Los jueces obligan al alcalde de Almendralejo a informar a la oposición
Una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida da la razón al Grupo Municipal Socialista de Almendralejo y obliga al Gobierno local a facilitarles de la información solicitada; la sentencia aún no es firme y puede ser recurrida.
La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha dado a conocer la sentencia, que obliga al equipo de José García Lobato, del Partido Popular, a proporcionar a la oposición la información que había solicitado en noviembre de 2015 sobre el dinero gastado por el Ayuntamiento en medios de comunicación durante ese año.
No obstante, la información solicitada entonces, que tuvo que ser reclamada judicialmente ante el silencio respecto al recurso de reposición presentado por los socialistas, le fue entregada a finales de 2016 en lo que Álvarez ha tachado de maniobra para anticiparse a una posible sentencia en contra del Ayuntamiento.
Según la documentación entregada hace pocos meses, el Gobierno de García Lobato se gastó en 2015 más de 95.300 euros en medios de comunicación.
El 93% a tres medios
El 93 por ciento del total fue a tres medios: Antena Regional (Cope Almendralejo), TV Almendralejo y Editorial Extremadura, mientras que el resto de medios se repartió el siete por ciento restante.
Álvarez ha exigido que sea García Lobato y su equipo de concejales los que abonen el dinero de las costas judiciales, que estima en más de 3.000 euros, para que no lo tengan que pagar todos los almendralejenses, incluidos los socialistas, por haberse negado a facilitar la información a los concejales de la oposición, “un derecho constitucional”.
Dado que la sentencia, que tiene fecha del pasado 2 de marzo, no es firme, los socialistas han exigido que no se recurra a apelación, puesto que ello supondría, en su opinión, incrementar los gastos judiciales.
La portavoz socialista augura que a partir de ahora “cambiarán las cosas” en el Ayuntamiento y no cree que el alcalde siga negando información, tras esta sentencia.
Ha advertido de que la documentación facilitada a finales de 2016 es la única contestación que han tenido al “más del centenar” de peticiones realizadas desde que García Lobato gobierna.
