La Junta transfiere 15 millones a 166 ayuntamientos para que asuman al fin los planes antiincendios obligatorios desde 2004
La Junta de Extremadura aprobará este martes en Consejo de Gobierno un decreto-ley con 15 millones de euros en subvenciones directas, cinco más de los previstos inicialmente, para que 166 ayuntamientos ejecuten sus Planes Periurbanos de Prevención de Incendios (PPPI). Con esta transferencia directa, el Ejecutivo autonómico busca desbloquear una obligación legal vigente desde 2004 que la mayoría de los consistorios extremeños no había podido asumir por falta de capacidad presupuestaria.
La norma, impulsada por la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Interior y Emergencias, recoge en un anexo la cuantía exacta que recibirá cada municipio, calculada en función de la superficie de actuación estimada por el servicio de prevención del Plan Infoex. El objetivo es intervenir en la franja de terreno donde se unen las viviendas y el monte (un radio de 400 metros alrededor del casco urbano en las localidades situadas en Zonas de Alto Riesgo (ZAR) y de 200 metros en el resto) para reducir la carga de combustible vegetal antes de que comience el verano.
Según ha detallado el consejero del ramo, Abel Bautista, el traspaso de la gestión a los ayuntamientos responde a la necesidad de “simplificar el procedimiento y hacerlo más ágil”, evitando los cuellos de botella administrativos de la tramitación autonómica. De este modo, el Ejecutivo pretende que los trabajos se ejecuten durante la actual época de peligro bajo y estén finalizados cuando arranque la campaña de peligro alto, prevista para el mes de junio.
Prioridad para las Zonas de Alto Riesgo y áreas castigadas en la última década
El reparto de los 15 millones concentra el 90 % de los beneficiarios en las áreas más vulnerables de la región. De los 166 municipios seleccionados, 150 forman parte de alguna de las 14 Zonas de Alto Riesgo de incendios forestales declaradas en Extremadura. Los 16 consistorios restantes entran en el decreto por haber registrado grandes incendios forestales en los últimos diez años, según los datos del Registro de Áreas Incendiadas (RAI) del Plan Infoex. Asimismo, se ha tenido en cuenta que las localidades tuvieran su plan periurbano aprobado, en fase de revisión o a punto de iniciarla.
Las partidas permitirán financiar tanto trabajos de desbroce y fajas auxiliares como infraestructuras defensivas permanentes, entre ellas cortafuegos, pistas forestales y puntos de agua. El propósito operativo de estas actuaciones es restar fuerza y velocidad de propagación a las llamas en el momento en que se aproximan a los núcleos habitados, protegiendo las viviendas y facilitando posibles confinamientos o evacuaciones con mayor margen de seguridad.
El precedente de Sierra de Gata y Las Hurdes
Durante los últimos dos años, ante la incapacidad financiera de los pequeños municipios para cumplir con la ley de 2004, ha sido la propia Junta la que ha asumido de manera directa la ejecución de los planes periurbanos en 39 núcleos de población de Sierra de Gata y Las Hurdes. Desde la Administración autonómica subrayan que varias de estas franjas preventivas resultaron determinantes durante el incendio declarado en Pinofranqueado el pasado mes de agosto, al frenar el avance del fuego hacia las casas.
Con el nuevo decreto-ley, el Gobierno regional cambia el modelo de intervención delegando la contratación en los propios ayuntamientos, una fórmula que, según apunta Bautista, permitirá además inyectar liquidez directa en las empresas forestales extremeñas encargadas de ejecutar las obras. En el conjunto de la comunidad autónoma existen 213 municipios integrados en las 14 Zonas de Alto Riesgo (148 en la provincia de Cáceres y 65 en la de Badajoz), que suman 1,5 millones de hectáreas (el 37 % del territorio regional), de las cuales el 83 % corresponde a superficie forestal.
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