así como la regularización de viviendas rústicas ‘alegales’.

Con esta norma, que ya ha iniciado su trámite en la Asamblea de Extremadura, la mayor parte de la superficie de la Comunidad podrá ser usada, “con las lógicas excepciones por ser zonas inundables o lugares de alta protección ambiental”. Incluso en el suelo rural, el rústico, la nueva ley entiende que es compatible con el turismo, el ocio, las energías renovables, la agroindustria y la economía verde y circular.

Los ayuntamientos podrán dar directamente licencias en suelos rústicos, cumpliendo una serie de requisitos. Se trata de una norma que simplifica de manera “espectacular” los procedimientos, hasta el punto de que hay cuestiones que antes requerían hasta veinte trámites y ahora podrán resolverse con uno o dos, destaca la Junta.

Regular viviendas 'alegales'

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, aclara que “no se va a legalizar lo que es ilegal”, sino los asentamientos en suelo rústico. Siempre con planes periurbanos y con el aval del Consejo de Estado. El objetivo del nuevo texto es que, pasen de ser ilegales, a estar en regla. 

Justifica que regularizar la situación de viviendas supone según una demanda social, sobre todo en los grandes municipios. “Que nadie se lleve al error de pensar que con esta ley se va a legalizar todo lo que está ilegal. Se va a regularizar todo aquello que se pueda regularizar en asentamientos rústicos, avalado por el Consejo de Estado”.

Asentamiento rústico, no urbano

Estos asentamientos no serán urbanos, se podrán regularizar como asentamiento rústico. No se podrá reclamar a los ayuntamientos medidas como la instalación de colegios y otros servicios generales, porque no es suelo urbano. 

Se exigirá en todos los asentamientos planes periurbanos de prevención y extinción de incendios. Tienen que tener zonas en las que, ante un hipotético incendio, puedan discurrir los camiones de los bomberos.

Son los grandes municipios los que tienen mayor interés en que se apruebe el texto, porque son los que tienen los mayores núcleos de casas de campo en condiciones “alegales y extrañas”. En el momento que se redactaba la ley, con el anteproyecto, los ayuntamientos de Cáceres, Badajoz, Mérida o Don Benito “han estado muy partidarios de este modelo, porque lo único que hace, y lo hace de verdad, es dar una contestación de muchos años de problemas urbanísticos”.

La responsable de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio pone de manifiesto que “habrá algunos que no puedan ser regularizados porque estén en zonas de especial protección”. “Pero aquellos que no tengan un problema de impacto ambiental complicado pueden ser regularizados a través de un plan especial”.

Lo harán dentro de los planes generales municipales de aquellos municipios de más de 50.000 habitantes, y de los planes territoriales para los menores de 50.000 habitantes.

Urbanismo, medio ambiente y agricultura

El pasado martes el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley, que sustituirá a la ley en vigor, de 2001. Es una norma en la que se unen “el urbanismo, el medio ambiente y la agricultura”. Se trata --dice la consejera-- de simplificar los trámites en el desarrollo de los proyectos económicos, sobre todo los agroindustriales.

Se incorpora por primera vez en el país la perspectiva de género, ya que en esta cuestión han trabajado y trabajan intensamente muchas mujeres cualificadas. En opinión de García Bernal el borrador de ley es “un ejemplo sencillo, moderno y flexible para el crecimiento de Extremadura”, todo para “aprovechar el extenso territorio, unos 42.000 kilómetros cuadrados”. A su juicio es 'absurdo' que en esta extensión la población encuentre numerosos problemas burocráticos para abrir empresas, entre ellas las agroindustriales, turísticas y de la economía verde y circular.

Ha explicado que ha habido “una espectacular participación” en la elaboración del texto legal ya que se han efectuado 55 encuestas técnicas on-line, otras 255 municipales entre los responsables municipales y una entrevista con la Federación regional de Municipios y Provincias (FEMPEx). Se han estudiado 484 alegaciones y ha habido tres reuniones con la patronal empresarial con los sindicatos. Esto es, a su juicio, un ejemplo de participación de la sociedad de la Comunidad Autónoma desde el pasado mes de enero.